Desde 1990 el 28 de Setiembre fue definido, en el V Encuentro Feminista de América Latina y El Caribe, como Día Por la Despenalización del Aborto. Un día de acción que hoy es internacional y que moviliza, a lo largo y ancho del mundo, a una marea verde que reivindica y reclama el derecho al aborto seguro, libre, legal y gratuito.
En Uruguay se cumplen 10 años de la promulgación de la ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la puesta en marcha de los servicios legales de aborto en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Cuando en 2012 logramos este avance, nos pusimos a la vanguardia en la región dado que salvo Cuba, Guyana y Puerto Rico, el resto de los países no habían modificado sus leyes para atender la práctica insegura del aborto. Sólo en 2006 se consiguió en Ciudad de México y aún hoy las distintas entidades estatales de ese país siguen bregando por ello. 
En ese momento histórico dimos una señal de esperanza indicando que se podía cambiar y asegurar las condiciones para la libertad de decisión y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. El principal objetivo era evitar las consecuencias intolerables de la morbilidad y mortalidad de mujeres por esta causa. Fuimos de los primeros en reconocer los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y de esta forma el Estado uruguayo asumió la responsabilidad de garantizar las condiciones para su ejercicio, sin discriminaciones.
En esta década, aproximadamente 10.000 abortos legales se han producido por año en el sistema de salud lo que significa una enorme diferencia para quienes debieron transitar por esta práctica. No es lo mismo resolver un requerimiento de salud con información adecuada, supervisión profesional, atención protocolizada y con la seguridad de que ante una complicación habrá el debido cuidado, que hacerlo con miedo, con riesgos, en soledad y sin atención sanitaria. Sin lugar a dudas.
Por eso seguimos exigiendo que los servicios de aborto estén asegurados para quienes lo requieran y se inscriban en la atención integral de la salud sexual y reproductiva, con cobertura universal y de calidad. Para ello deben ser priorizados, se deben asignar recursos para su adecuado funcionamiento, fiscalizar el cumplimiento de protocolos y guías clínicas desde el Ministerio de Salud para que las instituciones y equipos profesionales los implementen adecuadamente, de la misma manera que deben asegurarse los insumos y  fortalecer un sistema de información que permita identificar los vacíos y problemas que deberían subsanarse.
Porque los problemas y vacíos existen, los hemos detectado en esta década de implementación y aún no han sido subsanados. 
Hay problemas a varios niveles. Estos servicios no se difunden ampliamente, gran parte de la población aún no conoce las condiciones y limitaciones que pone la ley para acceder a los abortos legales, no se combate el estigma y la discriminación que siguen existiendo hacia quienes deciden abortar como hacia los equipos profesionales que brindan la atención. Hay localidades y hospitales públicos con 100 % de profesionales de la ginecología que rechazan brindar el servicio por sus creencias personales (Hospitales de Colonia de Sacramento, Mercedes y Melo). Poco se hizo para revertir esta situación, pero además desde ASSE en esta Administración de Gobierno, se han designado profesionales “objetores” a cargo de los servicios que reniegan dar. Lejos de avanzar, retrocedimos.
Durante la pandemia el MSP dijo que la salud reproductiva era esencial pero no se tomaron medidas para informar a la población y asegurar su acceso en todo el país. No se recurrió a la telemedicina de manera organizada, no se tuvo en cuenta a las mujeres migrantes que tienen condicionada esta atención si no cumplieron con un año de residencia en el país. No se hizo especial énfasis en la situación de embarazos no planeados en adolescentes. 
En diciembre del 2020 murió una adolescente en un proceso de aborto legal y hasta ahora no hemos tenido respuesta de las autoridades explicando lo que sucedió ni qué medidas se adoptaron para evitar que haya que lamentar otra tragedia como ésta. No estamos pidiendo nombres, estamos exigiendo saber las razones que determinaron su muerte y conocer las medidas adoptadas por MSP y ASSE para fortalecer la prevención y la atención de los embarazos no deseados y las maternidades forzadas en la población adolescente.
Por lo tanto, este 28 de Setiembre si bien tenemos que celebrar que la interrupción del embarazo sea legal en el territorio uruguayo, no podemos quedarnos calladas cuando este derecho no es accesible ni respetado en todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo requieren.
El mundo ya evolucionó y nuestro marco normativo debe superarse para armonizar con la experiencia acumulada en esta década de implementación de la ley y en base a las nuevas evidencias y directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Erradicar el delito del aborto del Código Penal es un pendiente.
Si queremos seguir siendo un país de avanzada en el reconocimiento, respeto y garantización de los derechos humanos de todas las personas,  nos preocupa profundizar la vida en democracia, y la falta de escucha ante nuestros reclamos por parte de las autoridades de gobierno va en sentido contrario.
Por eso en este día volvemos a demandar a todos y todas los y las responsables de los poderes del Estado que:
Garanticen las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminaciones. 
Respeten la autonomía reproductiva y la libertad de decidir de toda persona que se enfrenta a una situación de embarazo no planeado para que no se obligue a nadie a transitar por una maternidad forzada. 
Fortalezcan los mecanismos de difusión de los servicios y de denuncia cuando éstos no están o no cumplen con la calidad y  condiciones que establecen las normas. 
Fiscalicen en todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud el adecuado cumplimiento.
Aseguren que la objeción de conciencia por parte del personal de la ginecología no sea un obstáculo ni barrera para el acceso a una atención de salud definida por la ley. 
Eviten que las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidan interrumpir sus embarazos sean víctimas de discriminación  y violencia.
NO ESTAMOS SOLAS – Somos parte de un amplio campo social que brega por los DDHH y el fortalecimiento de la democracia y es desde aquí que reafirmamos nuestro compromiso de lucha y resistencia.
Hoy hay multiplicidad de organizaciones y grupas en distintos lugares del país y del mundo movilizadas con el mismo cometido. Y el próximo viernes 30 en Montevideo, estaremos juntes en la Marcha por la Diversidad.

Comunicado MYSU (Mujer y Salud en Uruguay)