Como parte de las conclusiones a las que arribó el equipo de economistas del ICUDU, se menciona un aspecto “auspicioso” del discurso del mandatario cuando se refirió al crecimiento reciente del empleo. Sin embargo, “es preciso una mirada más atenta de los mismos para dar cuenta de las fragilidades que el mismo presenta y la necesidad de reforzar las políticas en este plano”.

En su análisis, el ICUDU hizo referencia a las omisiones del presidente Lacalle Pou. En este sentido, considera que “la falta de mención a la trayectoria que han tenido los ingresos salariales y las pasividades durante la actual gestión de gobierno, así como la incertidumbre y falta de claridad acerca del compromiso de recuperación, es una omisión central que hace a este relato. La pérdida de bienestar que tuvieron trabajadores y pasivos durante los dos últimos años es irrecuperable y por ende, el retorno a los niveles de poder de compra previos a la caída no debería postergarse ni soslayarse en ningún balance gubernamental”.

Empero, subraya que el déficit fiscal por el contrario, “ha sido un dato central en el relato del gobierno”, no obstante, considera que una vez más “es preciso una mirada detenida del mismo para entender cuánto tenemos para festejar al respecto las grandes mayorías. En este plano, hay que evaluar por un lado, cuál es el beneficio de una mejora en las cuentas públicas sostenido en un fuerte ajuste fiscal, que afecta fundamentalmente al ingreso real de los trabajadores estatales así como de jubilados y pensionistas, y a la inversión pública. Empero, cuando el mismo significó un sobre cumplimiento de metas y una postergación de compromisos electorales como la reducción de impuestos y tarifas”.

En otro punto, el ICUDU se detiene en los anuncios del mandatario sobre las modificaciones al IRPF y al IASS. En este plano, sostiene que por la vía administrativa del ajuste de las BPC, “ambos impuestos se incrementaron en términos reales en enero de 2021 y enero de 2022”. Asimismo, el documento explica que se debe considerar que menos del 30% de los jubilados pagan IASS y menos del 40% de los activos pagan IRPF “por lo que esta medida no favorecería ni al 70% de jubilados ni al 60% de trabajadores de menores ingresos. Además, por simpática que parezca esta propuesta, es imposible olvidar que se da en el marco de una caída generalizada de ingresos reales de asalariados y pensionistas, y de incremento en la presión tributaria de los hogares”.

Texto completo ICUDU

¿Cómo nos fue a los trabajadores uruguayos en estos dos años de gobierno?

Primeras notas sobre la presentación realizada por el Presidente ante el Parlamento a dos años de su asunción

Dos años y un día después de haber asumido la Presidencia de la República, el miércoles 2 de marzo, Luis Lacalle Pou realizó una presentación ante el Parlamento, rindiendo cuentas sobre el último año de gestión. Como sucedió el año pasado, la presentación abarcó distintas dimensiones que hacen a la vida del país, con el objetivo de dar cuenta del accionar de la política estatal en cada una de ellos. Así, se presentaron múltiples datos e información variada sobre distintos temas mientras que otros –al igual que sucedió hace unas semanas en la conferencia de prensa brindada por la ministra Arbeleche- fueron dejados de lado.

En los párrafos que siguen se hace referencia a tres aspectos fundamentales en lo que hace a la calidad de vida y bienestar de la población uruguaya, compuesta mayormente por quienes viven de los ingresos generados por el trabajo, y que no fueron de destaque en la presentación. Estos son: el empleo, los ingresos por el trabajo y la evolución de los precios al consumo. Sobre el empleo, el énfasis estuvo puesto en algunos indicadores cuya trayectoria reciente fue más favorable pero no se ahondó en las bases que lo explican o en la sostenibilidad de las mismas. En el caso de los ingresos laborales, pese a que explican el mayor porcentaje de ingreso de los hogares, nuevamente fueron dejados de lado en la presentación y no se mencionó ni su evolución reciente ni se aludió de manera clara al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno atenientes a su recuperación. Finalmente, tampoco se hizo mención al otro aspecto que hace al poder de compra de las familias, como es la evolución de los precios al consumo, arista en la que el gobierno no ha logrado cumplir con el compromiso de rebaja del “costo de vida de los uruguayos” que había asumido.

