(por Roger Rodríguez)  Mientras seguimos por televisión, radio, prensa, web y twitter lo que pasa (o lo que nos dicen que pasa) en Venezuela o Ucrania, en nuestro Uruguay se tejen y manejan situaciones que también tocan en forma muy delicada a la propia institucionalidad democrática. 

La reunión del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, con el presidente José Mujica, no trató solamente el caso del desplazamiento de la jueza Mariana Mota o el tema de los salarios de los magistrados. Hubo otros temas en esa agenda.

Hoy se supo que los ministros de la SCJ desestimaron el recurso de inconstitucionalidad que contra el delito de "abuso de funciones" habían interpuesto el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el aún presidente del BROU, Fernando Calloia.

Ambos quedaron ahora vulnerables ante la acusación del fiscal Juan Gómez, quien había pedido el procesamientos de los dos por el caso Pluna, pero la decisión judicial estaba pendiente desde antes de la feria judicial ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Gómez llegó a su cargo en sustitución del fiscal Ricardo Perciaballe, desplazado (como Mota) de los juzgado en crimen organizado. También fue quien había ordenado la liberación de la ex policía María Lemos en el caso de los vinos que mataron a Cecilia Fontana de Heber. Gómez ocupa hoy la presidencia de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.

La SCJ también habría decidido luego de la feria judicial otro tema que aún no ha trascendido oficialmente: el rechazo de una decisión del Tribunal de Apelaciones de Primer Turno (integrado por los jueces Sergio Torres, Alberto Reyes y Rolando Vomero) en el caso Aldo Perrini, asesinado en Colonia en 1974.

Los tres reconocidos magistrados del tribunal de alzada habrían opinado que la jueza Beatriz Larrieu (sustituta de Mota) debía continuar la indagatoria sobre el homicidio que implica al general (r) Pedro Barneix, cuyo procesamiento con prisión ya fue solicitado por la fiscal Ana María Tellechea.

Si se confirma, la acción de la Suprema Corte de Justicia (de la que todavía no han sido informados el juzgado ni la fiscalía) implicaría una inaudita lesión a la institucionalidad (ya bastante maltratada) del Poder Judicial uruguayo.

La paralela situación de Lorenzo y Calloia por el caso Pluna por un lado y, por otro, del general Barneix (autor del falso informe sobre desaparecidos a Tabaré Vázquez y a quien protegen logias de la Masonería) en el caso Perrini, también habría sido tratada en la reunión Larrieux y Mujica.

Habrá que esperar para saber si la institucionalidad uruguaya mantiene su geométrica separación de poderes y en la reseñada situación, dos casos paralelos se mantienen separados en forma equidistante, para que no se junten... ni se manoseen.

(Foto de Pablo Nogueira tomada de La Diaria)