Junto con la aprobación de la reforma previsional, este nuevo marco fiscal, contribuyó a una mejora en la calificación de la nota crediticia del país y a una reducción del riesgo país, tal como surge del análisis de las agencias calificadoras de riesgo, con el consiguiente efecto positivo de una mayor inversión y empleo para los uruguayos.
La regla fiscal logró cumplirse por cuatro años consecutivos, entre 2020 y 2023. En 2024, las metas de los primeros dos pilares no lograron alcanzarse y debió activarse la cláusula de salvaguarda en el tercer pilar por una fuerte reducción de la inflación, a partir del segundo semestre de 2023, que derivó en una merma de la recaudación de casi 1% del PIB. Esa magnitud es, justamente, lo que se desvió el resultado fiscal 2024 de las metas fiscales trazadas. No obstante, lejos de debilitar la regla fiscal, este desvío puntual y aislado la fortalece, porque obliga a una detallada rendición de cuentas sobre los desvíos ocurridos y porque no invalida que, unido a la voluntad política de esta administración por cuidar los dineros públicos, haya sido un instrumento eficaz para moderar el gasto público, mejorar las cuentas fiscales respecto a 2019 y estabilizar el cociente de deuda en relación al PIB.
Algunos análisis indican que no es admisible argumentar que el desvío fiscal obedeció a una sorpresa inflacionaria porque la inflación bajó a los niveles que el gobierno pretendía. En respuesta, es sencillo comprobar que las estimaciones de inflación contenidas en la Rendición de Cuentas 2022 (junio 2023), presuponían una cadencia bajista de la inflación notoriamente menos pronunciada que la que se verificó, seguramente por influencia de la fuerte distorsión de precios relativos con el vecino Argentina, entre otros factores.
El gasto nominal comprometido para 2024 se mantuvo totalmente en línea con los presupuestos establecidos, como se puede comprobar al analizar las cifras de lo planificado y ejecutado ese año. A su vez, el gasto público primario, durante la presente administración, creció a un ritmo moderado de 1,4% real anual en promedio, el menor incremento en 20 años. Esto contrasta con las prácticas de las últimas administraciones, en las que el gasto se incrementaba sin considerar la sostenibilidad fiscal.
Dentro de los gastos, la evolución de las remuneraciones públicas en el quinquenio fue el resultado de una larga negociación con los trabajadores en duros años de pandemia, que terminaron con un aumento promedio de 3% real en el quinquenio, frente a un PIB que creció 6% real.
En 2024, el incremento planificado para el gasto primario (segundo pilar de la regla fiscal), era 2,5% real, por debajo del tope establecido de 2,8% real. Lejos de obedecer al hecho de que fuera un año electoral, era la consecuencia de una recuperación del gasto en un contexto en el que se esperaba que el PIB creciera 3,5% real, tal como se espera que se verifique, y luego de un cauto incremento del gasto en los años previos. Dicho tope fue superado, por la menor inflación referida anteriormente.
Por otra parte, para analizar adecuadamente los cocientes fiscales en relación al PIB, tanto respecto a lo observado como planificado en años previos, se debe profundizar en las causas que situaron a dichos cocientes en los niveles actuales, ya sea por los gastos o los ingresos.
Cuando el presente gobierno asumió, había firmes recomendaciones de analistas que afirmaban que era necesario subir impuestos. No sólo no se subieron, pese a los fuertes shocks negativos, como la pandemia y la sequía que mermaron los ingresos fiscales, sino que, en 2023, se bajaron cautamente. A la hora de planificar el gasto para 2023, esta administración tuvo en cuenta la resignación de ingresos proveniente del alivio tributario a los contribuyentes de menores ingresos. Por ende, si no se hubiera implementado el alivio tributario, igualmente se hubiera generado el desvío fiscal acontecido en 2024, por cuanto se hubiera planificado un mayor gasto ese año.
Finalmente, el informe recuerda que la política fiscal debe evaluarse también en función de los resultados sociales y económicos que se logran. La administración ha logrado avances significativos en sostener el nivel de actividad, incrementar de forma importante el nivel de empleo, bajar la inflación (la contracara del desvío fiscal 2024), aumentar el ingreso de los hogares y reducir la pobreza desde los niveles máximos en 2020, a través de las mejoras en el mercado laboral e importantes transferencias de recursos a los hogares más vulnerables de la sociedad. Todo ello indica que la gestión fiscal, como corresponde, ha estado orientada hacia el bienestar de la población.
En síntesis, esta administración deja el legado de un nuevo macro fiscal, resultados económicos concretos y una gestión fiscal que permitió superar el impacto adverso de acontecimientos externos importantes para concluir en una situación que permitirá al nuevo gobierno iniciar su gestión sin apremios de orden financiero.