17 de March del 2026 a las 09:41 -
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Una reforma necesaria: el Colegio de Abogados del Uruguay impulsa cambios clave en el Código Penal
Florencio Macedo, presidente del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU), destacó la importancia de la reforma integral del Código Penal en la que trabaja el grupo asesor, subrayando que la meta principal es alcanzar una "seguridad jurídica" que beneficie a todo el sistema judicial.

El Colegio de Abogados del Uruguay, bajo la dirección de su presidente, el Dr. Florencio Macedo, ha asumido un rol protagónico en el proceso de reforma del Código Penal. Según Macedo, la institución que representa a los profesionales del derecho penal entendía que el sistema actual "necesitaba de mejoras", particularmente debido a las "distintas reformas parciales que se habían hecho en su momento de un código único".
La iniciativa cobró impulso cuando el Poder Ejecutivo convocó al Colegio para generar un proyecto de reformas integrales. Macedo calificó esta convocatoria como un "gran honor" y destacó el compromiso de la institución, que designó un equipo técnico de alto nivel integrado por el profesor Fernando Gómez Santoro, en el área procesal, y el propio Macedo en la materia penal.

 

Un proceso de trabajo exhaustivo y colaborativo
El camino hacia el borrador actual ha sido el resultado de una labor intensa y multidisciplinaria. Macedo informó que el equipo ha dedicado "más de 300 horas de trabajo", en reuniones donde participaron todas las instituciones clave en la administración de justicia penal:
Fiscalía General de la Nación.
Poder Judicial.
Defensoría Pública.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Relaciones Exteriores (para temas de cooperación internacional).
Además, se contó con la participación de invitados especiales, como los profesores Gabriel Valentín y Juan Miguel Petit, este último aportando su visión sobre el sistema carcelario.

 

Hacia un consenso por la seguridad jurídica
Uno de los puntos más destacados por Macedo es el alto grado de acuerdo alcanzado entre las partes. "Estuvimos de acuerdo en más de un 95% de todas las reformas", afirmó, explicando que el objetivo primordial es la "seguridad jurídica".
"Lo que se buscaba principalmente era la seguridad jurídica; es decir, que desde la norma se establezca con seguridad cuál era la solución", señaló Macedo, indicando que en muchos casos la jurisprudencia ya ofrecía respuestas que no estaban reflejadas en la ley, o incluso existían decisiones jurisprudenciales contradictorias.
Macedo resaltó que, a pesar de que hubo "una discusión fuerte muchas veces", cada delegación trabajó desde la ética de su rol para exponer la importancia de los cambios. En aquellos puntos donde no se logró un consenso total, cada institución dejó constancia de su postura.

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