Desde mediados del año 1955 Uruguay comenzó a transitar un período de crisis económica que generó un creciente descontento popular. Los dos gobiernos del Partido Nacional a partir de 1959 no dieron respuesta a dicha situación. La agravaron.

En las elecciones de 1966 triunfa nuevamente el Partido Colorado y asume el general Oscar Gestido. Al fallecer, sorpresivamente, al cumplir un año de su mandato asume Jorge Pacheco Areco. Con el como gobernante comienza el periodo conocido como Pasado Reciente, periodo caracterizado por la actuación ilegitima del Estado y que habrá de desembocar en el golpe de Estado y el terrorismo estatal a partir del 27 de junio de 1973.

El 13 de junio de 1968 Jorge Pacheco Areco, presidente en ejercicio, implantó las Medidas Prontas de Seguridad y suspendió las garantías individuales para reprimir a los trabajadores bancarios que estaban en conflicto. Además, desconoció los acuerdos salariales que se estaban negociando en los diferentes ámbitos. Comenzó una etapa muy significativa en la vida del país, represiva, orientada en primer lugar hacia el movimiento sindical, tanto de la actividad pública como privada.

Las medidas prontas de seguridad, un instrumento transitorio de excepción, se

mantuvieron vigentes de manera continua durante casi dos años. Al amparo de ellas, el gobierno de Pacheco Areco gobernó de manera discrecional, al servicio de los poderosos de siempre y en perjuicio de los trabajadores y de los sectores populares.

Miles de trabajadores fueron militarizados y detenidos, prohibiendo la actividad

sindical. Se eliminó la libertad de prensa, se clausuraron medios, se llegó a establecer la censura previa. La gravedad de la situación imperante llevó a la creación del Movimiento en Defensa de las libertades donde se destacó el parlamentario del Partido Nacional Héctor Gutiérrez, Férreo opositor a las Medidas Prontas de Seguridad junto con Francisco Rodríguez Camusso y Zelmar Michelini.

La política represiva de la dictadura estuvo al servicio de un proyecto de país que permitió el traspaso de más de 5.000 millones de dólares de los bolsillos de los trabajadores y sectores populares a las cuentas de las elites económicas. A la salida de la dictadura luego de la quiebra de la “tablita” el 40% de los uruguayos vivían en la pobreza. Los trabajadores, los jubilados y pensionistas perdieron el 50% de su poder adquisitivo. Incluso los jubilados y pensionistas perdieron el derecho al aguinaldo, que, al día de hoy sólo siguen percibiendo los militares. NO PERDAMOS LA MEMORIA Y RECORDEMOS NUESTRO PASADO RECIENTE.

En otro orden Sr. Presidente considero de sumo interés difundir a nuestra población la finalidad de la línea 911 al servicio de la comunidad por medio de nuestra Junta Departamental y su cuerpo Legislativo. Adjunto nota ampliada para su tratada por la comisión de DDHH Equidad y Género.