El Comité Central del Partido Socialista, reunido el día 4 de marzo de 2023, discutió sobre la situación social y política del país, así como sobre los desafíos que enfrentaremos las y los socialistas, el Frente Amplio y el conjunto del movimiento popular en los próximos meses.

Hacemos públicas, a través de este comunicado, las principales reflexiones y resoluciones sobre los diversos temas abordados.

1. TRES AÑOS DE UN GOBIERNO DE RICOS Y PARA RICOS

El 1° de marzo se cumplieron tres años del gobierno encabezado por el Presidente Lacalle Pou. El balance de este período es negativo para la enorme mayoría de la población y positivo para un pocos. La explicación de esta realidad no es la impericia o desorientación del elenco gobernante, por el contrario, en lo que refiere al modelo económico y social, el gobierno sabe lo que hace y para qué lo hace, lo cual agrava su responsabilidad.

• Desde el Partido Socialista hemos denunciado de forma sistemática la crisis social que atraviesa el país. Una de sus expresiones más dramáticas en la proliferación de ollas populares en todo el país, tristemente penalizadas y estigmatizadas por la brutalidad gubernamental que pretende tapar el sol con un dedo. Las ollas son un verdadero grito de los barrios, pueblos y comunidades, que buscan responder con solidaridad y organización a una necesidad imperiosa de su gente. Así lo han comprendido la gran mayoría de las y los uruguayos, sus organizaciones sociales y también los gobiernos departamentales del Frente Amplio con sus políticas de apoyo, pero no el gobierno nacional.

• La caída de salarios y jubilaciones en relación a los precios, con pérdidas que la política salarial no prevé devolver, la situación de muchos trabajadores y trabajadoras con empleos precarios y salarios de miseria, la pobreza y la marginación, tienen como contracara la acumulación obscena de riquezas en pocas manos.

En estos años la economía creció de manera importante (la expansión estimada es de 3,5% respecto de 2019). Sin embargo, consecutivamente durante los tres años, la caída de los salarios fue incluso mayor que el crecimiento económico (3,7% de pérdida respecto de 2019). Esta caída ha generado un efecto del mismo signo sobre las jubilaciones medias, lo que - sumado a la inexistencia en 2021 y 2022 de un aumento adicional a las jubilaciones mínimas - provocó un impacto muy negativo sobre el el valor real de las jubilaciones y pensiones.

• El gobierno pretende instalar la idea de que la pérdida de ingresos de los trabajadores y trabajadoras fue el precio que debimos pagar para sostener y recuperar el empleo. Esta afirmación debe ser desmitificada: el empleo volvió al nivel de 2019 pero la creación de puestos de trabajo aún está lejos de compensar la caída salarial. Por ello la masa salarial (el ingreso de la clase trabajadora) se redujo, lo que significa que hubo concentración de la riqueza. Sólo en 2022 la clase trabajadora perdió mil millones de dólares. El crecimiento del empleo es sustentado en muy bajos salarios y, al mismo tiempo, es explicado en su mayor parte por los jornales solidarios y por obras de infraestructura que culminan este año. O sea su perspectiva es incierta.

• La política gubernamental, tanto por su componente económico como por los retrocesos en materia de derechos, tiene además un impacto especialmente negativo sobre las mujeres, la población afrodescendiente y las generaciones más jóvenes, así como sobre otros colectivos históricamente vulnerados.

• Como decíamos más arriba, mientras esto sucede algunos sectores de la burguesía, los más concentrados y poderosos, se han visto beneficiados por múltiples decisiones y políticas de la coalición liberal-conservadora que nos gobierna. Esta es la verdadera explicación de la crisis que vivimos las mayorías: la fiesta de unos pocos.

• La lógica que ha predominado en estos tres años es la del auto-beneficio. Se trata de un gobierno de ricos y para ricos. Esta realidad supone una forma de corrupción estructural. Por si faltara evidencia el escándalo de la entrega del puerto de Montevideo a una empresa multinacional por 60 años que el gobierno volvió a festejar junto con sus amigos empresarios hace pocos días, las reiteradas decisiones que benefician a gobernantes o a sus entornos, el clientelismo extendido a lo largo y a lo ancho de todo el país, y ahora el multi-caso que involucra al ex jefe de la seguridad presidencial revelan tramas de corrupción por todas partes. Los presuntos casos de seguimiento a militantes sociales y políticos, y hasta la referencia a datos personales de docentes y de personas menores de edad en conversaciones entre funcionarios con un vinculo privilegiado con las fuerzas de seguridad y con acceso a diversos recursos públicos, además de la actuación individual - absolutamente reprobable - de esos funcionarios, da cuenta de la difusión de un discurso y una mentalidad persecutoria respecto del que piensa distinto. Ese discurso y esas mentalidades alientan y legitiman este tipo de prácticas que hoy avergüenzan al país.

