El Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía del Uruguay (SITRAFU) manifestó que el chat de marzo de 2023 entre el entonces presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y el ex senador Gustavo Penadés, en el que Iturralde habla de presiones a los fiscales, “son acciones que dañan la democracia”, “lesionan la institucionalidad” y “repercuten en los derechos de la ciudadanía”, ya que limitan el accionar de la Justicia.
Tras conocerse el chat entre Iturralde y Penadés, la Comisión Directiva de SITRAFU emitió una declaración en la cual manifiesta que, con tales sucesos expuestos por la prensa,queda en evidencia una vez más que poderosos actores políticos vinculados al actual Gobierno pretenden influir en la Justicia a través de presiones a la Fiscalía.
El sindicato de los funcionarios de Fiscalía denuncia, asimismo, que en la actualidad el organismo continúa con una “alarmante” falta de personal, contando con “apenas 393 funcionarios no fiscales para todo el país, e insuficientes recursos para el funcionamiento”, situación que han reclamado ante el Parlamento en las sucesivas Rendiciones de Cuentas.
Recuerdan que llevan más de dos años sin un Fiscal de Corte porque el sistema político “no ha logrado un acuerdo para designar al próximo titular”, lo cual perjudica enormemente el funcionamiento del organismo, máxime cuando en este período se han recibido “constantes presiones” para que renuncie el fiscal general de la Nación (subrogante), Juan Gómez.
El gremio manifiesta que, en todo este contexto de “debilitamiento institucional”, en los últimos años han presenciado sucesivos ataques que comenzaron con “el cuestionamiento al Código del Proceso Penal (CPP), y luego avanzaron pretendiendo instalar un relato que presenta a la Fiscalía y a sus funcionarios como actores politizados”.
“Estas constantes acciones dañan profundamente la democracia, lesionan la institucionalidad, y repercuten directamente en los derechos de la ciudadanía, ya limita el accionar de la Justicia”, asegura SITRAFU.
Comparable a una ‘barrabrava’
Jonathan Núñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía del Uruguay (SITRAFU), dijo al Portal del PIT-CNT que todo el embate contra la Fiscalía comenzó con una fuerte oposición al CPP. Luego se pasó a un “ataque” hacia las personas y funcionarios, lo que llevó a que la Asociación de Fiscales presentara una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas por las “presiones de cierto sector de la política, vinculados al gobierno, respecto a crear un relato que posiciona a los fiscales como politizados y que estarían actuando en contra de determinadas personas que serían víctimas de esa politización”.
“Esto lleva a que si una persona es formalizada por alguna situación delictiva, puede especularse que lo es por un trasfondo político y no porque exista evidencia para su formalización, como por ejemplo lo ocurrido con el ex senador Gustavo Penadés”, reflexionó. “Si una persona o sector político crea un relato, podrá salirle bien o no, pero la intención es que ese relato le favorezca, ya sea políticamente o ejerciendo presión hacia los fiscales. En definitiva, es una dinámica que puede compararse con la actitud de una ‘barrabrava’ que intenta influir en un árbitro”, lamentó Núñez.
Aseguró que existen formas de “modificar el centro de la atención” y remarcó que para los trabajadores, que no son fiscales, también se genera una situación compleja.
“Las presiones en cuanto a las filtraciones generan un clima adverso para trabajar, porque una vez que la información se entrega a los abogados o a las diferentes partes, se pierde el control de esa información que puede ser utilizada con fines políticos o no. Queda la mancha de que algún funcionario la haya filtrado, y eso agrega presión diaria sobre los trabajadores, sumándose a las malas condiciones laborales y la falta de personal”, expresó.
Dijo que tanto el Sindicato de Trabajadores de Fiscalía como la Asociación de Fiscales intentan manifestar este tipo de problemáticas a través de comunicados públicos y también en el sistema político.
“Existen cuestiones que erosionan la independencia técnica de un organismo que debe ser lo más neutral posible respecto a la ciudadanía. Eso termina generando que el ciudadano que sea eventualmente víctima de alguna persona vinculada al poder sienta total indefensión, porque considera que los poderosos tratan de influir para su propio beneficio”, puntualizó Núñez.
(*) fuente: PIT CNT