El Secretario Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Empleo, Comercio y Servicios  (FUECYS) se reunió con el Ministro de Trabajo para entregarle un documento aprobado por el Consejo Directivo Nacional.  Participaron de esa reunión el Ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el Subsecretario  Dr.  Hugo Barreto.   En dicho documento la  FUECYS  plantea una serie de  reclamos.  

“Según nuestras estimaciones  son 450.000  trabajadoras y trabajadores del sector del comercio y los servicios” comentó  Luis Arijón, dirigente de FUECYS  al dialogar con  @gesor.  De los cuales, en base a estimaciones realizadas por el Instituto Cuesta Duarte del PIT CNT son  alrededor de  200 mil los trabajadores de  con salarios sumergidos. Ante ese panorama   los trabajadores plantearon algunas reivindicaciones como  el de feriado pago para cada  21  se junio, día del Trabajador y Trabajadora del Comercio y los Servicios.  Además  “cómo será el posicionamiento de la cartera en cuanto a las ocupaciones en los lugares de trabajo y algunos cambios que la Ley de Urgente Consideración definió respecto al protocolo para la desocupación de los lugares de trabajo” comentó Arijón. “Otro de los temas que tienen que ver con el Convenio 190 de la OIT, en función de que Uruguay fue el primer país en ratificar el convenio y en el entendido que el proyecto que este Gobierno mandó al Parlamento contradice ampliamente el contenido del Convenio 190, es que proponemos instalar un ámbito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se acuerde si es necesaria una reglamentación de su contenido”.

Trabajadores de plataformas

 Otro de los temas  planteado  tiene que ver con los trabajadores  de plataforma, de algunos sectores. “Si el sector de actividad lo que cambió son las formas en las que se realizan las tareas, éstas deben ser negociadas en el grupo y o su grupo de la actividad correspondiente. Hay fallos judiciales en referencia a estos trabajadores donde plantean que existe una clara relación de dependencia y que dicha actividad se encuentran dentro del sector de transporte” explicó Arijón.  “Por lo tanto, los trabajadores repartidores pueden negociar todo lo referido a condiciones y salarios en el grupo 19 y su grupo 09. La ley aprobada en los últimos días, como decíamos en esta legislatura que finalizó hace unos días y aunque falta su reglamentación, profundizó la precarización laboral de estos sectores, originando un retroceso en los derechos laborales, dejando a los trabajadores en extrema vulnerabilidad ante los empleadores, ya que deberán acordar las condiciones y el salario mano a mano. El tema de la jornada laboral y la reducción de la carga horaria también fue uno de los temas que se le plantearon a las autoridades”.

Más adelante Arijón  agregó que   “la reducción de la jornada laboral, productividad, adecuación de la jornada semanal, inteligencia artificial y sistema de contratación deberían ser temas a abordar por el Consejo Superior Tripartito, debiendo de nuestro punto de vista tener plazos para su tratamiento y con criterios a los efectos de no reproducir sesgo de género donde sectores rezagados terminan siendo los más feminizados y claramente vamos hacia la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial”.

Salud Mental

Otro de los temas planteados por los trabajadores tiene que ver con la salud  mental, apuntando a una cobertura nacional “y la generación de puestos de trabajo permanentes y de calidad para personas con discapacidad, donde se deben generar espacios tripartitos y con capacidad de decisión donde se analice y trate la forma y generación de elementos de ayuda a trabajadoras y trabajadores con problemas de adicción. Los temas de consumo de alcohol y droga deberían ser abordados por toda la sociedad, involucrándola desde una fuerte campaña utilizando el espacio otorgado por la ley 20.383 en los medios de comunicación masivos”.

Los trabajadores también le plantearon al Ministro de Trabajo la necesidad de implementar políticas que atiendan la ludopatía  “particularmente por su enorme impacto en lo social y fundamentalmente entre las y los jóvenes a partir de la implementación del juego online”, comentó Arijón. 

Agregando que se debe también  revisar la  jornada de trabajo hasta completar las 40 horas semanales. “En cuanto al empleo, nos preocupa la formación y capacitación como forma de mejorar la calidad del empleo en el sector que corresponda, visualizando los posibles cambios que se puedan producir”. Además de  profundizar la capacitación  y la formación profesional. “En cuanto al programa, mi primera experiencia laboral, entendemos que se debe analizar los resultados de la ley del empleo juvenil, teniendo en cuenta quién la utilizó, exoneraciones tributarias, trazabilidad de los empleos generados y otros, y analizar la posibilidad de su reforma”.

