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Funcionarios civiles penitenciarios rechazan la Rendición de Cuentas y exigen respeto a la negociación colectiva
La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (O.Fu.Ci.Pe.) emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo al proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo. Denuncian incumplimientos del Ministerio del Interior en materia de negociación colectiva, falta de vacantes para operadores penitenciarios y decisiones que, según afirman, vulneran la carrera administrativa. La agrupación convoca a una asamblea general urgente para definir medidas ante la situación.

Montevideo, 6 de julio de 2026

Comunicado a la Opinión Pública

Desde la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios manifestamos nuestro más profundo rechazo y declaración de alerta ante el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo. Una vez más, como ya veníamos denunciando, el Ministerio del Interior no cumple con la ley de negociación colectiva. Esta administración decide ignorar deliberadamente a los funcionarios civiles, profundizando la precarización y planteando una descentralización en una rendición de cuentas cuando se nos expresó que esto se daría en un proyecto de ley con una discusión paralela. Estas acciones minimizan un tema muy sensible y complejo como lo es la seguridad pública. Es inadmisible que, de forma sistemática, se nos vuelva a dejar en el olvido. Mientras el discurso oficial habla de transformación, la realidad muestra otra cosa: cero vacantes de ingreso y de ascenso para los operadores penitenciarios ante la apertura de nuevas unidades penitenciarias, y la persistencia de compensaciones económicas otorgadas a dedo por puro amiguismo, vulnerando la carrera administrativa y la dignidad de quienes sostenemos el sistema penitenciario día a día. Frente a la desidia de la administración, O.Fu.Ci.Pe. exige que la negociación colectiva se respete y reclama de forma urgente:

  1. Democratización de la Gestión: Un Directorio con la voz real de los Trabajadores. El Instituto Nacional de Rehabilitación no puede seguir gestionándose de espaldas a la realidad. Exigimos que ante la creación del Instituto Nacional de Reinserción el Directorio esté integrado por 5 miembros, en lugar de 3, garantizando que uno de ellos sea un trabajador elegido directamente por los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, ratificamos que nuestro marco de negociación debe seguir siendo el Decreto 500/991.

  2. Transformación Civil Real: Traspaso de Vacantes al Escalafón S. De cara al proceso de apertura de nuevas unidades y bajo la premisa de que la policía permanecerá en las unidades del Escalafón L (creadas para el INR por la Ley de Presupuesto Quinquenal), exigimos que las 500 vacantes del Escalafón S (Civil) sean transferidas en su totalidad al Escalafón S. Si la meta es un sistema civil y técnico, los recursos deben acompañar ese camino y no permitir que el Ministerio del Interior nos sustraiga recursos para cumplir con una promesa de campaña electoral.

  3. Respeto a lo Negociado: El Artículo 96 es una Traición. Denunciamos públicamente la redacción del Artículo 96. Establecer que los policías que opten por pasar al Escalafón S lo hagan ocupando vacantes de operador penitenciario viola flagrantemente lo acordado en los ámbitos de negociación colectiva. No permitiremos que se desmantelen los ingresos civiles legítimos, mientras el Ministerio del Interior hace uso y abuso de nuestros recursos, sin querer respetar los privilegios que nuestra institución le ha brindado desde el inicio utilizando atajos normativos que rompen las reglas de juego.

  4. Conducción Civil: Secretaría General para los Civiles. En consonancia con el Artículo 98, exigimos de forma tajante que la Secretaría General del Instituto Nacional de Reinserción sea ocupada por un funcionario civil. La no participación en el sistema del Escalafón L no es solo un eslogan de campaña, se demuestra con acciones firmes y civiles en puestos clave.

  5. Creación de cargos de confianza: La historia se vuelve a repetir como en el Presupuesto Quinquenal. Se crean tres cargos para el Directorio, el cual estará compuesto por el Presidente y dos Directores designados por el Poder Ejecutivo; Secretario General, Gerente de Administración, Gerente de Seguridad y Gerente de Intervención Penitenciaria; Director General de Gestión Penitenciaria, Director de Género y Diversidad y Director Nacional de Reinserción. Estos cargos de confianza implican un gasto anual aproximado de $301.000 repartidos entre 10 personas, más gastos en subsidio de transporte, seguro de vida, vivienda, etc. La realidad es que las compensaciones no son para quienes sostenemos el sistema penitenciario.

Desde la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios convocaremos a nuestros afiliados y afiliadas a una Asamblea de carácter urgente.

No vamos a tolerar que nos sigan tratando como trabajadores de segunda, postergados ante cada presupuesto y precarizados en nuestras funciones. Convocamos a todos los compañeros y compañeras a participar de la Asamblea General Urgente para definir el plan de acción a tomar ante este ninguneo.

Basta de parches, basta de amiguismo y basta de postergar a los que día a día luchan por mantener el sistema en funcionamiento.

El sistema penitenciario no se reforma con discursos, se reforma respetando a sus trabajadores y trabajadoras con acciones y cumpliendo con la palabra.

SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL ORGANIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CIVILES PENITENCIARIOS

 

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