Entendemos que esta primera etapa del nuevo gobierno ha estado marcada por la necesidad de resolver diversos escándalos políticos, muchos de ellos originados por una impronta desorganizada y una evidente falta de preparación en la transición hacia el ejercicio del poder. Sin embargo, consideramos que ha llegado el momento de dejar atrás esa etapa inicial de desajustes y comenzar a ejercer un liderazgo claro, con acciones concretas que atiendan las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Entre los temas más urgentes que requieren atención, sin lugar a dudas se encuentra la seguridad. Es una demanda de la población, y particularmente en el departamento de Soriano, donde creemos podrían implementarse medidas y se hace necesario actuar con celeridad y firmeza.

En este sentido, creemos que el gobierno del Presidente Yamandú Orsi debe asumir su responsabilidad y tomar cartas en el asunto. Una de las medidas que consideramos oportunas para nuestra región es la presencia activa y visible de la Guardia Republicana en Soriano, como una señal de respaldo a la ciudadanía y un paso concreto hacia el fortalecimiento del orden y la tranquilidad pública.

Confiamos en que el gobierno sabrá interpretar esta preocupación como una solicitud legítima , y esperamos una respuesta a la altura de las circunstancias. La seguridad no puede seguir postergándose cien días más : es hora de gobernar con responsabilidad, decisión y compromiso con todos los uruguayos.

En numerosos barrios y localidades, se registran con frecuencia episodios de perturbación sonora que afectan seriamente la calidad de vida de los vecinos. Estas situaciones no solo generan malestar, sino que también representan un incumplimiento del derecho al descanso y a un entorno saludable y pacífico.

Ante esta realidad, solicitamos que la Comisión de Seguimiento de SUCIVE evalúe la posibilidad de aumentar tanto el monto como la gravedad de las multas aplicables a las infracciones por ruidos molestos, adecuándolas a la gravedad del daño ocasionado, la reiteración de las conductas y su impacto en el entorno.

Creemos que una normativa más severa y disuasiva contribuiría a reducir estas conductas y a generar mayor conciencia ciudadana respecto a la convivencia y el respeto mutuo. A su vez, otorgaría a los gobiernos departamentales una herramienta más efectiva para actuar frente a estos casos.