También se presenta a continuación información relativa a la evolución del déficit fiscal y al ‘sobrecumplimiento’ de metas al respecto. No porque este haya sido un tema ajeno a las referencias presidenciales sino porque creemos que el mismo amerita más de una lectura, y es preciso conocer todas las aristas, antes de realizar una evaluación al respecto.

Empleo

El empleo es naturalmente una de las principales preocupaciones recurrentes de la población uruguaya en la medida en que la mayoría de las personas viven de los ingresos provenientes del trabajo. Durante el año 2020 la actividad económica se retrajo casi 6% y se perdieron en promedio unos 60.000 puestos trabajo. Muchos ocupados además, sin haber perdido su empleo, estuvieron largos períodos en el seguro de desempleo, percibiendo ingresos menores a los corrientes; otros vieron reducidas la cantidad de horas trabajadas; y la gran mayoría se enfrentó a una caída en el poder de compra de sus ingresos.

Es así que la recuperación del empleo se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de los uruguayos en los últimos tiempos, por encima de los temas sanitarios, incluso en momentos en que los efectos de la pandemia se recrudecían en nuestro país y desafiaban los límites de la capacidad de respuesta en materia sanitaria.

En este sentido, el Presidente no dejó de mencionar la evolución reciente del empleo así como los últimos datos en relación a la tasa de desocupación. Si bien en términos globales y a primera vista, la recuperación del empleo parece ser uno de los datos más alentadores para la población, es importante detenerse en algunas dimensiones de esta recuperación previo a su evaluación.

Cabe destacar que de los 48.500 puestos de trabajo recuperados en promedio en 2021, más de una tercera parte se explica por el programa de “jornales solidarios”, el que dio cuenta de unos 15.000 puestos de trabajo en 2021. Si bien se trata de acciones positivas en lo que tiene que ver con la generación de empleo, es imposible dejar de reparar en la precariedad intrínseca de estos puestos de trabajo. En primer término, porque son por definición empleos temporales, cuya finalización –a menos que se otorguen nuevas prórrogas- está pautada para fines de marzo. Además, en lo que atañe a las condiciones de trabajo, inicialmente estaban pensados para hasta un máximo de 12 jornales al mes y actualmente están pautados por hasta 6, con un ingreso de unos 1.000 pesos por jornal. De esta manera, no solamente presentan problemas de insuficiencia horaria o subempleo sino que también son insuficientes en materia de ingresos.

Por lo tanto, luego del fuerte golpe sufrido por el mercado laboral en 2020, en los últimos meses del año pasado se registró una auspiciosa recuperación. Sin embargo, más allá de discursos exitistas, es evidente la todavía frágil y precaria situación del mercado laboral así como la necesidad de pensar en políticas de más largo aliento que den respuestas sostenibles a la falta de empleo y a la necesidad de mejorar la calidad del mismo.

Salarios

En lo que respecta a los ingresos salariales, el Presidente omitió mencionar que en los dos años que van de gobierno el poder de compra de los salarios cayó en forma generalizada, alcanzando en promedio una disminución de 3,1% acumulada. De esta manera, el salario no solamente disminuyó su poder de compra en el año 2020 sino que también volvió a caer en 2021, en el marco de una economía en crecimiento.

Acerca de la evolución futura del salario, el Presidente afirmó que en 2022 se estaría iniciando el proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario. Sobre esto, cabe hacer, al menos, dos precisiones fundamentales.

En primer lugar, señalar que si bien los ajustes salariales generales acordados para este año, tanto en el sector privado como en el público, incorporan un porcentaje por concepto de recuperación, como la inflación vigente -y también la proyectada por los expertos- se ubica muy por encima de la estimada por el gobierno (que es la que se incorpora en los ajustes salariales), es altamente improbable que la recuperación se vaya a iniciar efectivamente durante este año. En concreto, si la inflación, se sigue ubicando por encima del 7% como ha sucedido en prácticamente todo el período de la actual administración, la mayoría de los trabajadores privados y públicos no tendrá crecimiento de salario real este año; y el inicio de la recuperación quedará postergado para 2023.