Salarios sumergidos

El documento  presentado al Ministro Juan Castillo también contiene una mirada de la  FUECYS a la Dirección Nacional de Trabajo, “y en víspera de una nueva ronda de los consejos de salarios, y definir qué se entiende por salario mínimo, analizar en función de la actual situación cuál debe ser el umbral del salario sumergido, y lo referente a la brecha salarial que se genera principalmente en los jóvenes y las mujeres”. Recordando Arijón que actualmente se considera como salario sumergido  a quienes ganan menos de  $ 25 mil, involucrando a más de  100 mil trabajadores más que en el  año 2019, ya que  actualmente  son casi  600 mil los trabajadores que reciben esa remuneración. Entendiendo los trabajadores que el Salario Mínimo Nacional debería ubicarse en los $ 30 mil,  y  otorgar ajustes diferenciales para los salarios que no lleguen  a ese valor. 

Licitaciones y costos reales

“En cuanto al capítulo de licitaciones, entendemos que se deben dar las garantías en la cantidad de puestos de trabajo y de continuidad laboral ante los cambios de licitaciones en el ámbito público y privado, garantizar licitaciones con mayor extensión del tiempo, lo que generará mayor estabilidad laboral y el gozo de licencia para las trabajadoras y trabajadores involucrados”  comentó Arijón.  “Entendemos que es necesario un estricto control por parte del Estado en el cumplimiento de los pliegos licitatorios, como ser saber la cantidad de trabajadores asignados por día, por turno, la cantidad y la calidad de los productos que se le proporcionan a los trabajadores para la tarea, cumplimiento de los convenios colectivos comparando el precio ofrecido en la licitación y los costos reales, cumpliendo con el convenio colectivo del sector y claramente aquella empresa que no cumpla con estas condiciones no se le deben asignar a adjudicar licitaciones”.

Precarización

“Nos preocupa cómo se ha venido precarizando el empleo a través de tercerizaciones en puestos de trabajo permanentes. En el sector privado entendemos que se debe prohibir los contratos a tres meses para puestos de trabajo que son permanentes, equiparando todos los derechos, no sólo en consejo de salario, sino de manera bipartita con los trabajadores y trabajadoras que son directos de la empresa. En el sector público entendemos que se debe apostar a la equiparación salarial y las condiciones con respecto a las y los trabajadores contratados de forma directa” comentó Arijón.

“Otra forma de precarizar precarización laboral se da a partir de reestructuras empresariales, cuando se terceriza el empleo con los trabajadores propios, lo cual para preservar el empleo deben hacerse cargo del costo de las cargas impositivas y de la seguridad social, por ejemplo, transformándose en empresas unipersonales. En cuanto al capítulo relacionado a la inspección de trabajo, y puntualmente en lo relacionado a las empresas incumplidoras, entendemos que se debería consultar, los organismos del Estado deberían consultar al registro de empresas incumplidoras de los convenios colectivos, de derechos laborales previos a la adjudicación de licitación por parte del Estado, lo cual es primordial su actualización y utilización. El no control de estos instrumentos determina el perjuicio para las y los trabajadores de la pérdida del empleo y las consecuencias que conlleva la falta de ingresos, el cierre de empresas, que a su vez ocasiona que el Estado deba asumir costos en función de la ley de tercerizaciones”.

Las multinacionales

Por último los trabajadores expresan  en este documento entregado al Ministro Juan Castillo la preocupación  por el ingreso  “de empresas multinacionales que a su vez han trabajado en distintas formas de concentración empresarial y de capitales transnacionales, con el riesgo que ello implica en temas como la alimentación, la vestimenta, entre otros. Este es un tema que debería analizarse y que las y los trabajadores entendemos que podemos aportar a partir del conocimiento de las empresas y de las nuevas formas de trabajo que se están adoptando en el país”, comentó Arijón. “Algunas de estas operaciones que se realizan con renuncia tributaria por parte del Estado”, poniendo como ejemplo “hay tres multinacionales en el sector supermercadismo, que concentran más de 10.000 puestos de trabajo de los 25.000 que tiene el sector, donde se viene desregulando la actividad mediante el contrato de cuatro y seis horas, prorateando el salario correspondiente, el cual lleva a que estos trabajadores tengan salario muy por debajo de los $ 25.000”. Estas  empresas acotó Arijón  “tienen un peso económico en la incidencia en el mercado que les permite fijar condiciones de compra y venta, ocasionando transformaciones en el mercado interno.  Muchas veces este peso económico se da a partir de quitas impositivas originadas por diferentes gobiernos. Otra gran concentración que vemos en el comercio es en el sector tienda, donde también se han instalado grandes marcas y las ventas nacionales a firmas extranjeras, en el sector farmacia, que se ha convertido en un espacio de inversiones para empresas extranjeras y con leyes que fueron facilitando su expansión, se llegó a la concentración en pocas manos”.

“En el área de servicio, la concentración se da en la seguridad privada y suministrada en mano de obra. Aquí vemos la llegada de multinacionales con algunos riesgos, como por ejemplo, el procesamiento de datos obtenidos por el sistema de biovigilancia. Después entendemos que es imperioso relevar el sistema de zona franca, analizando verdaderamente  en cuánto el país ha beneficiado, qué características de empleo genera, qué niveles salariales se logran y la competencia con empresas instaladas fuera de estas áreas”.