A principios de esta semana el Directorio del Partido Nacional a través de distintos representantes, se presentó por un lado ante los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y ante la Corte Electoral a los efectos de ponerles en conocimiento situación que se viene dando a nivel judicial, relacionada con el Intendente electo y proclamado en Soriano, Guillermo Besozzi Arocena, "la que consideramos es irregular y podría afectar no solamente el sistema político electoral de nuestra República, sino también nuestro sistema de Justicia", comienza señalando el escrito hecho llegar a las autoridades tanto de la Suprema Corte de Justicia como de la Corte Electoral.
Allí se le historia la causa en la que está siendo investigado Besozzi junto a otras seis personas y las audiencias que se han realizado desde la formalización de los siete y las medidas cautelares adoptadas inicialmente y luego modificadas en parte, ya que se mantienen algunas e incluso en tres de las personas imputadas fueron prorrogadas ya.
Además se da cuenta de las personas que fueron condenadas en el marco de la causa que se inició con los dirigentes del sindicato ADEOMS y al empresario que actuó junto con ellos, y que incluye también a varios funcionarios del Departamento de Obras de la comuna y a múltiples compradores privados.
Informa que entre las medidas que se mantienen vigentes tras la modificación de las mismas en la audiencia del 5 de mayo, está la prohibición de todos los imputados de acercamiento y comunicación con la Intendencia Departamental y sus dependencias.
Pone como ejemplo que ello impidió que Besozzi pudiera votaresttando habilitado para hacerlo, pero como le tocaba en local de la Oficina de la Juventud de la Intendencia de Soriano no pudo hacerlo ante la "amenaza" de ser denunciado por desacato, agregamos.
En las Elecciones Departamentales del domingo 11 de mayo, Guillermo Besozzi resultó electo por importante mayoría de la ciudadanía de Soriano, como Intendente de Sorian, siendo proclamado por la Junta Electoral el 22 de mayo en sesión de dicho organismo.
Sin embargo se reconoce que en las condiciones actuales, para Besozzi como Intendente electo y proclamado "existe una imposibilidad de que pueda ejercer su cargo en virtud de la prohibición impuesta judicialente".
En ese contexto, la Defensa del jefe comunal electo solicitó ante la sede judicial el cese o modificación de la medida impeditiva, lo que hasta la fecha no se haya podido resolver debido "al tracto procesal dado por la Juez de Garantías", existiendo pendiente una audiencia fijada para este jueves 26 de junio cuando la solicitud de la Defensa se realizó el 4 de junio, y en cambio la Fiscalía pidió la prórroga de medidas para tres de los imputados, el 6 de junio y tuvo la audiencia el 9 de junio, "apenas un día habil después del pedido Fiscal", donde se resolvió el pedido a su favor.
Mientras que la Defensa del Intendente electo todavía se encuentra a la espera de una resolución que le permita "ejercer el mandato y cumplir con las obligaciones impuestas en los artículos 262 y siguientes de la Constitución de la República, entre otros", señala el escrito.
También se hace cuestionamiento a la forma en que la Juez consideró el planteo de la Defensa, que como adelantara @gesor debido al camino que optó de dar vista a la Fiscalía, ésta tenía tres días para evacuarla desde el momento de recibir el escrito y la evacuó al cuarto día, es decir fuera de plazo y la Juez igualmente le dio curso y la acogió como "en tiempo y forma", cuando debió haberla rechazado y en el plazo de no más de 10 días expedirse, pero teniendo en cuenta solamente los argumentos de la Defensa ya que la Fiscalía se presentó fuera de plazo.
Por ello en el escrito se expresa que el proceder de la sede de Garantías lleva a tres conclusiones: "existió un desvío del marco normativo procesal aplicable, lo que genera una dilación innecesaria del proceso en claro perjuicio al Sr. Besozzi; supone además "salvar" el error Fiscal de haberse presentado fuera de plazo, lo que procesalmente debió haber conllevado a considerar un allanamiento tácito a la pretensión de la defensa y por ende a una resolución inmediata favorable al pedido realizado por el Sr. Besozzi; y se genera una inseguridad jurídica preocupante para cualquier justiciable la no observancia del marco normativo aplicable, especialmente cuando ésta es claramente en perjuicio del imputado y también claramente en beneficio de la Fiscalía".
La Directorio advierte que tras el resultado electoral del domingo 11 de mayo, donde se eligió a Besozzi como Intendente de Soriano, la ciudadanía "lo hizo para que asuma y ejerza su cargo dentro de la Intendencia; por lo tanto, impedirlo de forma irregular como se viene de describir, no sólo violaría un mandato constitucional, sino que inclusive estaríamos ante un posible delito electoral.
Frente a esta realidad se corre el peligro de lesionar derechos muy queridos y logrados por la República, y que no trastornan la investigación Fiscal".
Se sostiene que la dilación para resolver sobre la medida cuyo cese se solicita "impidiendo el libre ejercicio de un cargo ya electo por una mayoria abrumadora, en las condiciones analizadas, es una clara intervención ilegítima e infundada que afecta el sistema electoral-político de la República, afectando directamente la voluntad popular de un régimen democrático".