Desde hace casi dos años funciona en nuestro Departamento una Fundación denominada “Tiempo es Cerebro” que tiene como fin mejorar la infraestructura de Salud Pública en Soriano. Esta iniciativa ya tiene repercusiones a nivel nacional y son, las donaciones de particulares, una fuente importante de recursos para su implementación del programa.
Es en este sentido que la diputada Fajardo presentó una iniciativa legislativa para que desde el Poder Ejecutivo se habiliten tales donaciones dentro del marco legal.
Los beneficios fiscales, en su mayoría, que se conceden a las donaciones denominadas como especiales, se encuentran regulados por el Capítulo XIII del Título 4 del T.O. (Texto Ordenado) 1996 y los Artículos 67º a 70º del Decreto No. 150/007.
En este marco, las empresas pueden realizar distintos tipos de donaciones a diferentes entidades y, para que una donación realizada por un contribuyente de IRAE e IP sea considerada especial y por ende pasible de beneficios tributarios especiales, debe cumplir con una serie de condiciones y la institución beneficiaria de la donación debe estar incluida, a texto expreso, en la norma.
Es por lo antes expuesto que la Diputada Fajardo presentó un Proyecto de Resolución con destino al Poder Ejecutivo, mediante el cual se habilita la Fundación Tiempo es Cerebro a recibir donaciones y otorgar los beneficios fiscales respectivos que correspondan según la normativa.
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COMISIONADO PARLAMENTARIO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO
La diputada María Fajardo mantuvo días pasados, en el Palacio Legislativo, una reunión de trabajo con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit.
Durante el encuentro se abordaron temas relativos a la realidad del sistema carcelario nacional, derechos humanos, proyecciones y asuntos específicos que atañen a Soriano.
Recordamos que el Comisionado Parlamentario fue creado por ley 17.684, de 29/VIII/2003, con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa supranacional, constitucional, legal y reglamentaria, referida a la situación de las personas privadas de libertad por decisión judicial.
También compete al Comisionado Parlamentario la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado.