• Como parte de este modelo concentrador, mercadocéntrico y sistémicamente corrupto, el actual gobierno ha desplegado también una fuerte política represiva, con un claro sesgo de clase y con un componente evidente de penalización de la protesta social, que como queda demostrado por la realidad no tiene nada que ver con mejores condiciones de seguridad pública y convivencia. Al contrario, mientras la violencia en los barrios y en la vida cotidiana ha llegado a límites indescriptibles e inadmisibles, queda en evidencia el empoderamiento de cuadros corruptos dentro del Ministerio del Interior y persisten tratos inhumanos y violatorios de los derechos humanos más básicos de las personas privadas de libertad. En relación con los derechos humanos tampoco podemos dejar de mencionar los intentos recientes de concretar iniciativas discriminatorias respecto de la población migrante.

• Para completar el panorama asistimos a acciones permanentes que debilitan o entregan activos públicos, por ejemplo en la gestión de las empresas del Estado. Dentro de esta política se inscribe el denominado “proyecto Neptuno” que viola la voluntad popular plasmada en la Constitución en el año 2004, colocando a actores privados en la potabilización del agua en Uruguay. El proyecto, sobre el que se han dado nuevos pasos en los últimos días, implica enormes costos, garantiza el lucro a los privados en detrimento del pueblo y no garantiza agua segura en los meses de mayor consumo para la población.

• A su vez se han erosionado las capacidades del Estado para atender servicios socialmente relevantes. Entre 2020 y 2021 se han reducido los gastos públicos acumulados en 470 millones de dólares y si bien aún no se ha cerrado el gasto 2022 es probable que el acumulado de recorte de los 3 años supere los 600 millones de dólares. Y lo más relevante es que más de un 90% de los recursos recortados provienen de educación, salud, vivienda, INAU y el Poder Judicial.

• Hay que tener en cuenta que este modelo concentrador y privatizador se consolida como modelo para los 5 años de este gobierno. Y esto es así pues aún en el caso que los salarios volvieran al nivel real de 2019, con un PIB 9% mayor (ese será el aumento de los 5 años) y con un salario que crecerá 0 en el mismo período de tiempo, habrá concentración porque el capital se habrá llevado la diferencia.

• A la vez es evidente que esa transferencia al capital no ha sido para pequeñas y medianas empresas que no han crecido y además se ven afectadas por el deterioro del mercado interno ocasionada por la caída de salarios y jubilaciones, sino para las grandes empresas del capital concentrado en agro, industria, comercio y finanzas tal como muestran los datos de la exportaciones, crecimiento industrial y depósitos en bancos de Uruguay y del exterior de las cuentas más grandes. Es decir, la concentración también se produce a la interna del capital.

• Por si fuera poco el gobierno impulsa una reforma jubilatoria que, de ser aprobada, implicará que las y los trabajadores debamos trabajar más años para ganar menos dinero, y que también afecta especialmente a las mujeres. El proyecto en tratamiento no contempla cambios fundamentales en el mundo del trabajo y sólo beneficia a las administradoras que vienen lucrando con el dinero de las y los trabajadores, y a los mismos sectores del capital ya beneficiados por las demás políticas del gobierno, blindándolos de la realización de nuevos y más justos aportes para sostener un sistema de protección social que beneficie a la mayoría de la población. La movilización social puede parar esta verdadera estafa para las mayorías, este ajuste estructural con efectos de corto, mediano y largo plazo.

• También, y como ya hemos expresado en declaraciones anteriores, está en curso un intento de reforma educativa, de espaldas a las comunidades y a los actores de la educación, y en un contexto de recorte del presupuesto educativo y eliminación de espacios de participación en el sistema. La reforma compra el modelo de organismos financieros internacionales y realiza un viraje filosófico y pedagógico que prioriza el mercado laboral y promueve lógicas adaptativas, renunciando a una mirada crítica del conocimiento, fundamental para una educación emancipatoria.

La verdadera amenaza para la democracia es la imposición de un pensamiento único y el agravamiento de las desigualdades. Confrontar y discutir con honestidad, y sin agravios ni ataques personales, sobre los problemas de fondo del país, ensancha la democracia y evita que la política quede reducida a un élite.

El gobierno debe responder por el deterioro de la calidad democrática del país y por el sufrimiento de cientos de miles de personas que lo habitan, además de por el incumplimiento de numerosas promesas electorales. Nuestro llamado es a movilizarnos frente a tantas decisiones injustas, convencidas y convencidos de que sólo la política de la dignidad, hecha desde la gente común, dialogando, debatiendo y organizándose en cada territorio y espacio público, puede parar este modelo y construir un proyecto de esperanza y cambio profundo para el Uruguay.

