16 de October del 2024 a las 17:44 -
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Condenado por desacato a medidas judiciales de no aceramiento a sus padres debido a situaciones de violencia que se venían generando
El hecho ocurrió en el barrio Chaná de Mercedes y deberá cumplir 6 meses de prisión en régimen de libertad a prueba

El 13 de octubre de 2024, un conflicto familiar en una vivienda del barrio Chaná, en la calle Prof. María Aída Vespa, desencadenó la intervención policial luego de que un joven de 21 años protagonizara una disputa violenta con su padre. Según el reporte, el joven exigió dinero a su madre, lo que desató una confrontación física con su padre cuando este intervino. Las víctimas, una mujer de 65 años y su esposo de 54, solicitaron el retiro del joven del hogar y protección policial, debido a la reiterada tensión familiar.
La jueza a cargo, Dra. Giordano, dispuso medidas cautelares que incluían una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de cualquier tipo de contacto con sus padres por un periodo de 180 días. Además, se ordenó la custodia policial en la vivienda.
Pese a las restricciones, el 14 de octubre, durante la implementación de la custodia policial en el domicilio de las víctimas, el joven fue encontrado dentro de la propiedad, violando la orden de alejamiento. El indagado fue trasladado a un centro médico para un reconocimiento, donde se confirmaron lesiones leves, y luego a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.
Horas después, el joven fue nuevamente descubierto dentro del perímetro prohibido, lo que llevó a su segunda detención por incumplimiento de las medidas cautelares. La jueza dispuso el levantamiento de la custodia policial, y el indagado fue puesto a disposición de la justicia.
En la audiencia judicial posterior, el joven Pablo N. Burgos Lima de 21 años fue formalmente condenado por desacato especialmente agravado. La sentencia incluyó una pena de 6 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba, durante la cual deberá cumplir con medidas específicas impuestas por el tribunal. La resolución puso fin al conflicto judicial, con las víctimas bajo protección y el condenado obligado a seguir un régimen de supervisión.


 

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