Este martes 29 de agosto se realiza la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Será en el salón del anexo del Palacio Legislativo. Por la Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad de Soriano concurrirán Ramón Hernández y Sergio Frantchez quienes respaldarán la carta impulsando un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por entender que la elección de las actuales autoridades fueron electas por cuota política y no se respetó el espíritu y el contenido de la ley que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos.
La declaración será leída en la misma Asamblea por parte de SERPAJ.
El texto completo de esta declaración es el siguiente:
Organizaciones de Derechos Humanos de Uruguay participante de la Asamblea anual de Derechos humanos
Las organizaciones que elaboramos esta declaración tenemos una larga trayectoria de trabajo en torno a la construcción y desarrollo de la agenda de derechos humanos en el país.
Fuimos impulsores de la creación de una institucionalidad independiente del poder político que bregara por la defensa irrestricta de los derechos humanos y oficiara de mecanismo de vigilancia para su cumplimientos. Por ello impugnamos la metodología elegida para la elección de la actual directiva de la Institución, en el entendido de que, como establece la Ley de creación (18.446) los postulantes deben ser propuestos por organizaciones sociales habilitadas a participar en las asambleas nacionales de derechos humanos.
La Asamblea es el mecanismo previsto en la Ley Nº 18.446 para la participación de las organizaciones sociales, organismos gubernamentales y otras entidades. Tal como expresa el Documento de Convocatoria a la Asamblea del 2023 este es "un espacio de reflexión, participación e intercambio que permite aportar a la agenda de derechos humanos del país y visibilizar los avances y las dificultades para garantizar los derechos y su ejercicio pleno. A la vez es un momento de encuentro entre Estado y sociedad civil para intercambiar y dialogar sobre estos asuntos".
Entendemos por tanto, que la propuesta temática prevista para esta instancia, limita el análisis de la situación de los derechos humanos en el país, en particular el incremento de personas en situación de calle, el aumento de la población carcelaria y sus condiciones de reclusión, la crisis hídrica, el derecho humano al agua, y al cuidado, los femicidios y la falta de recursos para su prevención, la criminalización de la protesta, la inseguridad alimentaria de una parte de nuestra población, la violencia estatal y la ausencia de protección en centros de acogida para adolescentes, entre otras temáticas graves.
La asamblea anual debería ser un momento de análisis acerca el efectivo cumplimiento de los derechos humanos desde una perspectiva integral, habilitando el intercambio entre diversos actores participantes sobre las preocupaciones visualizadas desde las organizaciones y entidades de derechos humanos.
Asumimos con preocupación las denuncias formuladas por el Mecanismo Nacional contra la tortura en relación al Centro Tribal y el silencio público de la Institución Nacional de Derechos Humanos frente a la ausencia de respuesta de las autoridades.
La INDDHH y Defensoría del pueblo tiene entre sus cometidos centrales; el control de la acción estatal, la habilitación a la denuncia de quienes sienten que sus derechos han sido vulnerados, y el cumplimiento irrestricto de todas las responsabilidades otorgadas en el marco jurídico de sus competencias entre las cuales se encuentra la búsqueda de los detenidos desaparecidos. En tanto colectivos sociales de distintos perfiles y ejes temáticos entendemos que esa búsqueda es una demanda imprescindible de nuestra democracia. Queremos expresar nuestro reconocimiento específico al perseverante trabajo del equipo de búsqueda en su autonomía técnico.
Compartimos el reclamo formulado por el sindicato de trabajadores de la Institución en el sentido de reforzar el trabajo en las áreas con personal idóneo presupuestado y no con pases en comisión.
Formulamos estas consideraciones con la legitimidad de nuestras extensas y variadas trayectorias y en la defensa de una institucionalidad estatal imparcial y comprometida con los derechos humanos.
Siguen Firmas