Con razón la tenían “muteada”. La candidata a la vicepresidencia del frentismo, Carolina Cosse, reapareció públicamente y afirmó que, si se habilitan los allanamientos nocturnos –que se plebiscitarán junto a las elecciones en octubre–, un eventual gobierno del Frente Amplio debería evaluar no usarlos. Por autoritaria o por ignorante, quizá por ambas, la ingeniera soslaya que, en ese hipotético caso, no es el gobierno de turno el que les indica a los jueces y a los fiscales cómo y cuándo aplicar el mecanismo. Se salteó la primera bolilla del examen de republicanismo: la separación de poderes.
¿Qué es lo que más preocupa de estos dichos? Por un lado, la ignorancia supina que demuestra una aspirante a la vicepresidencia sobre el funcionamiento del sistema judicial. Como si el presidente o cualquier ministro tuviera la potestad de decirle a los jueces cuándo aplicar la ley y cuándo no. Cosse parece estar convencida de que la independencia de poderes es un mero formalismo burgués –de su matriz marxista–, un adorno sin relevancia real. Lo más alarmante es el tinte autoritario que deja entrever: su disposición a dejar en suspenso una medida aprobada por la ciudadanía. En el fondo no es que no entienda el concepto de separación de poderes, es que lo ignora deliberadamente cuando no le conviene.
Sus palabras muestran una peligrosa inclinación a subvertir la voluntad popular ¿Qué hará si es parte de un gobierno que no está de acuerdo con otras leyes aprobadas democráticamente? ¿Decidirá ignorarlas también? La lógica de Cosse no tiene límites claros, y es en esa ambigüedad donde reside el verdadero peligro. Un gobierno que se adjudica el derecho de decidir cuándo aplicar o no la ley es un gobierno autoritario (como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua…).
Cosse y Orsi salieron a aclarar los dichos de la primera. Ambos, reiteramos, por ignorancia o propensión al autoritarismo, siguen sin entender el asunto. Orsi aclaró que tiene que “quedar muy claro que lo que establece la ley y la Constitución se cumple”. Aunque, dijo, “se va a tener que aplicar cuando se considere necesario, no hay dos lecturas”. Cosse, por su parte, aseguró que “es claro que el Ejecutivo debe cumplir con toda la normativa vigente. No obstante, debe primero generar la reglamentación, sin la cual no debe aplicarse”.
Es un error considerar, como lo hace Cosse, que el Ejecutivo puede frenar, con una supuesta reglamentación, la aplicación de la Constitución. De igual forma, Orsi no logra entender que, quienes decidirán si los piden o no ante los casos concretos serán los fiscales, y los que decidirán si acceden o no al pedido fiscal serán los jueces, el gobierno de turno no puede ni debe influir en esa decisión. En estos aspectos no caben “dos lecturas”.
Ahora, ¿qué es lo que realmente propone Carolina Cosse? Según sus palabras, los allanamientos nocturnos “no tienen sustento empírico” y están siendo usados para aprovecharse de la angustia ciudadana. Nada más alejado de la realidad. Los allanamientos nocturnos no sólo son necesarios, sino que su eficacia ha sido probada en numerosos contextos donde el crimen organizado aprovecha la oscuridad para operar con impunidad.
El argumento de que esta herramienta representa un “riesgo” para los derechos ciudadanos es falaz. El verdadero riesgo es no contar con las herramientas necesarias para combatir el narcotráfico. La prohibición de allanamientos nocturnos es un anacronismo del siglo XIX, cuando la falta de electricidad y tecnología hacía difícil llevar a cabo operaciones seguras en la noche. Hoy, esa restricción no sólo es obsoleta, sino también peligrosa, limitando las capacidades de las fuerzas de seguridad para actuar cuando más se necesita.
Cosse se equivoca también cuando afirma que este plebiscito está motivado por “angustia”. No es angustia, es realidad: miles de familias sufren cada día el avance del narcotráfico y las bocas de pasta base en sus propios barrios. ¿Qué solución ofrece el Frente Amplio? Ninguna concreta, solo excusas. Los allanamientos nocturnos no son una medida demagógica; son una herramienta vital –aunque no la única– para terminar con el crimen. Regular estos procedimientos con órdenes judiciales claras es suficiente garantía para proteger los derechos de las personas. Cosse, en su afán de evitar discutir el fondo del problema, opta por desacreditar lo que no entiende o no le conviene.
El plebiscito, lejos de ser una medida electoralista, es una respuesta seria y razonable. Todo lo contrario a lo que representa Cosse