El país se encuentra en una encrucijada con graves problemas en materia económica y de seguridad, la inflación es de casi 2 dígitos aumentó la pobreza infantil, hay problemas en el acceso a los medicamentos, la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema para miles de uruguayos y se confirmaron 3 años con pérdida del salario real en un marco de crecimiento del producto, donde una élite se enriquece mientras que la gran mayoría socializa las pérdidas.

En el campo de la seguridad, el gobierno continúa en la modalidad de campaña electoral, si asumir en profundidad la emergencia de los homicidios que viven las y los uruguayos en distintos puntos del país. La conducción política del ministerio perdió credibilidad con metodologías de recolección de información y formas de presentación de datos que ha cuestionado la academia.

El ministro ha negado la gravedad de casos como el de Marset y el de Asteciano, ha interpelado a la justicia y demuestra no estar a la altura del cargo y de los problemas  de la cartera.

Las reformas impulsadas sin contemplar la vocación nacional de construir acuerdos poseen graves problemas y los heredan para el futuro.

En lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social hay elementos que no podemos aceptar, que la reforma la paguen los trabajadores, fundamentalmente los sectores medios y aquellos que se jubilan con menos o no alcanzan a jubilarse.

Se basa en el recorte, se trabaja más y se cobra menos.

La desigualdad en los criterios de convergencia, especialmente en la caja militar, reproduce una de las principales asimetrías del sistema que se intenta salvar.

Las facultades extraordinarias dadas al Poder Ejecutivo permiten cambios por la vía del decreto, lo que deja un peligroso campo a futuros cambios en función de las necesidades coyunturales de los gobiernos de turno.

Se aprobará una reforma que lejos de dar seguridad, abre el espacio para la incertidumbre.

Por último, está reforma se aleja radicalmente de la concepción del estado benefactor heredado del batllismo.

Tiene grandes problemas de sustentabilidad social no atiende las diferencias en la esperanza de vida entre pobres y ricos, tampoco las situaciones de aquellos que se quedan sin trabajo antes de alcanzar la edad jubilatoria.

Habrá personas que no tengan trabajo a edades cercanas a los 60 años, seguramente porque el impacto de las nuevas tecnologías en el marco del trabajo se hará sentir.

Además, aumentan las dificultades para acceder a la jubilación, lo que afectará a los sectores más vulnerables y qué tienen mayor inestabilidad laboral.

La reforma tampoco integra  perspectiva de género y la necesidad de contemplar el sistema de cuidados.

Es necesaria una reforma, pero desde una perspectiva de protección social que no está integrada en la propuesta del gobierno.

Por otro lado, los procesos de reforma educativa en la región y en el mundo son eficaces cuando contemplan dos variables, participación real involucramiento de los sectores y el tiempo para procesar los cambios sobre un mapa de ruta claro.

Las autoridades de la A N E P no priorizaron dichas variables y se expresa en una mala ejecución de la transformación.

El compromiso por el país de la coalición de gobierno aborda el capítulo de educación diciendo qué Uruguay atravesaba una emergencia educativa.

Las emergencias requieren de planes precisos, ejecutados con conocimiento de los principales actores y nada de eso sucedió.

Esta semana se cambiaron las condiciones de los cierres de cursos, se proyectan actividades de formación docente en enero y los tan mencionados programas de competencias, repetidos como una panacea por las autoridades educativas, fueron enviados sin tiempo para qué se discutieran debidamente en las asambleas técnico docentes.

Con la educación y la transformación educativa no puede estar primero el marketing qué las propuestas.

Es la calidad de la educación que está en juego.

La educación uruguaya laica, gratuita y obligatoria sufre hoy un impulso reformista que tiene un sesgo ideológico conservador, con componentes de persecución a la organización docente y estudiantil, profundizando la brecha entre la educación pública y privada e incluyendo transformaciones programáticas que no tienen sustento económico y que dan pasos peligrosos como quitar la referencia a los derechos humanos y al terrorismo de estado en el pasado reciente.

Hay que elevar la mira, la educación y su necesaria transformación no puede ser objeto de disputas políticas.

La transformación educativa tiene que ser una política de estado, con grandes acuerdos nacionales, políticos y sociales .

El gobierno partió de una necesidad común, pero viene realizando una ejecución inconsulta y que demuestra elementos de improvisación, debería corregir el rumbo.

La transparencia fue un eslogan de campaña.

La lucha anticorrupción es un desafío permanente para los sistemas democráticos .

La coalición de gobierno hizo de la transparencia una bandera de campaña y asumió diferentes compromisos programáticos.

La realidad demostró falta de acciones contundentes del ejecutivo ante el drama Marset y el caso Asteciano.                          

Es todo señor presidente gracias.