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18 de December del 2024 a las 08:58 -
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Ministerio del Interior presentó libro sobre políticas de Estado en materia de rehabilitación
El Ministerio del Interior (MI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentaron el “Libro blanco de reforma penitenciaria”, realizado en el marco de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva del MI. El titular de la cartera, Nicolás Martinelli, agradeció la labor de la academia para generar insumos para políticas de Estado y reseñó varios logros del Gobierno que colaboraron para disminuir la cifra de delitos.

En la oportunidad, estuvieron presentes también, en el MI, el subsecretario de la cartera, Pablo Abdala; el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Alejandro Sciarra; el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza; el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Matías Terra; el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya; el ministro designado por el Gobierno electo, Carlos Negro, y la futura subsecretaria, Gabriela Valverde, entre otras autoridades policiales y diplomáticos. 

“Como parte de este compromiso con la transparencia y con las generaciones futuras, presentamos este documento, que no solo incorpora los avances logrados, sino que también sirve como hoja de ruta para quienes asuman esta responsabilidad en el futuro”, mencionó Martinelli. “Vamos a entregar un ministerio mucho mejor que lo que encontramos en marzo de 2020 y deseo que en 2030 se entregue un mejor ministerio, porque de eso se trata, de evolucionar y mejorar”, consideró. 

El jerarca reseñó logros en materia penitenciaria para lograr la rehabilitación y citó la creación de la primera oficina del Mides en centros penitenciarios, ubicada en la Unidad n.° 4, en Santiago Vázquez. Añadió que se triplicó la cantidad de cursos dictados por la Universidad de la República, se incorporó la UTU, se aumentó, de 200 a 2.000, las plazas de cursos de capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), tras una inversión de 1.000.000 de dólares, y el programa piloto de inclusión asistida, con el que se busca revertir la reincidencia carcelaria y que en el presente abarca a 600 personas privadas de libertad. 

También subrayó la inversión en tecnología, que incluye cámaras de videovigilancia dentro de los centros de rehabilitación, escáneres para evitar el ingreso de objetos prohibidos y el desarrollo de control biométrico vía celular. 

“Todo este trabajo ha traído buenos resultados, bajando las tasas de delitos. Tenemos 5.000 presos más que en 2020. Es importante trabajar, porque lo que pasa dentro de las cárceles pasa afuera, y por eso nos va la vida en generar políticas de Estado”, consideró Martinelli, y agregó que la perspectiva de la academia es fundamental a la hora de implementar estrategias.

Diseño y desarrollo conjunto

Durante el primer semestre de 2023, el MI convocó a los partidos políticos con representación parlamentaria para el diseño y desarrollo conjunto de una nueva estrategia operativa, cuyo principal objetivo fuera la prevención del delito, a través de la colaboración con distintos organismos públicos y privados. Este proceso incluyó a técnicos partidarios, académicos y especialistas sectoriales y representantes de organizaciones civiles y de otras no estatales, quienes por primera vez fueron invitados formalmente a participar en el diseño de una política de seguridad ciudadana.

Como resultado, la secretaría de Estado publicó, en junio de 2023, la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, que incluye 16 medidas operativas y establece el enfoque dual como el paradigma de seguridad ciudadana que rige su gestión. El libro presentado en la jornada es una de ellas.

En el documento, se analizan las fortalezas y carencias del sistema penitenciario y se proponen líneas estratégicas para una política de Estado que promueva una transformación integral del sistema de ejecución penal. El texto fue elaborado por la doctora Ana Vigna, con el apoyo financiero del BID y el respaldo técnico de especialistas y responsables del INR y otras instituciones involucradas en el trabajo con personas privadas de libertad. Es también el fruto de un proceso participativo, en el cual se dio voz, a través de entrevistas y talleres, a integrantes de la academia, el sistema de justicia, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil.

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