El Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de Uruguay en su mandato de prevenir malos tratos y tortura hacia las personas privadas de libertad realiza el monitoreo de los sistemas de encierro. En particular, desde el 2014, se desarrolla con el apoyo de UNICEF, el monitoreo de los centros de protección especial de 24 horas de todo el país con el objetivo de prevenir malos tratos y violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes.
El informe que se presenta a continuación contiene los principales hallazgos del monitoreo desarrollado por el MNP en los departamentos de Colonia, San José y Soriano en el período comprendido entre abril y junio de 2024. 
Se realizaron 11 visitas no anunciadas a 10 centros de protección especial, lo que representa más de dos tercios de los centros de la región suroeste (77% del total de centros en la región).

Este trabajo de seguimiento tiene como propósito generar un documento base que aporte a la discusión con actores territoriales de la región acerca de los desafíos y potencialidades que colaboren a la mejora del sistema de protección de 24 horas y habiliten la convergencia de miradas sobre el sistema de protección especial.

En las visitas del MNP se verificaron un conjunto de dimensiones vinculadas a las condiciones de atención del centro y, en particular, a las garantías de determinados derechos. A saber, el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho al bienestar y desarrollo (educación, salud, derecho a la información y a ser escuchado); el derecho una vida libre de violencia (a ser protegido/a contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como también contra la explotación y el abuso).

En cuanto a las condiciones de atención, se relevó un aumento de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección. Se observó que los centros oficiales en varios momentos del año se encontraban con más población de la que podían atender. Esta situación impactaba en el cuidado y atención de los niños, niñas y adolescentes en procura de restituir los derechos vulnerados, así como en la calidad de trabajo del personal del centro. 
Asimismo, en tres centros oficiales y uno en convenio se brindaba atención a adolescentes madres que conviven allí con sus hijos/as. Los centros oficiales no contaban con las condiciones dadas para garantizar un cotidiano adecuado para dicha atención.

Se constató déficits en la dotación de recursos de atención directa y técnicos, lo que implicaba que no se podía brindar una atención cabal en consonancia con el proyecto socioeducativo de los centros.

En cuanto a las condiciones materiales, se verificó que dos de los diez centros en la región no cumplían con las condiciones de infraestructura aceptables para la atención de niños, niñas y adolescentes. Cinco centros requerían algún tipo de acondicionamiento de la estructura. Asimismo, el 100 % de los centros carecía de accesibilidad.

En referencia al derecho a la salud, en la región se relevó una adecuada atención de niñas, niños y adolescentes a nivel general, en relación a los controles y consultas básicas. Se relevó que en dos ocasiones se debió trasladar parte de la población a otro edificio por motivos sanitarios.

Persistían, sin embargo, importantes déficits en materia de atención en salud mental, los equipos y direcciones departamentales identificaban como una dificultad la escasa oferta de los centros asistenciales en salud mental y consumo en la región. Esto se entiende de alta relevancia dada las situaciones de vulnerabilidad vividas por los niños, niñas y adolescentes que determinaron su ingreso al sistema de protección del Estado. Específicamente, con relación a las propuestas existentes para atención a situaciones de consumo problemático, los dispositivos eran ambulatorios, de baja adherencia entre los y las adolescentes.

El derecho a la educación formal de niñas y niños se encontraba cumplido. Entre las y los adolescentes existían dificultades en el sostenimiento de las trayectorias escolares, dadas las situaciones de ausentismo y desvinculación educativa, sin visualizarse estrategias efectivas para revertirlas.

En relación con el derecho a una vida libre de violencia, se visualizó una alta preocupación por el aumento de los ingresos al sistema de protección por situaciones de explotación sexual, así como por la captación vinculada a redes de explotación sexual y microtráfico de sustancias ilícitas que se encontraban en atención y cuidado del sistema de protección. Por lo tanto, constituye una situación estructural de violencia institucional, que vulnera los derechos de las y los adolescentes atendidos por el sistema de protección 24 horas. Se relevó en la región la existencia de equipos especializados en violencias, así como la experiencia de trabajo interinstitucional.

Se considera que los procedimientos y articulaciones desarrollados por el Estado no logran en muchas situaciones efectivizar medidas de protección ante la exposición y captación por parte de redes de explotación sexual y microtráfico.

Por su parte, si bien se reconoce la preocupación de los equipos con relación a las salidas no acordadas, no se ha logrado la intersectorialidad necesaria para el análisis que implica cada situación a fin de poder brindar una respuesta adecuada y garantista en derechos frente a estas salidas. Se observan deficiencias en las coordinaciones necesarias para la búsqueda, identificación y reintegro al sistema de protección.

Respecto al derecho a un buen trato, de los relatos de las entrevistas realizadas en los centros se observaba un vínculo adecuado entre personal de atención directa y niñas, niños y adolescentes. No obstante, en un centro se verificó la existencia de tratos estigmatizantes y/o humillantes por parte de funcionarios/as a las adolescentes que allí residían. Es preciso considerar que cuando rige una medida de amparo niñas, niños y adolescentes han visto vulnerados sus derechos y en su mayoría han padecido importantes niveles de sufrimiento lo que requiere un especial cuidado en la construcción de los vínculos para que no sean revictimizantes.

Asimismo, se constató en la región que integrantes del personal que estaban en proceso de investigación por situaciones de malos tratos a niños, niñas o adolescentes, continúan realizando tareas de atención directa. Esta situación no está en consonancia con los principios rectores de interés superior y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su no revictimización.

Hacia el final del informe, se exponen reflexiones a partir de los desafíos, avances y potencialidades que se identifican en el sistema de protección. De este modo, se enuncian asuntos que serán elementos de base para la discusión con los actores territoriales vinculados al sistema de protección integral de infancias y adolescencias.

SORIANO
Los hogares visitados son:
- Hogar "Adolescentes Mujeres" que es oficial, se atienden adolescentes de 13 a 18 años, en el momento de la visita el 22 de mayo 2024, había 14 adolescentes y 1 niña 
- Hogar "Chopitea" que es oficial, atiende a niños y niñas de 0 a 12 años, se visitó el 22 de mayo 2024 y en ese momento la población que se atendía era de 30
- El CAFF "Ibirapitá" que funciona en convenio de INAU con institución privada, atiende a población mixta de 0 a 18 años, fue visitado el 11 de junio 2024 y la cantidad de personas atendidas en ese momento era de 35
En el departamento de Soriano el sistema incluye 152 niños, niñas y adolescentes, 77 mujeres y 75 mujeres.
De las 152 personas atendidas en Soriano, 110 están en cuidado en contexto y 42 en cuidado residencial especial.
Se divien 22 en primera infancia, 58 en infancia, 67 en adolescencia, 5 en juventud, totalizando 152.
 
Fuente: Informe del Mecanismo Nacional de Prevención - sistema de Protección 
INDDHH

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