A través de una investigación periodística, en las últimas horas tomaron estado público los chats entre el presidente de la República y su entonces jefe de seguridad, Alejandro Astesiano, que dejan en evidencia un seguimiento ilegítimo sobre el presidente del PIT-CNT.

Que un primer mandatario asuma estar al tanto del uso del Estado para realizar investigaciones irregulares a un dirigente sindical es uno de los hechos más serios que hemos vivido en los últimos años.

Estas expresiones públicas son sumamente preocupantes en tanto se intenta minimizar lo acontecido, al tiempo que se vuelve a atacar a la Justicia y la libertad de prensa, dos de los pilares de nuestro Estado de derecho y de la democracia.

El presidente reconoció que había recibido la información sobre el operativo, lo que implica admitir que dio seguimiento a la iniciativa de su jefe de seguridad para perjudicar a un ciudadano. Manifestó que tiene «la conciencia tranquila» y está dispuesto a «ir a la Justicia» si alguien lo acusa, una situación que constitucionalmente solo puede darse desde el Parlamento con mayorías especiales, de alcance imposible en las circunstancias actuales. Y finaliza sus descargos cuestionando al periodismo y a la Fiscalía.

En ninguna de sus expresiones condena la actuación de Alejandro Astesiano. Sin embargo ataca y acusa a los mensajeros y a los únicos responsables de investigar.

Los hechos señalados se apartan de nuestros valores democráticos y del respeto por el Estado de derecho. Los uruguayos no podemos desentendernos de la profundidad de la erosión institucional que implica normalizar este tipo de acciones. No es una opción mirar para el costado ni tampoco responder motivados por la excitación o la victimización. 

Momentos como este ponen en juego la seriedad de nuestro país, la salud de las instituciones y los valores fundamentales de nuestra convivencia democrática.  

Asumamos que enfrentamos un hecho grave. Porque se ejerció el poder del Estado con el fin de realizar pesquisas secretas que —todo indica— estaban destinadas a  perjudicar a un dirigente sindical y dañar así a la organización de los trabajadores. Porque se ha intentado minimizar la responsabilidad de la Presidencia de la República. O aún peor, porque se volvieron a instalar prácticas que creíamos erradicadas.

Como sindicato, expresamos nuestro rechazo y preocupación frente a dichos sucesos. La situación exige que el sistema político exprese estos sentimientos. Es imprescindible que todos los actores políticos —candidatos presidenciales y dirigentes— se manifiesten en forma clara para rechazar cualquier tipo de abuso o prácticas totalitarias. Deberíamos estar escuchando, de parte de aquellos que tienen o puedan tener una responsabilidad institucional, un mensaje terminante de que el Gobierno nunca puede usar sus medios y su poder para perseguir ciudadanos con fines políticos.

Esperemos que el espíritu republicano se abra paso.

AEBU (Asociación de Bancarios del Uruguay)