La reciente polémica en torno a la actuación de la Fiscalía en el “caso Besozzi” pone de manifiesto un problema que va más allá del hecho puntual: la necesidad de resguardar la credibilidad y la neutralidad de una institución vital para el sistema de justicia. No se trata de juzgar el mérito de la imputación ni de ignorar la gravedad de los hechos investigados. El problema radica en la conducta de la fiscal asignada al expediente, y su manera de presentarse públicamente, que ha suscitado justificadas sospechas de parcialidad y favoritismo partidario.
Lamentablemente, dista de ser novedoso que la Fiscalía ocupe el centro de la polémica. Desde hace tiempo se denuncian, por un lado, filtraciones que siempre benefician al frentismo y, por el otro, decisiones que tardan años en causas delicadas, mientras se actúa con celeridad y mano dura en otras que afectan a los no frentistas. En este caso específico, la fiscal no solo tuvo intervenciones controvertidas en los medios, sino que además se descubrió su historial de posteos en redes sociales, llenos de consignas políticas y comentarios sectarios. Un profesional del Ministerio Público, cuya responsabilidad requiere la máxima prudencia, se expuso a la opinión pública como un auténtico militante.
La cuestión es seria: cada vez que un fiscal conduce un proceso, la sociedad asume que lo hace de manera independiente y equitativa. Cuando se revelan publicaciones que elogian o denostan a un partido, los involucrados —sean denunciantes, imputados o testigos— pierden la confianza en la objetividad de la investigación. Cierto es que un individuo puede tener sus preferencias políticas, pero no es aceptable que las exhiba con tal vehemencia ni que se las implemente en la práctica fiscal. Aquí radica el problema: se espera que el agente del Ministerio Público sea una figura institucional, no un “barrabrava” como lo definieron, con razón, algunos.
El gremio de los fiscales, encabezado por su presidente, ha salido en defensa de la institución, acusando a la oposición de orquestar un ataque político. La idea de “cuidar a la Fiscalía” no es un escudo para ignorar inconductas dentro de la institución; es una advertencia para elevar los estándares de conducta de sus integrantes.
Por otro lado, las voces críticas recuerdan casos sonados que han permanecido inconclusos durante años: investigaciones sobre narcotráfico de alto nivel, filtraciones que jamás encontraron responsables, reuniones irregulares en prisiones, e inclusive expedientes contra figuras oficialistas que avanzan con lentitud pasmosa. Estas diferencias de velocidad y enfoque levantan sospechas y debilitan la confianza ciudadana.
El problema de fondo no es “un fiscal particular”, sino un sistema que tolera el proselitismo en quienes deberían sustraerse de partidismos. ¿Cómo no preguntarse si ese proceder refleja la convicción de un operador de justicia o la parcialidad de un militante? ¿Cómo evitar la desconfianza cuando ciertos expedientes duermen plácidamente mientras otros se aceleran?