La iniciativa del presidente de la República para modificar la Ley 19.580 de violencia basada en género, ha sido cuestionada por todas las voces calificadas y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección de los derechos de las víctimas. Hay coincidencia en valorar que dichos cambios favorecen a quienes ejercen abusos desde la impunidad del poder.
La politóloga especializada en violencia y género, Soledad González, habló de los retrocesos y amenazas que se ciernen sobre los derechos de las víctimas, particularmente mujeres, niños, niñas y adolescentes, con la iniciativa legislativa del presidente Lacalle Pou.
¿Por qué considera que los cambios a la Ley 19.580 son "regresivos y benefician a los violentos"?
Porque los nuevos artículos modifican algunos aspectos relacionados a los juicios, concretamente con el acceso de las víctimas a la justicia. Y hablamos específicamente de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Esto desde una nueva amenaza sobre la instalación de una falsa verdad, que pretende afirmar la existencia de numerosas denuncias falsas. Hablan de denuncias falsas y eso lo repiten incansablemente pero no hay datos ni evidencia de ello. Esto no quiere decir que no se haya investigado, sino que quienes han investigado, no han comprobado que existe una realidad de denuncias falsas que haya que atacar. Un informe elaborado el mes pasado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para la Cámara de Representantes, analiza la aplicación de la ley y sostiene casi textualmente que ellos no encuentran que haya un problema significativo con denuncias falsas. Hay otros retrocesos además, como por ejemplo en relación al testimonio de niños, niñas y adolescentes (NNA) a la hora de la carga probatoria. Por ejemplo, en actos sumamente delicados y graves como el abuso sexual infantil, se desprotege a la infancia, dejándole la puerta abierta a los abogados de los acusados para amedrentar o cuestionar el testimonio de NNA, cuando muchísimas veces ese testimonio es prácticamente la única prueba que tenés de lo que están viviendo o han vivido.
¿Y en qué punto los abogados pueden amedrentar?
En el tema de la prueba. En la redacción original de la ley se indica que ningún tecnicismo podrá cuestionar el testimonio de los niños. Pero ahora quitan esa frase y dicen que los abogados podrán presentar consideraciones técnicas. Esto abre una puerta peligrosa. Y en lugar de fortalecer a la parte débil -que sin duda es la infancia- se le da una carta blanca a los defensores de los acusados de abusar sexualmente a las infancias. Pero hay otro tema grave que es el artículo 4 que habla de la reparación a las víctimas luego de un juicio penal. Es cuando se establece que los condenados tienen que pagarle 12 sueldos -del último sueldo que percibieron- para reparar patrimonialmente a la víctima. Esto se aplica básicamente en delitos sexuales. Y el presidente de la República lo quita. Entonces, lo que fue una conquista y avance en materia de derechos y reparación a las víctimas, ahora se transforma en otro obstáculo. Para cobrar cierta reparación económica como víctima, tendrá que hacer un nuevo juicio pero por la vía civil, luego de que haya una condena. Entonces, todos los cambios van en la misma dirección y no hay ningún punto que sea a favor de las víctimas, sino todo lo contrario: todos los artículos nuevos son a favor de los acusados, tanto de violencia como de agresiones sexuales.
¿Qué peso tiene el pronunciamiento del colectivo de abogados penalistas?
Tiene un peso específico porque además la gente en general no sabe que los abogados penalistas trabajan –fundamentalmente- en la defensa de los acusados. Obviamente que ese es el rol que tienen los abogados privados y claramente, todas las personas tienen derecho a la defensa, no importa si son acusados o culpables. Eso está bien, es correcto, es el Estado de Derecho. Lo que digo es que utilizan como en el imaginario social una agrupación de abogados penalistas, que suena como muy importante, para instalar una verdad que en realidad está directamente vinculada con sus intereses como defensores de acusados.
¿Por qué cree que el presidente presenta las modificaciones en este momento político?
Más allá que se termina su mandato, hay algunos juicios por venir muy importantes como los de los acusados de Operación Océano y un juicio bastante grande que tendrá que enfrentar el ex senador Gustavo Penadés. Estas modificaciones juegan a favor de todos estos acusados poderosos. Es la única explicación que encuentro para que a pocos meses de terminar la legislatura, en el año electoral, presente un proyecto de ley que no responde a ningún interés público, porque no hay ninguna alarma de nada y por el contrario, beneficia a algunas partes muy concretas.
¿Qué lectura hace de las formas que rodean las discusiones sobre esta ley?
Creo que en general hay un clima de época contra las mujeres y contra el feminismo. La ultraderecha está empoderada, crece en el mundo, crece con un discurso antifeminista y conservador con respecto a las mujeres y a las disidencias sexuales. Y creo que eso está alimentado por una forma agresiva, crispada, de cortar el diálogo todo el tiempo. Cuando en un espacio que se supone es para el diálogo te gritan, te interrumpen todo el tiempo, en realidad es imposible intercambiar ideas. Creo que en realidad esto sucede porque en el fondo saben que la razón no está de su lado. Lo que sí está de su lado es lo irracional, entonces la manera que utilizan para neutralizar discursos racionales y una argumentación racional o lógica de las distintas posiciones que puede haber, para comprender un problema social, es invalidar al otro. Es atacar siempre a los mensajeros, cortar toda posible discusión argumentativa y pasar todo el tiempo a la agresión personal y a la descalificación. Las feministas lo sufrimos desde siempre, y es importante recordarlo ya que tampoco es una novedad. Yo aparezco nombrada en todos lados como una militante feminista, cosa que soy y me enorgullece. Pero también soy una profesional especializada, que he estudiado y sigo estudiando. Tengo escrito y publicado un primer libro -hace 12 años- sobre la violencia de género y sexual en el terrorismo de Estado. No soy una opinóloga que dice cualquier cosa, ni utilizo otro tipo de recursos. Y por estos días veo que la manera de nombrarme es intentando disminuir mi profesionalismo. A nosotras se nos etiqueta para desechar nuestros argumentos. Esa es la técnica que usa la ultraderecha y eso está de moda. Y como además, hay presidentes que han ganado elecciones diciendo disparates, hay mucha gente que dice disparates porque cree que de esa forma puede llegar a ser presidente.
Acá se ha sospechado incluso de quienes dedicaron cientos de horas a llevar adelante una olla o merendero para aliviar el hambre de compatriotas, mayoritariamente mujeres y NNA.
Hay un desprecio por todo lo colectivo, por la solidaridad. Hay quienes no entienden que hacer algo por los demás nos hace mejores personas y hace mejor nuestra vida en sociedad. Actualmente, hay un desprecio muy profundo por parte de algunos hacia la gente más humilde, hacia las mujeres más humildes. Lo que pasó con las ollas populares fue de una gravedad enorme. Acusar a gente que está cocinándole a las personas que no tienen para comer en este país, de robar un kilo de arroz o un paquete de fideos, es muy vil. Ese desprecio que ahora se vuelve a enfocar sobre mujeres, sobre NNA, sobre las personas más necesitadas del país, es indignante, es muy vil.
(*) entrevista extraida de www.pitcnt.uy/