En segundo lugar, aun si se cumpliera el compromiso gubernamental de que al final del quinquenio se vuelva al nivel de salario real vigente al inicio del período de gobierno, los trabajadores a lo largo de todo el proceso habrán tenido una pérdida de bienestar que no se recupera. Por lo tanto, posponer la recuperación en un escenario de crecimiento de la economía, implica además, incrementar la pérdida en la medida en que se prolonga el período en que los ingresos se ubican por debajo de su nivel de comienzos de 2020. Además, si se cumplen las proyecciones de crecimiento económico del propio gobierno, en estos 5 años habremos asistido a un proceso de concentración del ingreso en la medida en que reducirá la participación de la masa salarial (esto es, de los trabajadores) en el ingreso nacional. Este proceso de fuerte concentración ya se aprecia, por ejemplo, en el crecimiento récord de los recursos acumulados en las cuentas bancarias de mayor magnitud, tanto en el sistema bancario local como en los depósitos de uruguayos en el exterior.

Finalmente, cabe mencionar que la mayoría de las resoluciones adoptadas en la 9ª Ronda de Consejos de Salarios, fueron tomadas por acuerdo entre las partes sociales. Indudablemente esto es algo a celebrar dado que demuestra la vigencia de la negociación colectiva por rama de actividad como mecanismo para dirimir cuestiones laborales y salariales. No obstante, es preciso señalar que en la mayoría de las resoluciones con acuerdo entre las partes, el Poder Ejecutivo no acompañó dichas resoluciones en la medida en que no estaban en sintonía con los lineamientos presentados y por ende, con la política salarial del gobierno.

Además, en 33 mesas de negociación en que no se pudo llegar a acuerdo de las partes sociales y se resolvió por votación dividida, en 29 de ellas se fue con el voto conjunto de la delegación empresarial y el gobierno, mientras que en solamente 4 mesas la resolución se tomó con el voto favorable de la delegación trabajadora junto al Poder Ejecutivo. Esto claramente refleja que las pautas salariales impulsadas fueron, en la abrumadora mayoría de los casos, consideradas más beneficiosas por los empresarios que por los trabajadores.

Una vez más entonces, el gobierno deja de lado en la presentación de sus resultados, una variable fundamental en la vida de las personas como es el salario. La caída del salario ha impactado fuertemente en los ingresos de los hogares, los que han visto disminuido su poder de compra en los últimos dos años, tanto de manera directa como a partir de su impacto sobre las pasividades, las que también se han visto reducidas en términos reales.

Déficit Fiscal

En lo que refiere a las cuentas públicas, en el discurso del Presidente se puso fuerte énfasis en la reducción del déficit fiscal. Esto, a pesar de que durante el primer año de gestión, la emergencia sanitaria, económica y social en que ingresó el país puso en cuestión –a nivel internacional- la relevancia de estos indicadores ante la necesidad de destinar la mayor cantidad de recursos posibles para atender las demandas sociales y evitar aumentos importantes en los niveles de pobreza, como el que registró nuestro país.

Sin embargo, el resultado fiscal de 2021, con un déficit de 4,2% en términos del PIB, implicó un nuevo sobre cumplimiento de las metas del gobierno, de aproximadamente 350 millones de dólares. Además de la obviedad de que se eligió no destinar dichos recursos a la atención de los nuevos problemas sociales y productivos que dejó la pandemia o al cumplimiento de algunos compromisos electorales (como reducir impuestos, tarifas y alivianar la presión tributaria sobre los hogares), interesa destacar la composición de dicho ahorro y el ajuste fiscal necesario para realizarlo.

Durante el año 2021, se produjo una reducción de los gastos del Estado, cuya principal fuente fue la disminución de los recursos destinados a las remuneraciones de los funcionarios públicos, quienes perdieron poder de compra y cuya caída de salario real implicó un ahorro para el Estado del orden de 200 millones de dólares. También se redujo en términos reales el poder de compra de jubilaciones y pensiones, incluso las más deprimidas, lo que contribuyó a menores erogaciones por parte del Estado hacia estos rubros.

