El acuerdo fue suscripto en la tarde de este martes 29 en la sede de la Dirección Nacional de Vivienda por el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. También participaron de la firma la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el presidente del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), Juan Pablo Delgado.

Asistieron, además, el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, y el director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta. El acuerdo permitirá continuar el proyecto que genera soluciones habitacionales para mujeres en proceso de superación de situaciones de violencia basada en género.

Moreira recordó que este trabajo comenzó a implementarse mediante un proyecto piloto en los departamentos de Salto, Canelones y Montevideo. Agregó que en febrero de 2021 Mevir firmó un acuerdo con Inmujeres para fortalecer la respuesta a esta población.

“No se trata de otorgar subsidios en el alquiler, que se venían dando, sino involucrar a todos los programas del ministerio para aportar soluciones”, explicó.

Lema, en tanto, valoró la presencia del Estado para ofrecer respuestas “y no dándolas en soledad, con acciones aisladas”. “Hay un diálogo y un esquema (interinstitucional) en donde las acciones interactúan para la atención en forma integral, como se necesita en estos casos”, complementó.

La directora de Inmujeres manifestó que el convenio forma parte de las acciones del Consejo Consultivo en Violencia de Género, en el que, además de Vivienda y Mides, participan los ministerios de Educación, Trabajo, Salud e Interior, en favor de un abordaje integral.

Bottero añadió que Inmujeres trabaja en procura de llegar al interior, porque es donde se registra la mayoría de los casos más graves, incluso femicidios, según evidenció la Segunda Encuesta de Prevalencia en Violencia. El instituto también capacita y realiza jornadas de sensibilización sobre el tema para funcionarios de Mevir.

El presidente de ese programa consideró que el convenio amplía la política social en materia de vivienda en el ámbito rural. El 60% de las personas que trabajan en las obras de Mevir son mujeres, por lo que, en aquellos casos de violencia física, psicológica y económica, la obtención de un lugar propio “es un paso” en el camino de su independencia, indicó, finalmente, Delgado.