Estuvimos averiguando sobre el estado real del Plan de Dignidad Laboral Intramuros creado en el marco de la Ley 19.996, pensado para la Unidad N.º 24 de Pense, y lo que encontramos es que, en los hechos, no está funcionando. Y creo que vale la pena decirlo con el contexto que corresponde: no es un caso aislado. Desde el restablecimiento de la democracia en este país se crearon más de una decena de planes de seguridad distintos, muy poco complementarios entre sí, y algunos ni siquiera lograron continuidad dentro de un mismo signo político. Que cada gobierno cambie de plan de seguridad cada cinco años es una señal preocupante. Cabe preguntarse si el problema es que ningún plan funciona, o si el problema es que nunca les damos tiempo ni continuidad para que funcionen.
Y sin embargo, en medio de esa dispersión, encontramos algo concreto que sí existe y que hoy está desaprovechado. El Banco de Previsión Social tiene, desde 2022, un régimen reglamentado y funcionando para emprendimientos productivos de personas privadas de libertad, promovido justamente por el Plan de Dignidad Laboral: la persona presenta un proyecto productivo, lo aprueba el INR, y el BPS recibe un aporte social único que se paga en forma progresiva (25% el primer año, 50% el segundo, 75% el tercero) cubriendo jubilación y salud. Esto está tan incorporado a la institución que el propio Manual de Materia Gravada del BPS le dedica un capítulo entero. No estamos pidiendo crear algo nuevo: estamos señalando que la herramienta ya existe, reglamentada, y que en la Unidad 24 no se está usando.
Mi planteo es que se tenga en cuenta esta posibilidad para Soriano, en articulación con el INR, pensándola como complemento al nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública, mientras ese plan de alcance nacional empieza a mostrar resultados, algo que naturalmente lleva tiempo. Y quiero marcar algo puntual: el plan piloto que hoy impulsa el Gobierno Nacional para la reinserción de personas liberadas contempla, en esta primera etapa, solamente a Montevideo. Lo entendemos como un punto de partida razonable, pero también creemos que amerita ampliarse: las cárceles no son establecimientos departamentales, son centros de gestión nacional. Por eso proponemos que se evalúe reestablecer el Plan de Dignidad Laboral con el alcance que ya tiene reglamentado, o bien incorporar directamente a la Unidad 24 de Pense como una segunda instancia piloto, junto a Montevideo.
Porque creo que el fondo del problema no es, principalmente, la falta de policías en la calle. Tiene que ver con que las penas muchas veces resultan insuficientes para torcer una trayectoria, y con que no siempre hay instancias reales de rehabilitación que permitan a alguien privado de libertad salir con una alternativa concreta de vida. No digo que aplique a todos los casos, pero sí que hay personas que, con la herramienta adecuada, pueden recuperarse. Y si eso reduce la reincidencia aunque sea en algunos casos, vale la pena intentarlo.
En ese mismo espíritu quiero traer a la mesa otro tema pendiente de esta Junta: el Programa de Policías Eventuales, con proyecto de decreto ya elevado, fundamentado en la Ley N.º 12.376 y la Ley N.º 18.719, que el Ejecutivo departamental viene analizando en cuanto a su viabilidad presupuestal antes de que ingrese a comisión. Solo creo importante que, dado el contexto actual, se tenga presente esta herramienta como opción disponible para acompañar, de manera provisoria, mientras las políticas de fondo empiezan a dar sus frutos.
Dignidad Laboral y Policías Eventuales no compiten entre sí: una trabaja sobre las causas, con una salida ya reglamentada por el propio BPS; la otra puede acompañar mientras tanto, en el territorio. Por eso pido que ambas sigan presentes en la agenda de este Cuerpo.
Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Instituto Nacional de Rehabilitación, al Banco de Previsión Social, al Ministerio del Interior, a la Intendencia de Soriano y a la bancada de Diputados por Soriano.
Muchas gracias.