Seguridad, Logros y la Urgencia del Código Penal

Hoy nos encontramos ante una encrucijada crucial en la lucha contra la criminalidad en Uruguay.
Es imperativo que reconozcamos los éxitos tangibles que el gobierno nacional ha logrado en su estrategia de seguridad.

Quiero destacar dos ejemplos recientes que evidencian la determinación del accionar de nuestro Gobierno Nacional:

• Golpe al Tráfico Internacional: La incautación de 400 kilogramos de estupefacientes en Paysandú es una victoria rotunda contra el narcotráfico organizado que utiliza nuestras fronteras. Este golpe no solo detuvo una mercancía, sino que afectó seriamente la logística financiera de las bandas criminales.
• Implementación del Token del Ministerio del Interior en Ciudad Vieja, Montevideo: demuestra un compromiso con la seguridad focalizada y la utilización de tecnología para prevenir y responder a los delitos. Esta medida restaura la tranquilidad en un punto clave de la capital.

Esto contrasta con los intentos fallidos del gobierno anterior, que durante su campaña electoral prometió solucionar la inseguridad a través de la mejora de la LUC, una solución que no tuvo el impacto prometido en la reducción de los delitos ni generó la sensación de seguridad que la ciudadanía demandaba.

Si bien estos logros son fundamentales, también debemos reconocer que esto es solo la mitad de la batalla.

La Decadencia del Código Penal y el Fundamento Constitucional

El otro lado de esta moneda es la frustración que sentimos como sociedad cuando vemos que el esfuerzo policial se diluye en el sistema de justicia.
Los delincuentes, especialmente aquellos involucrados en venta de estupefacientes, rapiñas y hurtos, perciben que el riesgo de la condena es menor al beneficio del delito.

Esta situación socava los pilares de nuestra nación, establecidos en la Constitución de la República:
Artículo 7: consagra que los habitantes "tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad."

Las condenas laxas por rapiña y hurto son una omisión del deber de proteger este derecho fundamental.
Los narcotraficantes capturados a menudo reciben penas que no reflejan el daño que infligen a la juventud. La droga es el combustible de otros delitos, y la pena debe ser acorde a la gravedad de este crimen organizado.
Los delitos contra la propiedad han generado sensación de impunidad. La pena por hurto, en muchos casos, es tan laxa que se convierte en un riesgo aceptado dentro del modus operandi del delincuente.

La Urgencia de la Reforma y el Deber Legislativo

No podemos permitir que el trabajo de la Policía y de la Fiscalía se vea neutralizado por un marco legal obsoleto. Si la ley no impone penas ejemplarizantes y efectivas, el efecto disuasorio de la justicia se pierde.
El poder para corregir esta situación reside en el Parlamento conforme lo establece el artículo 82 de la Constitución.

Corresponde a este cuerpo legislativo tomar la decisión política de establecer un Código Penal moderno y eficaz.
Necesitamos penas mínimas más severas para reincidentes en rapiña y hurto.
Necesitamos revisar las escalas penales por narcotráfico para asegurar que el costo de traficar sea mayor al beneficio.

El mensaje debe ser claro: Uruguay no es un refugio para la criminalidad.
Por tal motivo, instamos a los legisladores y al sistema político a avanzar con urgencia en una reforma profunda y valiente del Código Penal.
Es lo que la seguridad de la República y la tranquilidad de nuestra gente nos exigen.

Finalmente, solicito que estas palabras sean transmitidas al Ministro del Interior, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a la Presidencia de la República.