UTMIDES (Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social)  realizó en Mercedes una asamblea con delegados  de  varios puntos del país.  En ella se abordó la plataforma del sindicato aprobada en el último Congreso, y además los trabajadores realizaron un relevamiento de la realidad y las necesidades locales.  Uno de los temas principales fue el de las designaciones directas en el MIDES, que según los trabajadores repercute en la atención de los usuarios.

Carlos Moreira integrante de la Comisión Directiva del UTMIDES en  diálogo con @gesor  ejemplificó el tema de las designaciones directas en el organismo comentando “para hacernos una dimensión, en todo el Estado el 1,2% de los cargos son  de confianza. O sea que estamos hablando de entre una y dos personas, cada cien son designaciones directas. Acá es el 10%. Son una cada diez personas un cargo de confianza”. Repercutiendo en los sectores más vulnerables ya que  no acceden a los beneficios   si no tienen  “un amigo o un conocido en algún partido político”.

El sindicato de UTMIDES se reunió Mercedes, ¿con qué inquietudes?

-“El sindicato viene trabajando en asumir el carácter nacional que tiene,  y en ese sentido venimos realizando una asamblea en Montevideo y   en el resto del país. En esta ocasión le tocó a Mercedes y bueno, nosotros aprovechamos la asamblea.  Hablamos con las autoridades del MIDES en el territorio,  y con las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su tarea cotidianamente en el departamento.

En esta reunión vamos a tratar los temas nacionales, pero también nos preocupan los temas departamentales.  Lo que venimos viendo es que hay una reiteración de lo que sucede en muchos departamentos del interior del país. Estamos hablando de oficinas que fueron cooptadas por el poder político en el territorio. Nosotros venimos denunciando las situaciones de clientelismo en el MIDES.

Soriano es un lugar donde todas las jefaturas de oficinas son designaciones directas, son cargos políticos puestos por esta administración. Además del director departamental, que también es un cargo político. Eso entendemos que va en desmedro de la capacidad técnica de las trabajadoras y trabajadores y también, de alguna manera, genera situaciones que pueden llevar a la discrecionalidad y al clientelismo de la política pública. Las personas que están en situación de vulnerabilidad, en diferentes vulnerabilidades, y que deben recibir asistencia del Ministerio, el MIDES debería trabajarlas con personal técnico y definir su situación en función de parámetros técnicos y no de caracteres políticos o determinaciones políticas que toman los jerarcas de turno”.

Cuando tú decís que tiene un perfil político, ¿eso significa que influye en el servicio que se presta al usuario habitual del MIDES?

-“Sí,  sin duda. Cuando nosotros decimos que es un perfil político es que es una designación directa, no es a un cargo que se debería acceder por concurso, como son las jefaturas de oficinas, y que además se define en función de parámetros de los partidos que integran la coalición de gobiernos. El director departamental es designado a través de Cabildo Abierto y las jefas de oficinas son del Partido Nacional, son militantes de esos partidos y las decisiones que toman luego las hacen en función también de quienes los pusieron ahí y no en función de parámetros técnicos.

Acá a las jefaturas de oficinas se debería acceder por concurso, por llamados de ascenso y estar las profesionales o los profesionales mejor preparados con parámetros técnicos para definir a quién le corresponden determinadas políticas sociales y a quienes no”.

Pero entonces quiere decir que hay servicios que no están llegando a la población.

-“Nosotros entendemos que la discrecionalidad genera que los servicios pueden llegar, pero llegan a algunas personas y a otras no, y no en función de la problemática social que tengan, sino en función de una definición política que toma el cargo político que está a cargo.

Eso entendemos que se presta al clientelismo.  Eso es un mal uso de la política social.  Eso nos parece que es grave porque en realidad hay muchas personas que si después no tienen un amigo o un conocido en algún partido político o necesitan acceder a esas políticas públicas a través de lo que después es un favor,  cuando en realidad debería ser un derecho, porque quien está en situación de vulnerabilidad tiene el derecho de ser atendido y que el Estado le dé respuesta en función de los programas que tenga. Pero por la razón de estar en situación de vulnerabilidad, no porque después le tenga que deber un favor a un jerarca”.

