Días pasados UPM y autoridades del gobierno actual y el anterior, inauguraron una terminal portuaria que carece de toda conexión con el territorio, a la que hoy no llega ninguna carretera ni vía férrea y que además no ha finalizado su proceso de autorización ambiental. La comunicación fue realizada por el propio Ministro de Ambiente en el acto de inauguración.
La empresa UPM está en su derecho de inaugurar lo que le plazca, aún cuando como en este caso pasarán al menos seis meses antes de que la terminal reciba las primeras partidas de celulosa desde UPM2. Lo que no corresponde es que el gobierno participe de esa inauguración, cuando no se han completado los trámites para su habilitación. Esto sienta un peligroso precedente que no tiene justificación.
Si como dijo el Ministro de Ambiente la autorización está “casi” pronta, correspondía esperar a que esta se completara antes de participar en la inauguración. Quien está apurada es UPM, seguramente por el hecho de que el directorio de la empresa debe presentar a sus accionistas el próximo 25 de octubre su informe trimestral.
Respecto a la terminal inaugurada, conviene recordar que la misma se apoya en el denominado Muelle “D”, construido por la Administración Nacional de Puertos (ANP) sin licitación con un costo declarado de noventa y un millones de dólares, un valor más de cincuenta por ciento superior al presupuestado inicialmente.
Ese muelle, cuya construcción se ordenó mientras se realizaban las negociaciones que terminaron con el “indecoroso contrato” (palabras del Ministro Luis Alberto Heber) firmado con UPM a fines de 2017, se inauguró en 2019. En el acto de inauguración el Director de la ANP declaró: [que ese muelle] “no forma parte del proyecto UPM 2 y no debemos vincular este muelle con los que tendrá la empresa finlandesa.” (1)
Finalmente, cabe destacar que los costos de los estudios ambientales previos y la tramitación de los permisos de esta terminal corrieron por cuenta y cargo de la propia ANP hasta el logro de la autorización ambiental previa que otorgó el entonces Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por la resolución 666/19 fechada el 10 de mayo de 2019.
Más allá de la inconveniencia manifiesta para el Uruguay del “negocio” con UPM, hechos como esta inauguración afectan la tan valorada “seguridad jurídica” del Uruguay al demostrar que la regulación ambiental puede ser dejada de lado a favor de los intereses de una empresa cuando esta tiene el poder suficiente.
(1) Un resumen gráfico de las construcciones de los muelles y la terminal está disponible en: HYPERLINK “https://movusuruguay.blogspot.com/2022/10/el-puerto-de-upm.html”
https://movusuruguay.blogspot.com/2022/10/el-puerto-de-upm.html
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
10 de octubre de 2022.
(*) foto Presidencia de la Repùblica