Frente a la nota publicada en Agesor y ante la inquietud que la misma generó en el Cuerpo Fiscal de Dolores - que al momento se encuentra integrado por la suscrita Dra Ana Martínez y el Dr Victoriano Gómez - nos vemos en la necesidad de realizar las siguientes manifestaciones en pro del derecho a la información de la población a la cual dedicamos nuestra función.
Corresponde señalar en primer lugar que entre la Fiscalía y los integrantes del Cuerpo Policial tanto las autoridades como quienes desempeñan tareas en las distintas Seccionales de nuestra jurisdicción existe un excelente relacionamiento.
Que precisamente su dedicada labor y el trabajo mancomunado ha posibilitado el esclarecimiento de múltiples hechos ilícitos en nuestro medio con las consecuentes condenas aplicadas a sus autores. Al respecto nos remitimos a la amplia difusión que nuestro trabajo ha tenido tanto en este medio como en otros medios locales y nacionales.
Incluso estando acéfala la titularidad de la Fiscalía y por ende con un integrante menos, el equipo ha procurado redoblar el esfuerzo para que ello no afecte el servicio brindado a la población.
Se desconoce quién o quiénes serían los policías que sienten y manifestaron que su labor no resulta respaldada, no es lo que nos transmitieron las autoridades policiales con quienes nos reunimos en el día de hoy a dialogar, a saber; Sr Jefe de Zona Comisario Martín Villalba – Oficial Pierino Andriolo y Sub Oficial Mayor Jesús Osores. Asimismo se los invita a coordinar con el Equipo una reunión a efectos de dialogar al respecto en procura de propuestas constructivas sabiendo desde ya que cuentan con todo nuestro apoyo si desean plantearlas.
Cabe aclararle a la población que una vez que un hecho delictivo se esclarece en el ámbito policial existe un trabajo posterior que debemos realizar los Fiscales, tales como, controlar las evidencias recabadas, organizar los hechos, encuadrarlos en los delitos que configuran, entre otras, para llevar la causa a la Justicia de forma que la misma prospere. Ello en honor a las garantías del debido proceso y los requerimientos normativos que deben cumplirse a fin de arribar a soluciones satisfactorias para la seguridad de la población.