El edil Damián Alonso calificó como 'oscurantismo' por parte de la Intendencia, tras varios intentos fallidos por acceder a resoluciones oficiales. Desde mediados de 2025, el edil Alonso viene solicitando copias de las resoluciones firmadas por el Intendente. Tras respuestas negativas por la vía constitucional, recurrió a la Ley de Acceso a la Información Pública.
La Intendencia exigió el pago de una tasa por derecho a trámite, algo que Alonso señala como ilegal, ya que la ley exonera estos pagos para pedidos de acceso a la información.
Ante la falta de respuesta por parte de la Intenencia Alonso pidió la intervención de la Unidad de Acceso a la Información Pública de AGESIC que intimó a la Intendencia en dos oportunidades.
Ante esa nueva negativa el edil recurrió a la vía judicial. El caso llegó al Juzgado de Mercedes. Allí se acordó que la Intendencia entregaría la documentación con fecha límite al 15 de febrero de 2026. Pero hasta el momento no ha habido una respuesta concreta de parte de la Intendencia.
Una cadena de obstáculos
En diálogo con @Ägesor Alonso relató que el proceso comenzó amparado en la Constitución, pero ante la falta de respuestas, debió recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública. “Se nos adujo varios motivos, se excusaba a la Intendencia de aportar esa información; y de hecho nos hicieron pagar una tasa por derecho a trámite cosa que la ley establece claramente que no se debe abonar. Cometió esa ilegalidad la Intendencia”, remarcó.
Ante la negativa, la denuncia fue elevada a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) en la órbita de AGESIC. Sin embargo, Alonso sostiene que la comuna ignoró las advertencias del organismo técnico: “La Unidad intimó en dos oportunidades a la Intendencia y ni siquiera respondió. De esa manera está ninguneando y desvalorizando el trabajo de esa unidad que es de mucho valor”.
La vía judicial y un acuerdo incumplido
Como "última alternativa", el conflicto se trasladó al Juzgado de Mercedes, donde se alcanzó un acuerdo de entrega de documentación con fecha límite al 15 de febrero de 2026. No obstante, el edil afirma que la solución propuesta por la Intendencia roza lo absurdo.
“La Intendencia ha manifestado que pone a las órdenes esas resoluciones para que yo, en horario laboral, tenga que ir a la Intendencia, seleccionar las resoluciones y acudir con un funcionario en una especie de contralor a una papelería a sacar fotocopias. Eso no lo establece la ley”, explicó Alonso, subrayando que es el organismo quien debe reproducir y entregar la información.
Para Alonso este conflicto pone de manifiesto una falta de transparencia sistémica en el gobierno departamental. “La particularidad de la Intendencia de Soriano va de la mano con una poca transparencia; no solo no publica las resoluciones en la página web, sino que tampoco accede a una solicitud que hemos realizado en nuestra calidad de edil departamental”, señaló.
Alonso enfatizó que el acceso a estos documentos es vital para su rol de contralor: “De ahí se emanan básicamente las principales acciones de gobierno. Necesitamos esas copias para poder estudiar y evaluar con el equipo de compañeros. Es una información importante y es necesario contar con ella para analizar y visualizar toda esa información”.
Finalmente, el edil calificó la situación actual como preocupante para la salud democrática del departamento. “La UAIP manifiesta que todas las resoluciones del Intendente son públicas. No se publica. No se transparenta. Es un oscurantismo la gestión. La verdad no sé qué es lo que esconde. El Intendente ha tenido una actitud pésima en ese sentido que lamentamos mucho”, concluyó.
A pocos días de que venza el plazo judicial pactado, Alonso y su equipo legal no descartan volver a las instancias judiciales para que un magistrado determine la entrega obligatoria de la documentación.