(Por Roger Rodríguez, especial para @gesor)  El 15 de febrero de 2013, el mismo día en que dentro de la Suprema Corte de Justicia se produjeron los incidentes tipificados como “asonada” por los que fueron procesados siete ciudadanos que protestaban contra el trasalado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil, también firmaba su traslado a Paso de los Toros la jueza Karen Isabel Cuadrado Fernández Chavez, quien el pasado viernes resolvió liberar de la cárcel al coronel Juan Carlos Gómez... Fue una de varias casualidades.

1 - LA SUSTITUTA

Karen Cuadrado Fernández Chávez sustituyó en el juzgado isabelino a Lilián Elhorriburu, quien en agosto de 2010 había dictado el procesamiento con prisión de los coroneles Juan Carlos Gómez y José Nino Gavazzo por el homicidio de Roberto “Tito” Gomensoro Josman, muerto en la tortura en marzo de 1973, cuyo cuerpo fue fondeado con rocas en el lago de Rincón del Bonete y, cuando emergió de las aguas, terminó enterrado como “N.N.” en el cementerio local.

La decisión judicial se basó en el único testigo presencial, un militante tupamaro que estaba preso en Rivera y fue trasladado esos días al Batallón de Ingenieros Nº 3 donde dijo escuchar la muerte de Gomensoro en manos de Gómez, por orden directa de Gavazzo. La decisión de Elhorriburu había sido ratificada en setiembre de 2011 por el Tribunal de Apelaciones de 2º turno que integraban los reconocidos ministros William Corujo, Alfredo Gómez Tedeschi y José Balcaldi.

El pronunciamiento de la jueza Elhorriburu, se había basado en la acusación de la fiscal Angelita Romano Trosino, respresentante del ministerio público en la ciudad de Paso de los Toros desde enero de 2009, cuando fue designada con la firma del presidente Tabaré Vázquez. Elhorriburu, quien rechazó todos los recursos presentados a favor de Gómez y Gavazzo, también terminó siendo trasladada por la Suprema Corte de Justicia: la mandaron al juzgado de familia de 6º turno de Pando. 

2 - EL SUSTITUTO

Dos meses después que el Tribunal de Apelaciones de 2º turno confirmara el fallo contra Gómez y Gavazzo, la fiscal Romano también fue trasladada. Su envío a Lavalleja, en lugar de la Dra. Graciela Peraza Furlán, fue extensamente justificado en la solicitud del Fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien elogió la capacidad técnica de la fiscal y explicó que, como se trata de un enroque “horizontal” (sin más jerarquía o salario), el enroque no requería de aprobación parlamentaria.

En el lugar de Romano, el Fiscal de Corte nombró al Dr. Fernando Pérez D'Auria, quien se desempeñaba en Florida, casualmente la misma ciudad de procedencia de la jueza Cuadrado. Pérez D'Auria debió renunciar a su cargo de presidente de la Liga de Fútbol de Florida, pero se mantuvo como directivo departamental. Su hermano, Carlos, edil del Partido Nacional y funcionario del BPS, casualmente fue nombrado días antes como nuevo director del Museo Departamental de Florida.

Al reencontrarse en Paso de los Toros, la jueza Cuadrado Fernández Chavez y el fiscal Pérez D'Auria, coincidieron en admitir la presentación de nuevas pruebas solicitadas por la defensa del coronel Juan Carlos Gómez, quien ya había recibido el apoyo del Comandante en Jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, y del mismísimo Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, quien terminó por protagonizar un “incidente” con la jueza Elhorriburu.

3 - LOS GARANTES

En nota del 25 de junio de 2012, el general Aguerre se limitó a reiterar lo que había dicho el informe sobre desaparecidos que el Ejército entregó al presidente Vázquez en 2005: dijo que Gomensoro murió a pocas horas de ser llevado al cuartel La Paloma (Cerro) perteneciente al Batallón de Artillería 1, pero no respondió el cuestionario judicial que le preguntaba quién pidió la captura de Gomensoro, quién inventó su fuga, quién admitió su muerte y a quién se entregó su cuerpo.

En agosto de 2012, Fernández Huidobro, salió en defensa de Gómez (como lo hizo con el coronel Carlos Calcagno) y suscribió la hipótesis del Ejército. Contradecía un informe publicado el 30 de marzo de 1995 en “Mate Amargo” (publicación que Fernández dirigía), donde el periodista Oscar Montaño instaló la hipótesis de que el cuerpo de Rincón del Bonete fuera Gomensoro. Se basó en las denuncias sobre las torturas en Paso de los Toros y el testimonio de un preso que escuchó a dos soldados decir: “El rubio la quedó...”

También testificaron en favor del coronel Gómez los abogados Carlos Ramela Regules y Gonzalo Fernández, y el ex comandante del Ejército, Angel Bertolotti. Los tres insistieron en la versión de que Gomensoro murió en el cuartel de La Paloma, según les dijeron los informantes militares consultados para elaborar el informe de la Comisión para la Paz. Las mismas fuentes que les mintieron que el cuerpo de María Claudia García de Gelman estaba “con un noventa y nueve por ciento” de certeza en el Batallón 14.

4 - EL CONTRAFALLO

Con los calificados testimonios que el coronel Gómez había obtenido, su abogado Alberto Sanes, buscó descalificar al testigo presencial y lo logró al contradecir una versión de que Gomensoro fue castrado y, gracias a la versión de otro tupamaro preso en Rivera aquellos días, pudo poner en duda si el testigo realmente fue trasladado alguna vez a paso de los Toros... El broche final fue la sorpresiva y casual aparición de otro testigo que en 1973 dijo que estaba en el cuartel de Paso de los Toros.