Por otra parte, el ahorro también se explica por el recorte verificado en las partidas destinadas a rubros sensibles desde el punto de vista social, como son la Educación y la Vivienda. Respecto a la inversión en Vivienda, es preciso señalar que es uno de los rubros presupuestales más afectados en estos dos años. Según los datos de OPP el crédito presupuestal para 2021 fue inferior en términos nominales que en 2019 (11.279 versus 11.581 millones de pesos), lo que representa una disminución de aproximadamente 17% en términos reales.

Por lo tanto, alcanzar las metas fiscales propuestas por el gobierno y su sobre cumplimiento, fue realizado a costa de los ahorros realizados en el gasto del Estado, que lejos de atacar el llamado “despilfarro” se basaron en recortes en los salarios públicos reales, el poder de compra de jubilaciones y pensiones, y las inversiones del Estado. A su vez, además de dejar de lado una mayor contención hacia quienes más se han visto afectados por la crisis, la priorización del ahorro por sobre otras metas implicó obviar algunos compromisos electorales realizados e incluso caminar en el sentido contrario. En la referencia a que las metas fiscales se lograron “sin meterle la mano en el bolsillo a la gente”, el Presidente omitió el aumento en el IVA que se verificó para quienes realizan sus pagos con tarjetas de débito, el impuesto COVID a los funcionarios públicos y el aumento en el pago de IRPF y IASS que implicó el cambio de criterio en el ajuste de las franjas.

Datos y relatos

En síntesis, los datos presentados por el Presidente ante el Parlamento, dan cuenta de un relato de crecimiento económico y recuperación post crisis que no es claro, ni está asegurado, cómo derramará hacia las grandes mayorías. El crecimiento reciente del empleo es sin duda, uno de los datos más auspiciosos en lo que hacen al bienestar de los hogares. Sin embargo, es pertinente una mirada más atenta de los mismos para dar cuenta de las fragilidades que el mismo presenta y la necesidad de reforzar las políticas en este plano.

La falta de mención a la trayectoria que han tenido los ingresos salariales y las pasividades durante la actual gestión de gobierno así como la incertidumbre y falta de claridad acerca del compromiso de recuperación, es una omisión central que hace a este relato. La pérdida de bienestar que tuvieron trabajadores y pasivos durante los dos últimos años es irrecuperable y por ende, el retorno a los niveles de poder de compra previos a la caída no debería postergarse ni soslayarse en ningún balance gubernamental.

El déficit fiscal por el contrario, ha sido un dato central en el relato del gobierno. No obstante, de nuevo es necesaria una mirada detenida del mismo para entender cuánto tenemos para festejar al respecto las grandes mayorías. En este plano, hay que evaluar por un lado, cuál es el beneficio de una mejora en las cuentas públicas sostenido en un fuerte ajuste fiscal, que afecta fundamentalmente al ingreso real de los trabajadores estatales así como de jubilados y pensionistas, y a la inversión pública. Empero, cuando el mismo significó un ‘sobrecumplimiento’ de metas y una postergación de compromisos electorales como la reducción de impuestos y tarifas.

Finalmente, sobre las anunciadas modificaciones al IRPF y al IASS, más allá de que a la postre requerirán un análisis más pormenorizado, cabe mencionar al menos dos cuestiones. En primer lugar, hay que señalar que por la vía administrativa del ajuste de las BPC, ambos impuestos se incrementaron en términos reales en enero de 2021 y enero de 2022. En segundo lugar, debemos considerar que menos del 30% de los jubilados pagan IASS y menos del 40% de los activos pagan IRPF por lo que esta medida no favorecería ni al 70% de jubilados ni al 60% de trabajadores de menores ingresos. Además, por simpática que parezca esta propuesta, es imposible olvidar que se da en el marco de una caída generalizada de ingresos reales de asalariados y pensionistas, y de incremento en la presión tributaria de los hogares.