Sr. Presidente, Sras. y Sres. Ediles, hoy quiero hacer unos comentarios sobre lo sucedido en el Congreso Nacional de Ediles en la ciudad de Paysandú. En primer lugar, solidarizarme con la compañera edil Tatiana Loitey (y su familia), reiterar el rechazo a la situación vivida, la cual consideramos de gravedad. Postura que le manifestamos personalmente al edil que generó la misma, pero creo que aparte dejó nuevamente a la luz, la crisis de representación en la función pública. A los involucrados se les ha exigido responsabilidad y madurez (cosa que está perfecto), pero me pregunto qué pasa con la que debemos tener de nuestro lado. En Soriano seguimos asistiendo a situaciones en la que los representantes políticos especulan y no toman posición en hechos graves como los de este tipo. Sobre el caso en cuestión, lo sucedido fue confirmado por el edil
agraviante (o sea que fue aceptado), y eso ya es argumento o prueba suficiente, para poder tomar una resolución política. No estoy pidiendo que todos estemos en consonancia con las opiniones, pero sí que se dé la cara. No podemos ser dubitativos, especuladores y/o esperar a ver para donde sopla el viento. En esta línea quiero hacer un paréntesis y reconocer la actitud de la bancada de ediles del Partido Nacional, que
hizo las citaciones correspondientes, para tratar de obtener de primera mano los acontecimientos, y por mayoría determinamos rápidamente, la solicitud de renuncia al cargo del edil involucrado. Por otro lado (y con todo respeto), me hubiese gustado que la Comisión Departamental Nacionalista hubiese emitido otro tipo de comunicado, que tuviera contundencia y repudiara el hecho obviamente. Esto no se trata de Amistad (ni
tampoco personal), se trata de pronunciarse políticamente sobre un hecho grave y confirmado por el mismo autor reitero. Tampoco puedo excluir a aquellas situaciones que hemos tratado en este recinto, sobre los cuales hay bancadas que antes de emitir una postura, consultan a ver que resuelven las otras. Esto último también demuestra falta de responsabilidad, no tener personalidad política y una dudosa representatividad.
Cuando todos los partidos políticos promulgaran una ley que prohíba acceder o permanecer en la función pública, para todas aquellas personas que poseen antecedentes penales?. Por último, quiero decir que no se puede anteponer el costo político a la injusticia, a los hechos graves y al fin de cuentas a la gente. 
Si fuera tan amable, solicito que mis palabras sean enviadas el Directorio del Partido Nacional, al Presidente del Congreso Nacional de Ediles, a la Comisión Departamental del Partido Nacional de Montevideo, y a la Sra. Vice Presidente de la República.