La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) y la Fundación Braille del Uruguay (FBU) preparan la impresión de los primeros 100 ejemplares de la Constitución de la República en sistema Braille, los que serán repartidos en bibliotecas e instituciones públicas de todo el país. 

El objetivo de las partes es “mantener vivo el sistema de lectoescritura de Braille”, dirigido a personas ciegas, al tiempo que lo es la entrega de materiales accesibles que redunden en la adquisición del “conocimiento normativo para dar a conocer los derechos y obligaciones”, según dijo el director, Fernando Abellá. Y añadió: “La distribución de estos materiales nos parece clave para incentivar la construcción de ciudadanía y de democracia”.

Las personas ciegas y con baja visión en todo Uruguay contarán con una Constitución impresa y accesible. De esta manera, no solo se pretende llegar con el material a liceales sino también a los estudiantes de Derecho. La presidenta de la FBU, Carla Trivelli, indicó que, “si bien hay muy poca gente con discapacidad visual que llega a estudios terciarios, en las áreas donde hay más son en abogacía y psicología”, por lo que “todo lo relativo a leyes les va a aportar muchísimo para su estudio”.

En este sentido, la especialista reivindicó la importancia del sistema táctil: “No es igual la incorporación del conocimiento escuchándolo que leyéndolo. Es el caso de las leyes, del estudio del idioma español y de lenguas extranjeras, del estudio de la musicografía, de las ciencias duras como la matemática y la física. El Braille es imprescindible y, hasta el momento, es insustituible”.

Abellá adelantó que continuarán con la producción de otros materiales jurídicos. Entre ellos, en lenguaje jurídico claro. Esta iniciativa se inserta en el proceso de modernización institucional que lleva adelante el IMPO, el que ha asumido desafíos en tres rubros principales: discapacidad, educación y medio ambiente; y que tiene acciones previstas para los próximos meses.

Respecto al primero, la producción de textos en Braille y en Macrotipo (sistema para personas con baja visión) es una de las tareas que asumió una comisión de trabajo que, además de representantes del IMPO, está integrada por personas con diferentes discapacidades como asesores. “Uno de los grandes problemas con las políticas sobre discapacidad es que muchas veces no se tiene en cuenta a las propias personas; no se las hace parte del proceso de decisión y de cambio”, explicó Abellá.

En este sentido, IMPO y la Red de Empresas Inclusivas participan del proyecto “Estamos a tiempo” para la construcción de una biblioteca digital para estudiantes ciegos o con baja visión para que accedan a textos educativos en formato digital y/o en audiolibros. Ahora IMPO prepara la impresión de los primeros 100 ejemplares de la Constitución de la República en Braille y se prevé que se continúe la tarea con otros materiales jurídicos. Estos serán repartidos en bibliotecas e instituciones públicas de todo el país. 

Por día, la imprenta de la FBU completa 15 libros correspondientes a la Carta Magna. La tapa es a color; el resto son páginas blancas y duras para soportar el relieve. 

“En el aprendizaje de cada día descubrimos la importancia del Braille. Vimos que los avances tecnológicos hacen que se vaya perdiendo, así que nos pareció muy importante crear material en ese formato. Obviamente este es un primer paso. Se necesita mucho trabajo, esfuerzo y coordinación con otros organismos para que esto realmente tenga un impacto grande en el país”, afirmó Abellá.

Por su parte, Trivelli añadió: “Esta iniciativa disminuye las brechas gigantes que existen entre los materiales convencionales y los accesibles”. 

Otros proyectos

Para garantizar la accesibilidad a distintos materiales jurídicos, IMPO trabaja estrechamente con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), con distintos consultorios jurídicos de Montevideo e interior del país y con intendencias. “Trabajamos con ellos en la formación de nuevos servicios que vamos a prestar; pronto van a tener novedades”, adelantó el director. En este sentido y con el objetivo de la modernización institucional, se sumará a la Facultad de Ingeniería de la Udelar en un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la digitalización y divulgación de contenidos.

“La digitalización abarca mucho más de lo que uno comúnmente se imagina. Debemos preservar la normativa que, en muchos casos, se está perdiendo por el deterioro natural y no está en condiciones adecuadas en formato papel. Todo ese trabajo de rescate de normativa es muy importante y seguimos apuntando a ese camino”, dijo Abellá.

Y concluyó: “Conocer nuestros derechos y obligaciones nos hace libres. Y por supuesto, es necesario para fomentar y cultivar una ciudadanía activa y participativa”.