En este último mes hemos vivido una serie de situaciones de violencia en nuestras Escuelas Técnicas que involucran a docentes, estudiantes y a todas las comunidades educativas.
Hechos que generan gran dolor y tristeza, pero también preocupan seriamente y nos lleva a convocar a todos los actores de la educación a una profunda reflexión.
Entendemos que, más allá del esclarecimiento de los hechos particulares, urge colocar en el centro de la atención qué está sucediendo con las y los estudiantes que apelan a la violencia como forma de resolución de conflictos tanto como qué abordaje se realiza realmente desde las autoridades de la Educación frente a estas situaciones.
En las aulas de todo el país recibimos estudiantes con una gran diversidad de realidades desde sus orígenes, sus situaciones socioeconómicas y familiares, que viven en una sociedad y cultura saturadas de violencias, que terminan expresando también en los centros educativos.
Estamos convencidos que nuestras Escuelas Técnicas, tanto como todos los centros educativos en general, tienen la potencialidad de trabajar en otras formas de vínculos de los estudiantes entre sí y con los trabajadores que les permita resolver sus conflictos en forma pacífica.
Sin embargo, esta potencialidad está condicionada por los recortes presupuestales, la superpoblación en los grupos de algunos centros, la mala distribución de las horas de educadoras y la ausencia de los equipos multidisciplinarios.
Es imposible poder desarrollar un trabajo sostenido con las diferentes comunidades educativas si una población que supera los cien mil estudiantes distribuidos en 150 centros de todo el país, hoy cuenta únicamente con 42 psicólogos y 3 especialistas en dificultades de aprendizaje. La calidad de la propuesta institucional tiene que reposicionarse y pensarse en clave de la realidad.
Los centros educativos son lugares de convivencia, es fundamental poner esto en el centro como respuesta a la violencia y como alternativa hacia la convivencia. Además, cobra relevancia en estas situaciones la necesidad de políticas educativas que busquen soluciones integrales.
Sin embargo, la falta de recursos, de espacios adecuados y de tiempo genera que la única respuesta capaz de brindar desde los centros educativos sea desde lo punitivo-disciplinante, sabiendo que lejos de proteger las trayectorias educativas, terminan denunciando culpables y abonando procesos de exclusión.
Estos hechos dan cuenta que no podemos desligar las respuestas violentas de la problemática entorno a la salud mental, un gran debe que tenemos como sociedad. Es importante remarcar que la falta de alimentación, de trabajo, de vivienda, de acceso a la salud y al deporte, situación en la que encontramos a una gran cantidad de nuestros estudiantes, son factores que condicionan la salud mental. Otra vez ahí, las respuestas están ausentes
frente a demandas más que claras.
Tras la cortina de humo que buscan instalarnos con respuestas insuficientes que buscan compulsivamente separar el adentro del afuera y que intenta colocar recursos que la transformación educativa no canaliza, las y los estudiantes siguen siendo los más perjudicados.
Desde nuestro sindicato seguimos reivindicando la necesidad de que nuestras escuelas técnicas sean espacios de construcción de ciudadanía y de convivencia en clave territorial con el barrio, la plaza, las y los vecinos que son parte de nuestra comunidad.

AFUTU