Estamos sufriendo como sociedad una falta o ausencia de políticas sociales que concentran más la desigualdad.

Impactan la falta de políticas de promoción de empleo, del combate a la violencia, el acceso a la vivienda y a una atención de salud de calidad.

La violencia de género no es solo la agresión se manifiesta y la sufren las mujeres e identidades no binarias, que se les condiciona el ejercicio de derecho y acceso a oportunidades como ascendencia racial, la capacidad, la cultura entre otras

Una de las caras más duras de la desigualdad de género se expresa a través de la violencia directa hacia las mujeres. Asistimos a un momento con un alto número de femicidios (más de la mitad de estos son por sus parejas o ex parejas).

Mas de 100 denuncias por violencias por dia y un aumento tambien de denuncias por abuso y acoso sexual.

Basta ver en nuestra ciudad los periódicos locales todos los días hay procesamientos por violencia hacia las mujeres.

La principal urgencia es dotar del presupuesto necesario para la real aplicación de la Ley de violencia basada en género. Uruguay tiene una normativa avanzada en esta materia, sin embargo, su aplicación real se ve condicionada por la falta de recursos que redunda en pocos centros especializados en todo el país con horarios limitados y equipos multidisciplinarios menguados o inexistentes.

El Estado debe asignar los recursos necesarios para cumplir a cabalidad la Ley vigente y para formar a todo el personal policial en la atención a violencia basada en género.

Denunciar y ser escuchados debe ser la norma, no la excepción.