La pregunta corresponde, ¿por qué ahora UTMIDES  sale con esta postura cuando llevamos casi cinco años con este directorio y con esta integración del MIDES?

-“No, esta ha sido una constante de todo el periodo de gobierno. El director departamental y los jefes de oficina han sido cargos políticos durante todas las administraciones”...

No,  pregunto, ¿por qué el sindicato sale ahora con esta postura?

-“Nosotros los hemos venido denunciando desde hace mucho, desde el principio del periodo de gobierno. Nosotros  lo denunciamos,  en el MIDES hay dos mil trabajadoras y trabajadores y hay doscientos cargos de confianza que designó este ministerio, que los designó Bartol (Pablo), que los designó Lema  (Martín) y que los sigue designando el ministro actual Sierra (Alejandro). Esto ha pasado siempre.

Nosotros hemos denunciado el clientelismo, lo hemos denunciado a la opinión pública, ante el Parlamento, ante las propias autoridades que le hemos pedido que cesen con esta discrecionalidad y no lo han hecho.

Lo que sí nos parece, y también ha sido una constante de estos años, es el denunciarlo, quizás no siempre con la llegada que desearíamos, porque lamentablemente también la fuerza que tiene  el gobierno para llegar a través de los medios de comunicación es mucho más grande que la que puede tener un sindicato de dos mil afiliadas y afiliados, pero eso no quiere decir que no nos vamos a cansar de denunciarlo. Para nosotros esto se termina el día que se haga una estructura en el MIDES, que se hagan llamados de ascenso, que se accedan por concurso a todos los cargos y sobre todo a todas las jefaturas”.

Pero situaciones de estas también ocurrían en el gobierno anterior. Surgieron críticas desde la actual administración al gobierno anterior y todo siguió igual.

-“Sí. Nosotros cuestionamos el clientelismo y la designación directa en los gobiernos pasados.  También reclamamos las reestructuras en los gobiernos pasados.  Lo reclamamos en el 2013 y la reclamamos en el 2016;  y se lo pedimos a este gobierno en el 2020. Esto ha sido una constante, pero nunca fue de un nivel tan grande, que esa es la diferencia.

Para hacernos una dimensión, en todo el Estado el 1,2% de los cargos son  de confianza. O sea que estamos hablando de entre una y dos personas, cada cien son designaciones directas. Acá es el 10%. Son una cada diez personas un cargo de confianza.

Eso es un número enorme que genera un decrecimiento muy grande del poder técnico sobre el poder político. Y es un exceso que ocurre en el MIDES y no debería ocurrir, y en ningún lugar del Estado.  Nosotros no es que estemos en contra de los cargos de confianza.

Quien gobierna tiene la necesidad de poner personal de su confianza para llevar adelante la política pública. Lo que estamos en contra es del exceso de cargos de confianza a través del clientelismo o los favores”.

Estamos próximos a un cambio de gobierno,  y gane quien gane las elecciones ya han estado y ya han aplicado este criterio. ¿Han tenido acercamiento desde el sindicato  con ellos? ¿Qué perspectiva se tiene para el próximo periodo?

-“Nosotros estamos saliendo de un congreso. UTMIDES realizó su segundo Congreso en el mes de setiembre. Y de hecho la asamblea de hoy va a aprobar nuestra plataforma reivindicativa,  la cual se la pretendemos presentar a los dos candidatos que están en disputa de cara al balotage. En esa plataforma nosotros planteamos que dejen de haber tantos cargos de confianza, que pase a haber una carrera. Que se regularicen las situaciones. Que exista el ascenso y el concurso en la administración pública,  y que esa sea la forma que se lleven adelante. Entre otras reivindicaciones que también llevamos sobre cuál es el rol que entendemos que deberían tener las políticas sociales en el Estado para superar las situaciones de vulnerabilidad que tienen muchas personas,  y que las vienen teniendo desde hace décadas”.