A fines de 2021, la institución realizó una evaluación de diversas medidas cuya implementación requería Resolución de Directorio o la promoción por parte de la Caja de diferentes cambios legales.

Por su parte, las autoridades recordaron que el Directorio aprobó el Anteproyecto de Reforma Legal del instituto y dispuso su remisión al Poder Ejecutivo, quien lo envió al Parlamento en setiembre de 2023, pero no obtuvo los votos para su aprobación.

Por su parte, en noviembre de 2023, el Directorio de la CJPPU aprobó la nueva Política de Gestión de la Morosidad con el objetivo de disminuir las deudas que los profesionales tenían con la Caja.

Según datos brindados por la institución, en el total de afiliados (166.948) hay 4.842 morosos (un 2,9%), de los cuales 3.082 tienen deudas de hasta 10 años y 1.760 poseen deudas de más de 10 años.

En el caso de los morosos de hasta 10 años, el monto de lo adeudado se ubica en $1.202.797.303, mientras que los que tienen deudas de más de 10 años, deben en total $52.078.529.727.

Para mejorar esa situación, se redactó un anteproyecto de ley que fue presentado en el Parlamento, elaborado por la Caja y consensuado por el Ejecutivo.

La propuesta busca contemplar las situaciones de aquellos profesionales universitarios que por diferentes motivos mantienen adeudos por aportes y empresas deudoras del artículo 71.

El Presidente del Directorio de la Caja, Daniel Alza, expresó que esta ley favorece a la institución y también a los afiliados jóvenes o a aquellos que han tenido algún inconveniente para poder realizar los aportes y se han atrasado.

Entre las propuestas, la ley establece un régimen de refinanciación con intereses menores a los que hay actualmente por el código tributario.

“Aspiramos a lograr que la mayor cantidad de afiliados pueda lograr una solución para mejorar su situación y  volver a hacer los aportes al instituto que es muy importante para gestar su jubilación”, señaló.

Afirmó, sin embargo, que la regularización de los deudores no es una solución definitiva a la situación económica de la Caja, sino que es una solución para que los afiliados regularicen su situación.

“La recuperación de la Caja viene por otra vía y está en manos del Poder Ejecutivo y del Parlamento buscar la solución”, consideró Alza y dijo que el Directorio ha tomado “todas las medidas posibles” que tenía a su alcance.

En relación a los fondos, Alza adelantó que hay fondos de reserva para cubrir las obligaciones hasta el primer semestre de 2025.

“Son 44 millones de dólares mensuales que la Caja tiene que pagar de prestaciones, jubilaciones y pensiones a sus afiliados”, contó el presidente de la institución.

La ley establece que la actualización de los aportes se hará por el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) más un 4% anual, no aplicando el Código Tributario.

Además, se propone la posibilidad de hacer convenios en hasta 120 cuotas reajustables semestralmente; y la posibilidad —opcional— de que los afiliados puedan bajar de categoría en forma retroactiva. Se plantea, a su vez, un descuento adicional por pago contado.

De este modo, la ley de facilidades de pago tendrá dos opciones: la cancelación por pago único o cancelación realizando un convenio de hasta 120 cuotas mensuales.

La solicitud podrá hacerse una vez promulgada la ley como tal, el sitio web de la institución www.cjppu.org.uy.