Durante 2025 se desarrollaron distintas líneas de trabajo que apuntan a mejorar el acceso a servicios de salud, reforzar la prevención y ampliar derechos en áreas clave como la salud sexual y reproductiva, la salud mental y la respuesta del sistema frente a la violencia basada en género. Estas acciones continuarán profundizándose durante 2026.
Uno de los avances se vincula con la prevención del cáncer de cuello uterino. En 2025 se fortaleció la estrategia de vacunación contra el virus del papiloma humano mediante la incorporación de una nueva vacuna (HPV9), que se aplicará en dosis única y estará disponible en el país a partir de 2026. Esta medida se suma a otras herramientas de prevención, como el test de HPV, que forman parte de la política nacional de salud sexual y reproductiva.
En la misma línea, el MSP continúa asegurando la provisión de métodos anticonceptivos y de barrera en todo el sistema de salud, así como acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual. Durante 2025 se fortaleció la oferta de testeo rápido para sífilis y se actualizaron las guías de abordaje de esta enfermedad, en el marco de la estrategia nacional para la erradicación de la sífilis congénita. También se desarrolló una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual dirigida a la población.
La salud mental es otro de los ejes que se vienen fortaleciendo. Esta temática fue incorporada al régimen de certificaciones médicas y a la Estrategia Nacional de Salud Mental 2025-2030. Además, durante el embarazo los prestadores de salud deben ofrecer una consulta de acompañamiento con equipos de salud mental y, en caso de detectarse riesgo de depresión posparto, se garantiza el acceso a prestaciones específicas para las puérperas.
También se trabaja en el desarrollo de manuales para el primer nivel de atención que permitan mejorar el abordaje de patologías que afectan especialmente a las mujeres y que muchas veces han tenido menor visibilidad, como la endometriosis o las disfunciones del piso pélvico.
Otro de los desafíos es mejorar la respuesta del sistema de salud frente a la violencia basada en género. Durante 2025 se retomó el trabajo con los equipos especializados de los prestadores de salud y se actualizaron los datos disponibles en el sistema. Para 2026 está previsto avanzar en nuevas instancias de capacitación para equipos de salud, con el objetivo de fortalecer la detección y la atención de estas situaciones, en el marco de la Ley Nº 19.580.
El ministerio también participa, junto al Ministerio de Educación y Cultura, en la elaboración del Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral 2026-2030. A su vez, se está actualizando la Guía de Salud y Diversidad Sexual, incorporando recomendaciones específicas para mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y se trabaja para que los consentimientos informados en salud sexual y reproductiva sean accesibles para personas con discapacidad.
Además, el ministerio convoca y lidera la Estrategia Nacional e Intersectorial para la eliminación de los embarazos en niñas y la prevención de los embarazos en adolescentes, que actualmente trabaja en la elaboración de un plan de acción para el período 2026-2030 con enfoque de género, territorial y de derechos humanos.
Las políticas de género también implican mirar las condiciones de trabajo dentro del propio sistema de salud. Un informe elaborado por el Ministerio de Salud Pública muestra que el sector es uno de los más feminizados del país: alrededor del 73% del personal de salud son mujeres.
Sin embargo, los datos también evidencian brechas. Aunque las mujeres son mayoría (especialmente en tareas asistenciales y de cuidado) continúan teniendo menor presencia en los cargos de mayor jerarquía y enfrentan diferencias salariales en varias áreas profesionales.
Avanzar en la reducción de estas desigualdades es parte del compromiso del sistema sanitario. Fortalecer la igualdad de género también significa construir un sistema de salud más justo, más accesible y con mejores condiciones para quienes trabajan y se atienden en él.