En la presentación del proceso del Plan Nacional de Educación en Cárceles, las autoridades informaron que, de casi 14.000 personas privadas de libertad, 4.000 estudian y 100 cursan formación terciaria. El ministro Pablo da Silveira enfatizó que el objetivo es brindar oportunidades para la reinserción social y bajar la reincidencia. El titular de Interior, Luis A. Heber, indicó que aumentar la tasa de educación es la clave.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó el proceso de trabajo interinstitucional del Plan Nacional de Educación en Cárceles, junto con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio del Interior (MI), de acuerdo con lo dispuesto en la ley n.° 19.924.

Al evento, realizado este martes 19 en la Torre Ejecutiva, asistieron la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el subsecretario de esa cartera, Guillermo Maciel; el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, y el director de Educación del MEC, Gonzalo Baroni.

Según datos relevados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el 23,5% de las personas privadas de libertad no finalizó la educación primaria, el 25% la completó, el 30% cursó ciclo básico sin completarlo, menos del 2% finalizó el bachillerato y el 1,3% cursó o finalizó la educación terciaria.

Respecto de la autopercepción sobre el desempeño de competencias básicas, el 6% de la población penitenciaria manifestó no saber leer y el 12,3%, que lo hace con dificultad; el 11% dijo no saber escribir y el 13,5%, no saber calcular o hacerlo con dificultad. Actualmente, existen 2.445 cupos educativos formales y 1.186 no formales en el conjunto de las unidades del INR, para una población penitenciaria de 13.926 personas.

Da Silveira destacó la iniciativa de creación de este plan por el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit. El secretario de Estado subrayó que sin educación es menor la posibilidad de reinserción.

Heber detalló que 4.000 internos cursan educación formal y no formal y solo 100 lo hacen en el ámbito terciario. “Ojalá podamos implementar una solución a mediano y largo plazo, porque la seguridad es un problema país. El plan va en ese camino, porque es la gran herramienta”, remarcó.

Silva, por su parte, señaló que esta iniciativa significa una proyección a futuro en el marco de una necesaria coordinación para la atención de personas privadas de libertad. “No hay mejor arma contra la inseguridad de un país que la educación; por eso, reafirmamos el compromiso de trabajar fuertemente”, enfatizó.  

Baroni indicó que en contextos de privación de libertad la educación cobra un valor preponderante por su función humanizadora y las oportunidades para el desarrollo de ideas, acciones y actitudes que posibiliten la construcción de proyectos de vida en condiciones de dignidad. Expresó que en 2021 se desarrollaron múltiples coordinaciones con instituciones educativas de los sectores público y privado para visibilizar el plan. “La educación es un eje esencial para la rehabilitación”, subrayó.

Puntualizó que para la implementación del plan se conformó un equipo técnico de trabajo y se sistematizaron antecedentes y experiencias nacionales e internacionales sobre educación en contextos de encierro. Además, se desarrolló el proyecto Tomar la Palabra: Acciones para la Disminución del Analfabetismo en Personas Privadas de Libertad y se diseñó un relevamiento nacional sobre las trayectorias educativo-laborales de este colectivo.

El jerarca explicó que en una próxima etapa se posibilitará un sistema de calificaciones, trazabilidad y monitoreo de las trayectorias educativas, así como la planificación estratégica del plan y el análisis de marcos conceptuales y metodológicos aplicados a prácticas educativas.

A su vez, se generarán insumos teóricos y metodológicos para la formación de educadores formales y no formales, así como del personal penitenciario que realiza intervenciones con personas privadas de libertad. También se desarrollarán experiencias piloto en unidades penitenciarias metropolitanas y del interior a través de acuerdos programáticos interinstitucionales. Finalmente, se implementarán espacios participativos de consulta con docentes, educadores, personal penitenciario y actores comunitarios.