La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (O.Fu.Ci.Pe) se pronunció en desacuerdo con la idea de algunos funcionarios de la Unidad 5 de la Cárcel de Mujeres, que busca prohibir a través de un habeas corpus, el “ingreso de personas privadas de libertad a la única Cárcel de Mujeres en Montevideo”.
Según un comunicado emitido por el sindicato, en la tarde del 5 de setiembre de 2023, la alternativa sólo traslada “un problema de la Unidad 5 a otras unidades, y por ende, afectaría a otros compañeros y compañeras” de todo el país, sin solucionar la situación de fondo. 
El comunicado, firmado por el presidente de O.Fu.Ci.Pe, Juan Nolasco Quevedo, y el secretario general de la organización sindical, Jonatan Perdomo Curbelo, señala que los “establecimientos alternativos a los que se podrían trasladar a las mujeres no cuentan con la seguridad necesaria”. Además de que “para las mujeres privadas de libertad, esto podría significar, en muchos casos, alejarse de sus vínculos familiares, lo que dificultaría enormemente la posibilidad de recibir visitas” algo que atentaría aún más contra la calidad de vida de las reclusas. 
Consultado por la situación, el presidente del sindicato señaló que sería “fundamental contar con un presupuesto propio que atienda la infraestructura, los materiales de trabajo, los uniformes, algo de lo que adolece la Unidad número 5, donde algunos compañeros presentaron el reclamo en forma de un habeas corpus; se trata de una situación problemática que existe en todo el país”. 
A su vez, señaló que el procedimiento deja dudas ya que “no hay nada en el presupuesto nacional que atienda la situación de otros centros de reclusión”. 
Nolasco señaló que “las cárceles del interior del país no están preparadas para alojar a las presas que están recluidas en la Unidad Número 5 de la cárcel de mujeres, unidad en la que se encuentran recluidas personas que necesitan fuertes condiciones de seguridad. No se pueden enviar más reclusas a cárceles que no tienen la seguridad necesaria para atender a las personas privadas de libertad.”
Según el presidente de O.Fu.Ci.Pe, los traslados generarían “dificultades para las familias de las presas y para las presas a quienes se les dificultaría recibir visitas; además de que las alejaría del entorno familiar, lo que implicaría, por ejemplo, un esfuerzo extra en cuestiones básicas como el envío de encomiendas, por parte de sus familiares, a las reclusas”. 
Asimismo, señaló que “las condiciones que se pretenden terminarían por hacer más difícil el trabajo de funcionarias y funcionarios. Los compañeros presentan el habeas corpus basados en una problemática que ellos están viendo, pero no observan las diferentes problemáticas que pueden surgir para las reclusas, las familias y los trabajadores del sistema penitenciario si el recurso sigue favorable y no es apelado por el Ministerio del Interior.” 
El comunicado de los funcionarios civiles penitenciarios culmina su reclamo haciendo hincapié en que “en lugar de seguir aplicando soluciones parche a un problema urgente es hora de abordar estas cuestiones con celeridad. La situación exige una acción concreta y sostenible en lugar de medidas superficiales”.