En varias ocasiones he expresado mi discrepancia con la forma en que se ha gobernado Soriano durante las últimas décadas. 

Además del deterioro que produce la falta de actualizaciones y la permanencia prolongada en el poder, se desarrollan vicios y costumbres y un ambiente de impunidad. Este marco, reforzado por tantos años de seguridad en la reelección y la protección otorgada por las mayorías en la junta, genera un ambiente donde se debilitan los controles y la capacidad de asombro ante la falta de equilibrio y freno al ejecutivo.

Advertimos que la forma de gobernar, donde todo depende del intendente y la afinidad política, ha llevado al amiguismo y al clientelismo, dejando de lado formas y protocolos que aseguran la transparencia. 

Esto conlleva el riesgo de cruzar la línea de lo legal, aunque sea con buenas intenciones. 

La burocracia bien entendida da garantías, no es mala en sí misma, asegura transparencia y apego a las normas y trámites. Lamentablemente la mayoría de nuestras normas tienen origen en alguna falta o exceso de alguien en determinada situación que obliga a que se elabora una forma de actuación, que establece, ante la duda, lo correcto, los posibles desvíos, así como las consecuencias de estos.

Es sorprendente que se reclame el Debido Proceso en las actuaciones judiciales que involucran al exintendente, cuando no se respetó el mismo en la propia institución que se gobierna.

Lo más triste es ver ataques a quienes investigan para que todo se haga conforme a la ley. 

No se debe atacar al mensajero cuando el mensaje no es de nuestro agrado, sino leerlo y corregir. 

Nos preocupa que se ataque a la Institución Fiscalía, pero peor resultan los ataques a las personas que ejercen las funciones de revisar los procederes, y si se ajustan a las reglas.

Nos preocupa el insulto. 

Cuando estas acciones trascienden las fronteras departamentales, es posible interpretar que hay una advertencia hacia las Instituciones y a quienes las representan, sugiriendo no seguir ese camino. Tendrían que ir los 19 intendentes presos, se dijo. Un connotado exintendente y senador lleva adelante una causa contra la fiscal actuante, atacando primero. Un senador de la república agita la supuesta simpatía política de la misma persona, que muestra claramente que hay una investigación minuciosa hacia la vida privada, para ablandarla. 

¿Qué más vendrá?

Se puede realizar la gestión para un vecino, pero debe hacerse de manera correcta y transparente, garantizando que todos sientan que es su derecho y que todos somos iguales.

La ley es aplicable a todos, incluidos los fiscales, y por supuesto los intendentes. No debemos temer a la investigación. No se debe amenazar ni atacar atribuyendo intenciones; la ley debe ser respetada. Las leyes fueron creadas por nosotros y debemos asegurar su cumplimiento, sin indignarnos si nos afectan.

Nadie está exento de cometer errores; si se demuestran, debemos asumir la responsabilidad en lugar de confrontar a quienes nos señalan con la ley en mano.

A partir de estos acontecimientos, se espera mayor prolijidad y revisión de los procedimientos en la Intendencia, un uso más cuidadoso de los recursos y respeto a las cadenas de responsabilidad.

Seguramente veremos una mejora en el apego a los procedimientos, y habrá mayor rigurosidad en las compras y contrataciones, gracias a que hay un llamado de atención, claro y justo. 

Se espera también que esto llegue a la Junta, que se respondan seriamente los pedidos de informes y que se analicen detenidamente las propuestas del ejecutivo antes de votar.

Porque el respeto a las normas es imprescindible, Y debemos respetar a quienes representan las instituciones de los tres poderes del Estado, porque somos una República. La República Oriental del Uruguay.