(Escribe prof. Alejandro Carreño T) Terminó el primer capítulo de la serie “Jair Bolsonaro”. La Justicia lo condenó a 27 años de cárcel, acusado de liderar una organización criminal armada para aferrarse al poder, luego de perder las elecciones de 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En otras palabras, acusado de un intento de golpe de Estado. Ese fue el fallo (cuatro votos contra uno) del Supremo Tribunal Federal. De acuerdo con el medio digital Globo.com, 24 años y 9 meses son de prisión (delitos que requieren un régimen cerrado), y 2 años y 9 meses son de detención (delitos que requieren un régimen semiabierto o abierto).
Dura lex, sed lex. En democracia la ley debiera respetarse siempre, aunque sea dura. Se supone, pues es el principio básico sobre el que se sustentan las instituciones respaldadas por la Constitución, y que le dan sentido al concepto “democracia”, tan convenientemente manipulado hoy, sobre todo en nuestra América Latina. Una elección presidencial, limpia y transparente, es uno de los símbolos, tal vez el más importante, sobre el que se construye la democracia. Y ella está mandatada por la ley que emana de la Constitución. Pretender violarla, es atentar contra la voluntad de un pueblo que ha escogido libremente.
Algo tan simple de entender, como el respeto al veredicto de las urnas, suele ser en muchos casos, ignorado por políticos que se sienten por sobre la voluntad ciudadana, y se sientan sobre ella, vejándola con sus oscuros propósitos. Los caminos escogidos son varios. Uno de ellos, el de Jair Bolsonaro que lo llevó a la cárcel: montar una organización criminal para apoderarse del poder. Pero otros, como Nicolás Maduro en Venezuela, son menos sofisticados, pues simplemente se roban la democracia con la mentira y la fuerza.
Dura lex, sed lex. La Justicia brasileña ha dictado sentencia y los demócratas del mundo deben aceptarla, independiente de los episodios vergonzosos en que se ha envuelto en diferentes momentos de su historia, algunos de reciente data y otros no tan antiguos, como los narrados en la serie El Mecanismo sobre la operación Lava Jato, investigación iniciada el año 2014, presentada en la plataforma Netflix. Tampoco puede aceptarse la tesis de “persecución política” con que se defendió el expresidente, porque las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron irrefutables.
Y la evidencia de su condición de incontrarrestable está dada por el hecho de que junto con Jair Bolsonaro, fueron también condenados con altísimas penas varios de sus ministros y asesores directos: Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (16 años); Mauro Cid, exasesor presidencial y denunciante del intento de golpe de Estado y Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa (19 años); Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional (21 años); Almir Garnier, excomandante de la Marina (24 años) y Walter Souza Braga Netto, exjefe del Estado Mayor (26 años).
Difícil, entonces, argüir persecución ideológica o de cualquier otra naturaleza, cuando la evidencia que lo condena ha quedado demostrada en el debate jurídico, como corresponde a un Estado que considera la independencia de los poderes y acata, en consecuencia, el fallo de los Tribunales de Justicia. En esto consiste la conditio sine qua non de la democracia: en el respeto a la Ley.
Dura lex, sed lex.