El 1º de noviembre se cunoplieron cuatro años de la puesta en funcionamiento del Código del Proceso Penal.

Se trata de un sistema más garantista, transparente y eficiente que transformó la administración de Justicia en Uruguay.

A partir de esa fecha, las y los fiscales comenzaron a dirigir las investigaciones penales con el auxilio de la Policía. En el marco de un sistema adversarial, tanto la Fiscalía como las Defensas presentan sus argumentos y las juezas y jueces, como un actor imparcial, resuelven el mismo.

Se trata de un régimen más eficiente: entre febrero y diciembre de 2019 se obtuvieron 1.458 imputaciones a personas promedio por mes, en el 2020 1.545 y en lo que va del 2021 se registraron un promedio mensual de 1.416 personas. Esto supone que en lo que va del 2021 se lograron 34% más imputaciones cada mes que en el momento de mayor productividad del sistema inquisitivo anterior (enero - octubre de 2017).

El número de personas privadas de libertad alcanzó las 13.956 y más del 80% de los privados de libertad cuenten con una condena. Antes, el número era el inverso, lo que había ameritado la observación de Uruguay por parte de organismos internacionales debido al elevado número de presos sin sentencia de condena.

Por otra parte, la publicidad del proceso acusatorio hace que toda la población conozca lo que sucede en la Justicia penal, pudiendo ejercer un control democrático y ciudadano de la misma.

La Fiscalía General de la Nación reconoce y agradece el esfuerzo de funcionarias y funcionarios técnicos y administrativos y de todos aquellos actores que formaron parte de este proceso por tan importante transformación para el país.

(*) comunicado de la Fiscalía General de la Nación.