La actividad se desarrolló este martes 13, en el salón de actos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Estuvieron presentes el titular de esa cartera  Raúl Lozano, y su par de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat. Fueron acompañados por el subsecretario del MVOT, Tabaré Hackenbruch; el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Klaus Mill, y la directora nacional de Integración Social y Urbana, Florencia Arbeleche.

En esta primera instancia, 12 familias de militares en actividad que viven en asentamientos de diferentes localidades de Uruguay fueron beneficiadas con la compra de vivienda usada, gracias a un convenio marco firmado el 18 de agosto de 2023 por las referidas secretarías de Estado. “Los organismos trabajamos fuertemente para poder materializar el acuerdo, y hoy tiene sus primeros resultados”, destacó Lozano. 

Además, explicó que los participantes seleccionarán sus viviendas, previa inspección de los técnicos del MVOT, en el barrio o localidad que elijan y según los montos otorgados. La administración culminará con soluciones habitacionales para 120 asentamientos,  indicó el jerarca.

Castaingdebat, en tanto, resaltó la rapidez con la que trabajaron los ministerios para concretar los primeros accesos de efectivos militares a viviendas. En ese sentido, aseguró que se realizó un diagnóstico de situación de las tres fuerzas en menos de tres meses y que esto permitió conocer que unos 4.000 militares en actividad o retirados viven en condiciones de precariedad y 56 familias, en zonas inundables.

Por ello, se implementaron ajustes en el convenio marco para lograr soluciones habitacionales y se espera que en dos meses se abarque a 200 efectivos y sus familias, aseguró. Añadió que el objetivo es extender, más adelante, el beneficio a personal retirado.

“Nos propusimos un objetivo ambicioso y justo: tratar de que ningún oficial viva en condiciones de precariedad o irregulares, y hoy es un gran paso hacia esa meta”, afirmó.  Asimismo, consideró que esto se puede conseguir gracias a la voluntad política, el compromiso institucional y la capacidad técnica de las organizaciones involucradas.