La nueva prueba fue suficiente para que, apoyada por el fiscal Fernando Pérez D'Auria, la jueza Karen Cuadrado Fernández Chavez contradijera la instrucción de su antecesora Lilián Elhorriburu y del Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, para resolver dejar en libertad al militar, a quien probablemente pudo conocer en su ciudad de origen, Maldonado, donde el coronel Juan Carlos Gómez, se desempeñó como jefe de policía departamental entre 1981 y 1985 (tuvo allí a su cargo la seguridad de un importante encuentro del BID). 

La sentencia de la Dra. Cuadrado Fernández Chavez, sostenida por el fiscal Pérez D'Auria, terminó por avalar la teoría de que Roberto Gomensoro Josman habría muerto en el cuartel de La Paloma del Batallón de Artillería 1, donde operaba la OCOA (Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas) e intervenía el SID (Servicio de Información y Defensa). Pero se sigue sin explicar por qué el cuerpo de un preso supuestamente muerto en Montevideo fue llevado a Paso de los Toros para hacerlo desaparecer.

5 - LA VICTIMA

Roberto Gomensoro Josman nació el 20 de enero de 1949. Era estudiante y docente de la cátedra de Microbiología de la Facultad de Agronomía, dirigente de la FEUU y militante del Movimiento 26 de Marzo. Tenía 24 años el 12 de marzo de 1973, cuando agentes vestidos de civil que se identificaron como “Fuerzas Conjuntas” lo detuvieron en su domicilio de Montevideo y lo llevaron en un “camello” del Ejército custodiado por un jeep militar. 

Su cuerpo fue encontrado cinco días después, el 18 de marzo, a orillas del lago de Rincón del Bonete, por el propietario de un campo lindero al Batallón de Ingenieros Nº 3 de Paso de los Toros. Estaba atado con alambres gruesos, rodeado con una malla de alambre nuevo y asegurado con tres pesadas piedras con intención de fondearlo en el lago. Fue enterrado sin nombre (N.N.) en la tumba 10.936, cuadro 7, del cementerio de Paso de los Toros.

El cuerpo de Gomensoro sufrió una segunda desaparición en diciembre del año 2000 cuando un equipo de Investigadores del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) localizó la tumba y pidió su exhumación al entonces intendente Heber Da Rosa del Partido Nacional. Alguien removió el cuerpo y solo se logró identificarlo por ADN porque el forense de la época, Dr. Emilio Laca, se quedó para adorno de su oficina con el cráneo del muerto al que hizo la autopsia en 1973.

6 - EL LIBERADO

Juan Carlos Gómez se destacó como estudiante, fue primero de su promoción y abanderado en la Escuela Militar. En 1957 ingresó a Caballería, arma de su padre el coronel Andrés Gómez Larcebó, quien durante las inundaciones de 1959 integró el Comando de Emergencia de Paso de los Toros, donde el general Liber Seregni era jefe de Estado Mayor. El reconocimiento a Andrés Gómez hizo que le designaran árbitro de lances caballerescos (duelos) de la época.

Su hijo, en cambio, fue uno de los principales represores del Partido Comunista Revolucionario (PCR), cuyos militantes le denuncian como torturador en el Batallón de Caballería Nº 4. Sirvió en el Regimiento de Caballería 8, estuvo en Buenos Aires en 1976, fue mando en el Penal de Libertad, y jefe de policía de Maldonado, designado por el dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, principal referente del polémico Regimiento Simbólico San Jorge, del que tras su retiro Gómez pasó a ser jefe.

El coronel Gómez era conocido como “el carretilla de plata” por un implante metálico que le pusieron en el rostro cuando sufrió una lesión durante una misión en el exterior. Miembro de la promoción “Gral. Melchor Pacheco y Obes” se integró a las Fuerzas Conjuntas durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. En 1973 estaba en Durazno (donde aquel 24 de mayo también asesinaron a Oscar Fernández Mendieta), pero solía pernoctar en el Batallón de Ingenieros Nº 3, donde actuaba la OCOA de la División de Ejército III.

7 - LA CAUSALIDAD

Las casualidades parecen rodear todo el caso, desde el momento que la jueza que en el año 2001 recibió la primera denuncia de SERPAJ y con su instrucción logró que se identificara el cuerpo de Roberto Gomensoro Josman, fue la misma Dra. Adriana De los Santos, quien actúa en el juzgado contra el crimen organizado (en el lugar que dejó el ahora Fiscal de Corte Jorge Díaz) y el sábado pasado resolvió el encarcelamiento de los socios de Pluna: Matías Campiani, Sebastián Hirsch, Artuto Álvarez Demalde y Pablo Seitún.

Y también resulta otra casualidad que el actuante por el ministerio público en el caso Pluna, quien pidió procesar al ministro de Economía, Fernando Lorenzo y al presidente del Brou, Fernando Calloia, sea el fiscal Juan Gómez (actual presidente de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público), quien fuera designado por el propio Fiscal de Corte, Jorge Díaz, para -en otra polémica decisión- sustituir a Ricardo Perciaballe, quien terminó -casualmente como la jueza Mota- en una oficina del ámbito civil. 

Curiosamente, ahora, el destino de Lorenzo y Calloia quedó en manos de los ministros de la controvertida Suprema Corte de Justicia, quienes resolverán si, como denuncia el abogado defensor Amadeo Otatti, es inconstitucional el amplio delito de “abuso de funciones” por el que en su momento fueron, casualmente, procesados el ministro Enrique Braga, los intendentes Benito Stern y Andrés Arocena, y el presidente de Ose Juan Justo Amaro, entre otros...

(*) foto extraída de elmuertoquehabla.blogspot.com