Comisión del Senado inicia estudio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que podría convertirse en ley durante las sesiones de junio

La Comisión de Industria de la Cámara de Senadores comenzó a discutir el miércoles 12 el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya tiene media sanción de Diputados. En la bancada del Frente Amplio se espera que el debate en la asesora legislativa se prolongue hasta el mes de mayo e ingrese de inmediato al plenario para su aprobación durante el mes de junio.

El jueves 13 una delegación de la Coalición por una Comunicación Democrática se reunió con el senador Daniel Martínez, presidente de la comisión que tratará el proyecto. El legislador del Frente Amplio manifestó que los integrantes de esa comisión acordaron dedicar todos los miércoles venideros al tratamiento del proyecto.

El legislador dijo que espera un trámite ágil del proyecto de ley, aunque todavía no se conoce la cantidad de delegaciones que solicitarán ser recibidas nuevamente por el Senado. La Coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la aprobación de la ley se reunirá en los próximos días para definir una estrategia de incidencia en esta segunda etapa.

Varios integrantes del oficialismo adelantaron que está previsto que el Senado realice modificaciones al texto aprobado por Diputados, por lo que deberá volver a la primera cámara para la sanción definitiva.

Uno de los temas que será nuevamente abordado en el Senado tiene que ver con la autoridad de aplicación de la LSCA, ya que el texto aprobado en primera instancia eliminó al Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) y dejó la implementación y control de la ley en manos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

Esta fue la “solución” que se encontró para no violentar la prohibición constitucional de crear nuevos cargos en los doce meses previos a la elección nacional. La Coalición por una Comunicación Democrática manifestó públicamente su preocupación por la decisión de retirar del texto de la futura LSCA la figura institucional del Consejo de Comunicación Audiovisual y entregar todas esas competens a la URSEC, un órgano que no cumple con los estándares de independencia y autonomía del Poder Ejecutivo.

Si bien es cierto que la Constitución de la República, prohíbe al Parlamento crear cargos en los 12 meses anteriores a las elecciones, nada impide que en el marco de una ley integral como la que refiere a los servicios de comunicación, se establezca la creación de un organismo encargado de aplicar la nueva legislación. De hecho, algo similar paso en la anterior legislatura con la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

La bancada del Frente Amplio reafirmó en los últimos días su compromiso de volver a la idea de un CCA como organismo independiente y adecuar la ley que se aprobará en el parlamento a los estándares internacionales en materia de regulación de medios de comunicación.

La idea es que el CCA sea un órgano independiente desconcentrado del Ministerio de Industria, Energía y Minería y que sus cinco integrantes sean designados por el parlamento, en un mecanismo similar al utilizado para la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Su función será la de “proponer, implementar, monitorear y fiscalizar” el cumplimiento de las políticas en la materia.

El diputado frenteamplista Carlos Varela dijo el viernes 14, durante la presentación del informe “Trazando un mapa de los medios digitales: Uruguay”, que “el Senado va a votar en poco tiempo” el proyecto porque “es una señal de hacia dónde queremos ir. Si esta ley se frustrara se frustrarían muchas cosas; se frustrarían intenciones reales de cambiar la forma de cómo el poder está distribuido en la sociedad, del cual los medios de comunicación son un instrumento y una parte sustancial”.

Varela, quien presidió la comisión que trató el proyecto en la Cámara de Representantes, agregó que si se aprueba en el Senado el texto tal como está el trabajo no estará terminado ya que “los plazos legales hicieron que modificáramos algo que no nos dejó conformes, no era la ley que queríamos votar, y fue el órgano regulador. Nosotros comenzamos el trabajo cambiando lo que el Poder Ejecutivo nos había enviado que era un órgano regulador excesivamente ligado al poder político de turno y no nos parecía correcto. En ese sentido hubo una coordinación con el Ejecutivo para modificarlo –y acá hubo ayuda de la Coalición por una Comunicación Democrática– buscando un ámbito que fuera lo más independiente posible al poder político”.

El legislador admitió que el plazo legal que señala la Constitución obligó a la bancada del oficialismo a “retroceder” en la creación del nuevo órgano regulador pero “hay un compromiso del Frente Amplio de que, apenas el marco constitucional lo permita, volver al proyecto que habíamos elaborado. Así que vuelvo a reafirmar el compromiso de que eso se va a modificar para establecer las garantías para todos de que la discrecionalidad no tenga ninguna posibilidad de campear en el campo de los medios de comunicación”.

Otros cambios

A la incertidumbre sobre el destino del órgano de aplicación de la LSCA también se suman otros aspectos de la puesta en vigencia de la ley. Entre ellos se encuentra la forma en que los medios de comunicación se adecuarán a los nuevos parámetros en materia de concentración. El texto que se aprobará establece que las empresas tendrán un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de la ley para tomar las medidas empresariales necesarias para deshacerse de aquellas frecuencias que excedan lo permitido por ley.

Este plazo correrá a pesar de que todavía no esté conformado el CCA, que será integrado recién durante el próximo período de gobierno. De todas formas, los medios podrán iniciar de manera voluntaria el cumplimiento de las nuevas disposiciones legales aunque no haya en los primeros meses una autoridad de aplicación. Algo similar pasaría con las sanciones que podrían aplicarse a los medios de comunicación por eventuales violaciones a los derechos de distintos grupos vulnerables, ya que no se aplicarían mientras no se conforme el CCA.

Debido al fuerte rechazo que generó la ley entre representantes de la oposición política y empresarios de la comunicación –que insisten en que la LSCA es un intento de afectar la independencia de la prensa en un año electoral– es posible que luego de su aprobación se presenten recursos de inconstitucionalidad que pretendan evitar su aplicación. Por ese motivo en el gobierno también se piensa en incluir en el texto una disposición a fin de que los conflictos en ese sentido sean derivados al Poder Judicial de forma de descartar cualquier sospecha de injerencia del Ejecutivo en el sistema de medios. 

 Coalición por una Comunicación Democrática