Hoy quiero enfocar un tema de absoluta actualidad, pese a ser de larga data. 

Sabido es que en nuestro departamento existen numerosas normativas y ordenanzas, la mayoría de las cuales no se fiscalizan, o sea no se controla efectivamente su cumplimiento. 

Esto se constituye en una queja prácticamente diaria de la población que se ve afectada por las violaciones a las normas, no controladas y siendo auténticas víctimas de sus consecuencias negativas. 

Fundamentalmente queremos hoy hacer hincapié en la ordenanza sobre ruidos molestos, cuya falta de fiscalización se transforma en una situación intolerable para los vecinos, lo que se repite en casi todos los barrios, en las esquinas, en todo lugar y momento. 

Molestias insoportables para la gente y beneficio de impunidad para quienes cometen estos atropellos ciudadanos de todas formas, favorecidos por el incumplimiento de los controles por parte de las autoridades, responsables, o mejor dicho irresponsables, a la hora de controlar. 

Ni que hablar también de la ordenanza de cercos y veredas, que más allá de las promesas hechas en campañas electorales de concretar proyectos de reparaciones de veredas, nada se hace, máxime cuando existe una clara normativa que responsabiliza a los propietarios de los inmuebles del estado de las aceras. 

Nada se hace al respecto, que no significa encarar planes veredas, sino asumir la fiscalización y notificación a los responsables de la situación. 

Mención aparte para el tema de los animales sueltos en la vía pública, donde las promesas siguen siendo repetidas desde hace años, pero sin soluciones efectivas. 

Reconozco el trabajo que vienen realizando los compañeros de la Comisión de Legislación y Peticiones, quienes ponen su empeño en la elaboración de una ordenanza y realizan las consultas con el Ejecutivo Departamental y con otras instituciones involucradas en el tema. 

Valoramos esto, pero estamos convencidos que el tema no pasa solo por la redacción de una ordenanza, sino fundamentalmente hacer cumplir las que ya están para que sean efectivas. 

Ese es el gran tema, ese es el gran problema que enfrentamos actualmente y cuyas consecuencias las sufren los ciudadanos. 

La gente reclama y muchos nos hacen sugerencias sobre lo que hay que hacer para superar la problemática, pero uno se da cuenta que todo ya está hecho, que si bien se puede mejorar, lo que está faltando es fiscalizar el cumplimiento de las normas existentes. 

No hay dudas que las autoridades competentes deben actuar, asumiendo el rol de fiscalizar y si hay que aplicar alguna penalización o multa, quizá sea lo que haya que instrumentar para castigar a quienes no cumplen con las normativas. 

Creo que por ahí viene la cosa. La no existencia de sanciones ejemplarizantes para los incumplidores. 

De lo contrario no tiene ningún sentido la existencia de ordenanzas y habría que derogarlas entonces. 

Hoy por hoy los reclamos se hacen sentir con mayor énfasis, porque la gente no es tonta y ven que no se hace absolutamente nada productivo al respecto. 

En concreto, pedimos que las autoridades competentes, en este caso el Ejecutivo Departamental, a través de sus respectivas dependencias, controlen el cumplimiento de las ordenanzas y apliquen los correctivos que corresponda. 

Esta es la única forma de favorecer la convivencia ciudadana, porque sabemos que todo esto provoca estériles enfrentamientos entre ciudadanos, que han terminado en las comisarías por temas, principalmente de ruidos molestos y animales sueltos en la vía pública.  

Que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental y a la Comisión de la Junta que corresponda, para su seguimiento permanente, como única forma de generar resultados efectivos.