El IMPO ingresó a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, impulsada por la Real Academia Española (RAE), que busca “fomentar el lenguaje jurídico claro y accesible para toda la ciudadanía”, con el objetivo de que cualquier persona sin formación en derecho pueda entender más fácilmente las normas.
A través de la Red, las instituciones trabajan conjuntamente en iniciativas, proyectos y medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro y accesible en los organismos del Estado, en las instituciones públicas o privadas y en todos los ámbitos de la comunidad hispanohablante.
El director general del IMPO, Fernando Abellá, destacó el ingreso a esta red y lo consideró como “muy importante”. Resaltó también el hecho de ser reconocidos como uno de los organismos pioneros en comenzar a trabajar en materia de lenguaje claro y felicitó a los trabajadores del Banco de Datos del IMPO que fueron los que hicieron posible ese hecho.
Abellá contó que en 2021 ya habían trabajado con la Real Academia Española en la firma de un acuerdo sobre distintas tecnologías para aplicar en distintos formatos y dijo que este ingreso a la red es “un honor y un reconocimiento para la institución por su trabajo en materia de lenguaje ciudadano”.
Al formar parte de esta Red, desde el IMPO se buscará crear distintas políticas de difusión y desarrollo. “La Red Panhispánica de Lenguaje Claro, precisamente, lo que hace es convocar a distintas organizaciones de los distintos países miembros para poder trabajar, elaborar distintas políticas, productos en materia de lenguaje ciudadano y también fomentar el uso en los distintos estamentos del Estado”, indicó el director general de la institución.
Asimismo, agregó que la Red tiene como fin “juntar las experiencias de los distintos países e implementar políticas en distintos organismos”. Y puso como ejemplo lo que sucede en materia judicial con las sentencias. “Muchas veces es difícil para la persona comprender qué es lo que falló un juez en un proceso que le concierne. La idea, en ese caso, es poder implementar medidas para que las personas puedan entender ese lenguaje jurídico de forma efectiva y clara para conocer sus derechos y obligaciones”, afirmó Abellá.
Lo mismo, contó, ocurre a nivel legislativo en el tema de la normativa. “Con el lenguaje claro se busca que la ciudadanía pueda conocer qué derecho le está brindando la norma y a qué le obliga”, explicó.