2. MES DE LAS MUJERES

En vísperas del Día Internacional de la Mujer y del Paro internacional de Mujeres previsto para este 8 de marzo, volvemos a convocar a la lucha contra las desigualdades existentes entre mujeres y varones, en todos los campos y planos de la vida cotidiana y de la esfera pública, atravesados por la opresión patriarcal. Lo hacemos reafirmando nuestro compromiso concreto ante las situaciones de sufrimiento que esas desigualdades producen, y con el horizonte de una sociedad igualitaria, diversa, justa y sin privilegios de género.

Denunciamos como cada año la emergencia en materia de violencia contra las mujeres, la indignante realidad de los femicidios, la violencia dentro de los hogares y en los ámbitos laborales, las diversas formas de cosificación, abuso y acoso. También la desigual división sexual del trabajo y todas las formas de discriminación, así como la brecha salarial entre mujeres y varones.

Al cumplirse 50 años del Golpe de Estado del ‘73 entendemos imprescindible poner este año un foco sobre la violencia política contra las mujeres, haciendo memoria sobre las múltiples formas de violencia ejercidas sobre nuestras compañeras bajo el terrorismo de Estado, respecto de las que - hasta el día de hoy - en la enorme mayoría de los casos no se ha hecho justicia. Tampoco podemos dejar de denunciar la violencia política que, en un contexto muy diferentes, es ejercida contra las mujeres que militan social y políticamente en la actualidad.

En este contexto, señalamos que la estrategia del gobierno para desarticular y estigmatizar las organizaciones solidarias que sostienen ollas populares y merenderos tiene no solo un sesgo de clase sino también de género. El ataque a las redes solidarias es también un ataque a las mujeres organizadas de nuestro país que son en su mayoría quienes sostienen con su fuerza y militancia las ollas y merenderos que permiten que miles de compatriotas no pasen hambre. El mismo Estado que penaliza, estigmatiza y ataca a las luchadoras sociales, se muestra indiferente o débil en tareas esenciales vinculadas a la actuación frente a denuncias, la elaboración y difusión de campañas públicas, y también al momento de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres.

Finalmente, volvemos a denunciar que, por diversas razones que hemos venido exponiendo y que seguiremos difundiendo durante este mes de marzo, las más afectadas por el proyecto de reforma previsional que el gobierno pretende imponer son también las mujeres que recurren al sistema de protección social.

En este mes de las mujeres reivindicamos un feminismo de clase y popular que revolucione el orden hegemónico vigente para construir un sociedad con justicia social y libertad real, cuyo centro sea la dignidad humana.

3. LA SEQUÍA Y EL DESAMPARO DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

Hace cuatro meses que el gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria. Desde ese entonces las políticas llevadas a cabo para paliar los efectos de la sequía han sido insuficientes, dejando desprotegidos a muchos pequeños y medianos productores rurales. Una demostración más de que es un gobierno que favorece a los sectores concentrados, en este caso dentro del ámbito agropecuario. A modo de ejemplo, en la sequía del año 2009 el gobierno frenteamplista invirtió en el “Operativo Ración” 535 millones de pesos, llegando a abarcar a 10.000 productores aproximadamente; mientras que la actual administración ha invertido 200 millones de pesos abarcando a 4000 productores. Es necesario escuchar las demandas de los productores, como el abastecimiento de semillas para el forraje, prórroga a los pagos y reducción de los intereses de los préstamos e inversiones en fuentes y distribución de agua para estar preparados para los momentos de sequía. Vale recordar que el actual gobierno recortó recursos para el plan del MGAP “más agua para el desarrollo rural” de forma significativa, impidiendo ejecutar los 2574 proyectos aprobados en 2020.

Reafirmamos que el mercado no es la guía para enfrentar la crisis. El Estado tiene un papel importante en la reducción del impacto de la sequía. Por otra parte, además de enfrentar la emergencia es imprescindible que, anticipando futuros eventos, se adopten, por parte de los diferentes actores involucrados, un conjunto amplio de medidas que permitan reducir el impacto del creciente riesgo climático.

Por último, creemos necesario fortalecer las Mesas de Desarrollo Rural departamentales creadas por ley en el primer gobierno del Frente Amplio para el desarrollo de políticas focalizadas en los diferentes territorios del país.

4. EL PROYECTO DE PAÍS Y EL DEBATE PROGRAMÁTICO

El Comité Central del Partido Socialista discutió una serie de borradores sobre temas programáticos, para intercambiar con el conjunto de la estructura del Partido y con organizaciones aliadas, a los efectos de seguir aportando tanto al proceso de elaboración en el que se encuentra embarcado el Frente Amplio como al debate público, apuntando a una discusión política profunda, sin personalizaciones, que atienda los problemas reales del país y de su gente.