Daniel Pérez, Director Nacional de Empleo se refirió a las modificaciones implementadas a la ley donde se aumenta el subsidio que perciben las empresas que contratan personal con discapacidad. Un tema que todavía requiere mucho trabajo ya que en las empresas “muchas veces hay como una imagen de que es difícil el tema de la discapacidad”. Al dialogar con @gesor Daniel Pérez reconoció que las empresas del sector público también incumplen con la cuota de ingreso de personas con discapacidad, al momento de contratar personal, por lo que se requiere un trabajo de sensibilización y concientización en este tema.
¿Qué estrategias de inserción laboral que se están buscando para personas con discapacidad? Porque por más que hay una cuota de ingreso, les sigue siendo difícil acceder al mercado laboral.
-“Lo que planteamos en esta nueva Ley de empleo tiene que ver tiene que ver con un subsidio que es mucho más alto. La ley de cuota establecía que las empresas con más de 25 empleados se le subsidiaba el 75% del aporte patronal durante un año. Nosotros hicimos un sistema que no es de cuota, o sea una empresa que tiene un empleado puede contratar a una persona con discapacidad y acceder al subsidio, que va entre $ 7.000 y $ 9.000 por mes. Lo cual es notoriamente más alto.
Con la ley anterior, que sigue vigente, una persona que tiene un salario nominal de $ 30.000 la empresa recibía un subsidio de $ 1.500 por mes. Nosotros estamos hablando de entre $ 7.000 y $ 9.000 por mes. Además lo que queremos trabajar mucho con la sociedad civil, es sobre todo que nos ayude a sensibilizar a las empresas porque muchas veces hay como una imagen de que es difícil el tema de la discapacidad, y en realidad es un beneficio para las empresas poder incorporar personas con discapacidad. Es un beneficio en términos de productividad, porque en muchos casos son más productivos que las personas que no tienen discapacidad, y es un beneficio en términos del clima laboral. Mejora notoriamente el clima laboral la incorporación de personas con discapacidad. Además que es un derecho de las personas, además que es una obligación como sociedad de brindarle la oportunidad laboral, además esto genera beneficios para las empresas. Beneficios en términos de productividad, y de clima laboral”.
Habitualmente se piensa en este tema en el sector privado, que las empresas incumplen con esta normativa. Pero el sector público también lo está incumpliendo.
-“Sí”.
-¿Cómo hacer para romper esa barrera, porque a veces no depende de la intención sino del mando medio o de quien decide la contratación de personal?
-“En realidad no es un área nuestra sino de Servicio Civil que es quien controla todo el sector público. En eso están tratando mucho en poder controlar lo que tiene que ver con la incorporación de personas con discapacidad. Ahí hay un bache o algo para mejorar, ya que servicio Civil tiene competencia en lo que es la administración central y los Ministerios, pero no tiene competencia sobre los gobiernos departamentales. Por tanto hay que trabajar más en acuerdos con el Congreso de Intendentes para que las intendencias asuman esto como un desafío y como una responsabilidad hacia los ciudadanos que viven en los gobiernos departamentales, porque ahí si no hay un poder de control.
Es un desafío muy grande que tenemos, donde sin dudas el Estado claramente tendría por dar el ejemplo”.