Aldabalde recordó que los comicios son de carácter obligatorio para los 2.200.000 habilitados en todo el país —entre los que se incluyen trabajadores, jubilados, pensionistas y unas 450.000 empresas—, por lo que instó a revisar el padrón publicado por la Corte Electoral para conocer el orden de votación y evitar el pago de multas.

Al fundamentar las razones por las cuales el empresariado de Soriano y de todo el país debería respaldar su propuesta, Aldabalde remarcó que existe solo una lista competidora en el orden empresarial, la cual representa a las "grandes gremiales del país" y ha integrado el directorio durante 20 años. En ese sentido, sostuvo que de esa trayectoria se puede evaluar "todo lo que hizo por las empresas y lo que no hizo, o lo que votó y lo que no votó". En contraposición, se definió como la opción de "cambio a esa estructura", dando continuidad a la línea de trabajo iniciada por el actual director José Pereira. Aldabalde enfatizó que se trata de ejercer una gestión con "pie en tierra y no desde la comodidad del quinto piso del Palacio de la Previsión Social", asegurando que por esa razón, si fuera una Pyme, estaría votando por su candidatura y no por la lista alternativa.

En cuanto a las prioridades operativas, el candidato detalló tres grandes reclamos recogidos del sector productivo. En primer lugar, abordó la problemática de las certificaciones médicas, señalando que generan un costo anual para el BPS de "más de 250 millones de dólares por año, dinero que se lo sacamos a quienes realmente tienen que recibirlo, que son los pensionistas y los jubilados". Por ello, reafirmó su compromiso de dar seguimiento a los proyectos vigentes para que la atención sanitaria sea tratada "como corresponde".

Como segundo eje, Aldabalde denunció la existencia de una "usura del Banco de Previsión Social cuando uno tiene un atraso en el pago de sus obligaciones", explicando que dicho mecanismo transforma una pequeña deuda en una "gran bola de nieve que se hace imposible de parar", situando hoy a unas 60.000 empresas registradas en una condición de morosidad o irregularidad. Ante este panorama, ratificó la necesidad de promover iniciativas parlamentarias que otorguen soluciones reales a los pequeños emprendimientos.

Finalmente, al analizar la problemática del comercio informal, el postulante sostuvo que "hay que ser muy severo con la informalidad, pero tenemos que ver cuáles son las causas que llevan a la existencia de la informalidad". Explicó que, además de las deudas acumuladas con el organismo, muchos emprendedores comienzan a trabajar de forma irregular y, al momento de querer formalizarse, constatan que los costos requeridos por los organismos públicos resultan "altísimos en relación a los beneficios que va a tener", lo que genera un desincentivo estructural que debe ser corregido desde la gestión del BPS.