Luego de los incendios forestales registrados durante el verano, que afectaron miles de hectáreas, las autoridades se propusieron una hoja de ruta que incluye ajustes en las consideraciones del estudio de impacto ambiental, y un refuerzo en el seguimiento y control de los emprendimientos forestales. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, se refirió a esta reglamentación como un “reordenamiento de criterios técnicos”, con un carácter más “restrictivo”, que se aplicarán también a las ampliaciones de proyectos forestales.
La metodología incluye el análisis de los potenciales impactos generados por la interacción de los aspectos ambientales inherentes a la actividad forestal con el medio receptor.
Para clasificar un proyecto forestal, el documento propone valorar los potenciales impactos ambientales derivados de la presencia física de la plantación individual como del conjunto de las plantaciones presentes, en su interacción con el medio físico, biótico y antrópico.
Esta valoración se realiza teniendo en cuenta específicamente los siguientes elementos y características del medio receptor en el área afectada a la forestación: la aptitud natural de los suelos ocupados; los ecosistemas naturales presentes; la cobertura forestal de la cuenca y su incidencia en el patrón de escurrimiento; y, el patrimonio histórico y cultural incluyendo los valores paisajísticos.
El Ministro Peña explicó que la resolución “baja a tierra” los aspectos contenidos en el Decreto 405/021 que se firmó en diciembre de 2020. En ese mismo Decreto se establecía también la creación de un Registro para las plantaciones forestales entre 40 y 100 hectáreas, que ya se encuentra activo.
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