La jueza en lo Penal de 23° Turno, Dra. Isaura Tórtora, rechazó esta semana un pedido de la defensa de dos militares procesados para levantar el secreto profesional del periodista Roger Rodríguez en la causa judicial por la muerte de Oscar Fernández Mendieta, asesinado por torturas en el Batallón de Caballería N° 2 de Durazno el 24 de mayo de 1973, un mes antes del golpe de Estado.
En la audiencia realizada el jueves 8 en la sede de la calle Bartolomé Mitre, los abogados de los oficiales retirados capitán Alberto Ballestrino y mayor Gustavo Mieres Ultra, reclamaron a la jueza que liberara al periodista del secreto profesional para identificar a la fuente militar que en 2009 los señaló, junto al ya fallecido coronel Daniel Blanco Fanocchio, como responsables de la muerte.
Rodríguez publicó en el diario La República el 25 de enero de 2009 una investigación periodistica en la que un ex soldado, quien revestía en la unidad militar, rompió el "pacto de silencio" sobre los crímenes de la dictadura y narró lo sufrido por Fernández Mendieta, un joven de 26 años, con su esposa embarazada, quien militaba en el entonces legal Partido Comunista Revolucionario (PCR).
"Núñez lo fue a buscar. Lo trajo de la chacra donde vivían los Fernández Mendieta. Lo llevó al cuartel. Al sótano. Había agua en el piso. Le dio la biaba y se fue, pero había quedado bien... Después vinieron los otros. Eran muy jóvenes. Ballestrino, el hijo del general, Mieres y Blanco. Le dieron la máquina y se les fue. No sabían hacerlo. Se asustaron. Lo subieron a la enfermería. Blanco le hizo respiración boca a boca... Ya estaba muerto...", narró el soldado.
La investigación periodística derivó en una denuncia ante la fiscal Ana María Telechea, quien inició un proceso judicial en el que pruebas y testimonios recogidos a lo largo de 14 años terminaron por confirmar lo publicado. En agosto de 2021 Ballestino y Mieres fueron procesados con prisión por los delitos de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autores y abuso de autoridad contra detenidos.
Iniciada la etapa sumarial los defensores Emilio Mikolic y Graciela Figueredo citaron al periodista para que revelara la identidad de su informante, pero se opusieron la representante de la fiscalía, Mariela Suárez y el abogado de la víctima, Pablo Chargonia. "...tiene todo el derecho a no dar ninguna información acerca de las fuentes que le proporcionaron la información que luce el expediente", dijo el ministerio público.
El periodista recordó que ya ha sufrido esa presión a través de amenazas y causas judiciales, en las que se negó a identificar a sus informantes. "Lo que el testigo dijo implicó romper el pacto de silencio que, hasta 2009 habían sostenido los represores y asesinos de la dictadura; y él se arriesgó, como otras fuentes mías, y del mismo modo asumo todas las consecuencias de sus dichos, que hago propios al escribir y firmar mis artículos. No es discutible, las fuentes se reservan, sin fuentes protegidas no hay periodismo...", declaró.
En su Decreto N° 892/2023, la jueza Tórtora sentenció: "Atento a los motivos esgrimidos por el señor periodista y los fundamentos de derecho establecidos en el dictámen fiscal que precede y, asimismo, en las manifestaciones de la defensa de las víctimas, cuyos fundamentos se comparten en su totalidad, se provee: al levantamiento del secreto profesional, no ha lugar".
LA INVESTIGACIÓN
- https://www.lr21.com.uy/politica/350326-el-hijo-de-ballestrino-y-alumnos-del-soa-mataron-a-fernandez-mendieta-en-1973
- https://www.lr21.com.uy/politica/350327-burda-maniobra
- https://www.lr21.com.uy/politica/350328-infarto-politraumatizado
- https://www.lr21.com.uy/politica/350329-a-ella-tambien-la-torturaron
- https://www.lr21.com.uy/politica/350330-wilson-se-practica-la-tortura
- https://www.lr21.com.uy/politica/350332-responsables