“Hace ya tiempo (2 años) nos enterábamos de que un funcionario municipal había sido degradado y sacado de sus funciones. Esto ocurrió después que dicho funcionario había denunciado, ante su jerarca correspondiente, ciertas y supuestas, irregularidades. Con este fin solicité una investigadora en la Junta Departamental. Pero ¡¿investigar para qué?! El partido Nacional nos pasó la aplanadora y no hubo tal investigación. Nos quedamos sin saber qué había sucedido ni quién hubo actuado mal.
Lo cierto es que el funcionario no entró más a trabajar (y van dos años), porque no le adjudican destino acorde a las labores que puede realizar (así lo establece certificación médica). Es una persona que quiere y está en condiciones de trabajar en el lugar adecuado a su capacitación pero se le niega esa posibilidad, sintiéndose desvalorizado y desconsiderado (así lo establece el informe médico).
Llama la atención que la administración nunca contestó los expedientes que mediante abogado presentó dicho funcionario. Uno de ellos, el 1576911, radicado en Deportes desde el 19/01/12, el otro, el 488713, radicado en Deportes desde el 07/07/13.
El pasado abril, un abogado realiza una petición administrativa a la Intendencia que justifica por “la apariencia de elementos descriptivos del abuso de poder o desviación del mismo”. Termina el letrado solicitando que se “tenga a bien, considerar y disponer la ubicación funcional de funcionario, evitando la persecución administrativa y afectación moral ocurrida en ciernes.” Pasó el tiempo y no se contestó nada.
Es decir, se recurrió a la vía sindical, a la vía administrativa, a la vía política (en la Junta Dptal.) y no hubo respuestas para este funcionario. ¿Está equivocado? ¿Por qué se le sacó de su función y degradó (cuando cumplía muy bien) sin un sumario, ni sanción administrativa? ¿Se le castigó porque denunció y no aceptó la corrupción? ¿Cometió alguna infracción? No le sé.
Lo que si es claro es que no ha entrado más a trabajar (y puede hacerlo), sufriendo deterioro físico y moral a consecuencia de esa obligada licencia. Puedo quedarme quieto y dejarla pasar, puedo hacerme el distraído. Esto sin duda me sería más fácil. Pero creo que para eso no estoy en la Junta Departamental.
Exhorto a la Intendencia a responder y aclarar esta situación, a esta altura hasta por razones humanitarias. Solicito que esta situación pase también a conocimiento del PIT CNT (local y nacional); Oficina de Trabajo, Mides. Solicitándoles también su asesoramiento en esta situación.
Propongo también que la Intendencia estudie la posibilidad de crear o adecuar una oficina con personal cualificado para estudiar las posibles dificultades de los funcionarios que por diversas razones deben se relocalizados. Esta oficina estudiaría la adecuación del funcionario a los entornos laborales permitiendo un mejor aprovechamiento del recurso humano, redundando en mejor servicio”.